Después de la asunción el domingo 1° de enero del presidente Luiz Inácio Lula da Silva todo parecía indicar un repliegue de las fuerzas bolsonarista, comenzando por el vaciamiento de los campamentos situados frente al cuartel general del Ejército. A la luz de los acontecimientos de hoy -la toma del Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia- ese fue un cálculo errado sobre la fuerza que conserva el ex jefe de Estado Jair Bolsonaro. El accionar de miles de golpistas (la prensa local los llama “terroristas”) revela que el ex mandatario no está dispuesto a dejar en paz a su sucesor.
Los invasores llevan pancartas que piden: “Intervención Militar” y “Prisión para Lula”. Militares de por medio, pretenden concretar un golpe de Estado contra el presidente constitucional que asumió hace una semana su tercer mandato. Provocaron daños cuantiosos en los predios asaltados, arrasando la sala del plenario del Supremo Tribunal Federal y el despacho presidencial, sin que su accionar pudiera ser contenido por las huestes policiales. Los uniformados intentaron frenar la marcha de los bolsonaristas con gases lacrimógenos, que desde luego no ejercieron ningún impacto. Seguramente pesa en esa ineficacia policial un dato inocultable: muchos de sus miembros de base adhieren personalmente al movimiento de extrema derecha liderado por Bolsonaro.
Prueba de esa connivencia policial fue el aplauso con que los manifestantes recibieron a la Policía Militar, que está bajo el mando del gobierno reelecto de Ibaneis Rocha Barros. Fueron saludados a los gritos de “Patriotas”. Este sábado, el ministro de Justicia del nuevo gobierno, Flávio Dino, había autorizado el uso de la Fuerza Nacional, integrada por policías de diferentes estados brasileños, para reprimir eventuales movimientos de estas características, lo que indica que ya tenían información sobre lo que iría a ocurrir el domingo. Por eso, el propio presidente Lula da Silva optó por pasar el fin de semana en San Pablo. Hoy se encontraba con su mujer Janja en Araraquara, en el oeste paulista.
El presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, habló con el gobernador Ibaneis: “Me dijo que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación. En esa acción están empeñadas la Policía Legislativa del Congreso además de las fuerzas de seguridad de Brasilia”. La continuidad del movimiento golpista, que pretende elevar a la presidencia a Bolsonaro por la vía de un golpe militar, revela la inutilidad de esas “fuerzas” que deberían, según dijo el mismo Pacheco, defender el estado democrático de derecho.
EG