El ex guerrillero y primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro informó, al filo de la medianoche del 31 de diciembre último, un “cese bilateral” del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares. La medida tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, y será “prorrogable según los avances en las negociaciones”, tal como agregó el mandatario en sus redes sociales.
La relevancia del anuncio que generó esperanzadas expectativas para el 2023 se afinca en la programática idea de Petro desde que asumió la Presidencia de su país el 7 de agosto 2021 para alcanzar la paz de la nación. La Paz Total que comprende las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
En prosecución de este ideario, el 8 de noviembre se sancionó la Ley 2272 que dispone la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97), y autoriza, entre otras cuestiones, que el Ejecutivo negocie con los grupos armados ilegales del país.
Son cinco los grupos comprendidos en el mensaje presidencial: ELN, Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de Sierra Nevada. Se trata de un número reducido, según el informe del 1 de enero 2023 del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) existen en Colombia, 24 grupos armados.
“Mientras con el ELN, considerada una guerrilla beligerante, Petro busca un acuerdo de paz, con las demás organizaciones delincuenciales solo cabe un sometimiento a la Justicia”, sostiene Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde y autor del libro El mapa criminal en Colombia: la nueva ola de violencia y la paz total.
El comunicado oficial de fin de año
El punto tres del comunicado, dice que el primer objetivo del cese al fuego será “la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general”. Luego, el compromiso incluye “suspender las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y organizaciones al margen de la ley”.
De acuerdo a lo expresado en el comunicado presidencial, el cese al fuego entiende dos formas de violencia: una ascendente, entre el Estado y los grupos armados; y otra, descendente, entre grupos armados y los civiles. La violencia horizontal, entre grupos armados, queda por fuera de este acuerdo. En esta última observancia se encuentran las estructuras de guerra que posee el ELN en el departamento de Chocó y el sur del departamento de Bolívar con las AGC y disidencias. No aparece aclarado si debe considerarse infracción al cese del fuego los eventuales combates entre grupos armados y desplazamientos forzados con su consecuente afectación humanitaria. Una falta de claridad que explicaría, en parte, la actitud del ELN que oficialmente no se pronunció favor del anuncio proclamado por el presidente Petro.
El ELN, una guerrilla binacional histórica y política
El comunicado del ELN desmintiendo el cese al fuego es posiblemente el golpe (político) más fuerte que ha recibido la actual gestión de Colombia por parte de la guerrilla, que ya antes había manifestado sus reservas para negociar al ritmo impuesto por el gobierno quien hizo el anuncio sin haberlo coordinado con sus contrapartes armadas.
El ELN nació en Colombia en 1964 siguiendo el modelo de la Revolución Cubana. En los últimos años, esta guerrilla colombiana, cuyas fuerzas se estiman entre tres mil y más de cinco mil integrantes incluyendo redes de milicianos infiltradas en las principales ciudades del país, se ha vuelto binacional, al consolidar su presencia en Venezuela, donde se ha afincado parte de la comandancia. La guerrilla tiene fuerte influencia en zonas claves de extracción de recursos y áreas fronterizas de los dos países.
El 21 de noviembre, entre el gobierno de Colombia y el ELN se había iniciado una mesa de diálogo en la capital venezolana de Caracas, a fin de reanudar el proceso de negociaciones de paz que en 2018, el ex presidente Juan Manuel Santos interrumpió en La Habana, Cuba. Cuatro años y cuatro meses antes el presidente derechista había llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En Caracas fue la primera vez que el ELN se acercó a una mesa de diálogos en la que la representación del Estado corresponde a un gobierno de izquierda. En las anteriores negociaciones lo hizo con gobiernos pertenecientes a los partidos tradicionales o a coaliciones de derecha. Esos intentos tuvieron como contraparte los gobiernos de Belisario Betancur en 1984; César Gaviria en 1991 y 1992; Ernesto Samper (1998); Andrés Pastrana (1999), y entre 2005 y 2007 se hicieron fases exploratorias en Cuba y Venezuela bajo el gobierno de Álvaro Uribe.
Si el ELN mantiene su postura, se le presenta una oportunidad de oro para atacar a los demás grupos armados (en caso de que estos acepten la propuesta del gobierno) y mejorar su posición estratégica. A la vez, los otros grupos armados pueden tener muy pocos incentivos para cumplir el cese al fuego si su principal enemigo en varias regiones sigue ejerciendo violencia.
El 4 de enero, el ministro del Interior y vocero del Gobierno nacional, Alfonso Prada, le salió al paso a las conjeturas explicando cómo se llegó a lo que él mismo consideró un “impasse”. Según Prada, el ELN, que ya había declarado un cese al fuego unilateral, le había pedido al Gobierno “responder” con un cese bilateral. Y aclaró, “Sin embargo, ante la posición asumida (por el ELN) públicamente el día de ayer (3 de enero), según la cual, se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del Decreto 26 57 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivará el diálogo sobre este particular”.
Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, entiende que “no hay una actitud ofensiva, ni del ELN hacia la Fuerza Pública, ni de la Fuerza pública hacia el ELN”. Solo que ahora, “la buena disposición de ambas partes” - el mayor problema del ELN no estaría centrado en las FFAA sino en la beligerancia con otros actores violentos, sea disidencias de las FARC o Clan del Golfo- se ratificará en la mesa de acuerdo a celebrarse en México.
El comunicado del ELN, guerrilla histórica y política del que no ha sido derrotada militarmente, donde comunica que no ha pactado con cese de fuego anunciado por el presidente Petro no representa -por el momento- una posición definitiva respecto al acuerdo de una paz negociada y el establecimiento de condiciones para juzgar a los responsables del conflicto armado bajo unos parámetros de justicia restaurativa -en lo que a ellos respecta-, que pueden incluir también aspectos de justicia retributiva.
La verificación del cese al fuego luce muy difícil
La mayoría de estos grupos armados están en zonas rurales con muy poca comunicación y controles estrictos sobre lo que las personas pueden o no decir. Esto permite que muchas de las violencias e intimidaciones nunca sean conocidas por la opinión pública. En la Sierra Nevada sobre la Costa del Mar Caribe, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) controlan de forma muy estricta las comunicaciones de las personas en sus dispositivos móviles.
Las violencias más “públicas”, como los atentados, asesinatos o intimidaciones suelen demorarse mucho en llegar hasta las cabeceras municipales. Si el cese al fuego ni siquiera había sido acordado con los grupos armados, no es oficioso suponer que el gobierno no tenía claros -o al menos no los expresó- cuáles son los protocolos implícitos en el anuncio del 31 de diciembre.
Las negociaciones pueden ir al tiempo que avanza el desarrollo local y regional de la infraestructura rural, así como el apoyo a las economías campesinas. El asesor de paz, Luis Eduardo Celis, quien sostiene que la salida al conflicto debe ser negociada y no militar propone que “se trata de construir un estado de derecho en las partes de Colombia en donde rige el control autoritario de los ilegales”.
La paz es una construcción, no un destino
Los ceses al fuego suelen ser buenos ejemplos del nivel de confianza que los actores en negociación pueden tener frente a sus contrincantes. De igual manera, el cese al fuego puede ser un gran momento para aumentar capitales políticos frente a la opinión pública: es una muestra muy clara de que la violencia puede reducirse.
La contraparte de salir mal el cese al fuego puede generar serias dudas a los grupos armados y minar la confianza de la ciudadanía en el proceso. El incumplimiento de un cese al fuego puede llevar a una de las partes a detener las negociaciones: si la contraparte incumple queda en entredicho quién garantiza que en el futuro se cumplirá con lo pactado. Si alguno de los grupos armados incumple su parte, los civiles pueden no apoyar más la negociación. El plebiscito por la paz ha demostrado que una negociación sin apoyo popular enfrenta múltiples retos a la hora de su implementación.
En 2016, y tras 4 años de diálogos con la cúpula de la guerrilla, el conflicto armado colombiano con la guerrilla de las FARC llegaba a su final. El entonces presidente Santos había prometido que la última palabra la tendrían los colombianos y sometió el pacto con la guerrilla a un referéndum en el que sorpresivamente la opción del “No” se impuso por la mínima diferencia de menos de un punto porcentual. Aun así, Santos aprobó los acuerdos por la vía del decreto presidencial y se firmaron el 24 de noviembre del mismo 2016.
Respecto a la Paz Total, parece haberse instalado una falta de confianza. El ELN ha entendido que el gobierno estaba tomando decisiones sin acordarlas con ellos. Si el cese al fuego llega a ser multilateral, los grupos armados pueden tener grandes incentivos para romperlo entre sí. Más aun teniendo en cuenta que algunos de ellos están en guerra en algunas regiones (como las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo y las ACSN en la Sierra Nevada). Si el ELN se retira de la mesa de diálogo, la población civil bien puede asumir que el gobierno todavía tiene pocos elementos concretos para lograr la Paz Total. En consecuencia, podrían incrementarse las críticas a este proyecto e, incluso, favorecer la elección de candidatos que capitalicen esa situación.
De lograr un cese al fuego con cuatro organizaciones armadas sería, en sí mismo, un importante logro. El “sometimiento” de cuatro bandas criminales en Colombia significa “Básicamente el criminal entrega verdad (información), bienes o dinero, y el Estado le concede una reducción de la pena”, precisa el politólogo Ariel Ávila, quien recuerda que esta figura existe en el Código Penal y se aplica ya en Colombia bajo el nombre de “principio de oportunidad”. Es más, narcotraficantes colombianos se acogen a esta ley también en EEUU. Respecto al ELN, la negociación se ofrece mucho más compleja que con grupos que no tienen pretensiones políticas, como las bandas criminales que deben someterse a la Justicia intercambiando garantías por penas para retirarse del conflicto.
Sin embargo, las narrativas victoriosas por sí mismas no son eficaces; por el contrario una mayor prudencia y acciones coordinadas pueden tener menor efecto triunfalista pero mayor efectividad política. El ejemplo del Acuerdo de Paz con las FARC-EP que pusieron fin a 50 años de conflicto armado directo entre la ex guerrilla de las FARC y los diferentes gobiernos de turno, que causó más de 262.000 muertos y cerca de 6 millones de desplazados internos resulta ilustrativo: toda narrativa del fin del conflicto que hasta hoy sigue siendo capitalizada por sus detractores.
La Paz Total aun cuando no se han constatado sus resultados significa un gran paso hacia el fin de las violencias armadas en Colombia, cuya historia se remonta a la llamada Violencia, con mayúscula, que dominó la historia de Colombia entre 1946 y 1958 (y se prolongó hasta hoy en sucesivos derramamientos de sangre) y que fue una suma de muchas y variadas violencias con minúscula: políticas, sociales, económicas y religiosas. En lo más inmediato, el tradicional y atávico enfrentamiento ideológico y sentimental entre conservadores y liberales, entre godos y cachiporros, entre azules y rojos: dos banderías que en el país nunca fueron materia de libre elección personal, sino que se transmitían hereditariamente con el fanatismo de los dogmas religiosos: los viejos y queridos odios.
AGB