El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional ( TC) restituyó el indulto humanitario concedido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, su antecesor entre 1990 y 2000, debido a su avanzada edad (83 años en la actualidad). Los ecos y resonancia de esta decisión se oyeron en los gobiernos y fuerzas políticas del país y de la región como también en organismos internacionales. Serán escuchados muy especialmente, y con consecuencias muy determinantes, en el Congreso peruano, que en la tarde del lunes inició una sesión que discute una moción sobre la vacancia presidencial. El voto mayoritario de las 130 bancas del Legislativo unicameral peruano decidirá a su vez si el actual presidente Pedro Castillo continúa o no en el cargo.
El hábeas corpus fue interpuesto en 2020 por el abogado militante de Fuerza Popular (FP) Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del encarcelado exmandatario y entonces miembro del Congreso unicameral. Para lograr la restitución del indulto, Alarcón sostuvo – entre otros argumentos- que Fujimori “de 82 años, mal de salud, ya no es peligro para la sociedad” y que es como tener preso en espíritu a los héroes muertos “Túpac Amaru ll, enemigo de España” o “Francisco Bolognesi, enemigo de Chile”.
La restitución del indulto a Fujimori, que habilita su liberación, "representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de DDHH cometidas durante su gobierno", se pronunció un grupo de expertos de la ONU.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) por la muerte de 25 personas en la masacre de Barrios Altos y el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta, además por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992. Se encuentra imputado en el juicio demanda por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú.
La restitución del indulto presidencial a Fujimori que habilita su liberación , “representa un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su Gobierno”, advirtió el martes un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los representantes de la institución experta en la defensa de los derechos humanos emitieron un documento en el que subrayaron que la decisión será “dolorosa” para las víctimas que “han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia”, y recordaron que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.
“A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al Estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias”, aseguraron.
Los firmantes -el abogado argentino Fabián Salvioli, relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball, su homólogo para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, y las cinco personas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas -indicaron que sólo enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos y que éstos no pueden basarse solo en el paso del tiempo, la avanzada edad de la persona o problemas físicos y mentales derivados.
El gobierno que preside Pedro Castillo decidió en principio acatar el fallo del TC pero aclaró que acudirá a instancias internacionales con el propósito de revertir la medida. El primer ministro Aníbal Torres, informó el miércoles pasado en rueda de prensa que “El Tribunal Constitucional ha dictado esa sentencia, esa sentencia se tiene que acatar y eso no quiere decir que no sea impugnada ante los tribunales internacionales”.
Torres aseguró que la actuación del Ejecutivo se dará “con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional” y agregó que el Gobierno buscará proteger los derechos fundamentales de personas afectadas por “gravísimos delitos”, en casos como Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina.
“Yo pregunto, a cualquiera de nosotros que nos ocurriera esto, ¿nos gustaría que ese hecho quede impune?, creo que no”, declaró sin desdeñar la retórica el primer ministro.
Ante la promesa presidencial de acudir a los tribunales internacionales, el abogado, César Nakazaki, también defensor de Fujimori, pidió el martes al Gobierno que se inhiba de defender la sentencia del TC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que él mismo acudirá ante la corte para solicitar que se escuche su defensa y reclamar que la justicia peruana no ha cumplido con lo que ordenó cuando en 2017 se concedió el indulto a su patrocinado.
En medio de la creciente enfrentamiento entre fujimoristas y anti fujimoristas que domina a la sociedad peruana, la jueza Miluska Cano aceptó el pedido de un fiscal luego de la resolución del TC del 17 de marzo - que ordenó la libertad de Fujimori quien está a la espera de trámites legales para dejar la prisión de Barbadillo - para que se le impida de salir del país durante 18 meses mientras se lo investiga por el secuestro, tortura y asesinato de seis personas en el municipio de Pativilca, en 1992.
A su vez, el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL), enfatizó que la CIDH aún no se expidió sobre el cumplimiento de la sentencia de Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Y la Corte – según estimó Rivera- demoraría entre dos a tres meses en pronunciarse en relación a la decisión del TC a partir de que se convoque a una audiencia de supervisión eventualmente en los primeros días de abril .
“Si Fujimori sale libre hoy, porque el TC publica su sentencia, eso nadie lo puede evitar. Pero también tengo la seguridad de que, como consecuencia de este procedimiento de supervisión ante la Corte Interamericana, Fujimori va a volver a prisión”, declaró a Andina Canal Online.
Para que un indulto humanitario sea aceptado, excepcionalmente, es necesario que el reo haya cumplido buena parte de la condena; que haya solicitado un perdón público y expreso; que haya pagado la reparación civil; y que haya ayudado a identificar los lugares donde los desparecidos están enterrados. “La respuesta a eso es que nada de eso se ha cumplido (en el caso de Fujimori)”, sostuvo Rivera.
Transcurrida más de una semana de que se conoció la decisión adoptada por el TC de restituir el indulto humanitario de 2017 a Fujimori, la sentencia aún no había sido publicada. A pesar de que algunos medios de comunicación informaran lo contrario. Recién dio a conocer el TC su texto al fin del día lunes, mientras el Congreso debatía la moción de vacancia contra Castillo.
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