El expresidente Alberto Fujimori, en condición de reo ausente, afronta el juicio virtual que busca esclarecer su responsabilidad por las miles de esterilizaciones forzadas que se realizaron bajo su Gobierno (1990-2000), cuyas víctimas fueron mayoritariamente mujeres, campesinas, pobres y quechuas. Además de Fujimori, también son juzgados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga. Este último fue candidato a legislador por el partido Fuerza Popular (FP) y mantiene una relación muy cercana con Keiko Fujimori, quien es hija del principal acusado y creadora en 2009 de FP, cuyo emblema partidario es una gruesa letra K en blanco sobre fondo naranja.
El fiscal Pablo Espinoza Vázquez subrayó el lunes ante el juez Rafael Martín Martínez que todos “hicieron mucho daño con su política” al “jugar con las vidas y la salud reproductiva de las personas”. La primera presentación culminó con la exposición de varios de los dramáticos casos que obran en los expedientes, como el de la campesina Florencia Huayllas, quien tras percatarse de que la iban a esterilizar, intentó fugarse de un hospital en la región surandina de Cusco, y fue amarrada y operada, según la denuncia.
En representacion de Fujimori, quien sostiene que no debería ser procesado por este caso porque no lo incluyeron en su expediente cuando en 2007 fue extraditado de Chile, asiste a las sesiones virtuales su abogado César Nakazaki. “Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, fue la acusación formalizada el lunes por el fiscal Espinoza. Culminadas las sustentantaciones de la defensa del doctor Nakazaki, el magistrado Martínez decidirá si proceder con la investigación judicial.
El expresidente, de 82 años, es el único preso en la cárcel de Ate construida expresamente para él dentro de una base policial en Lima, donde cuenta con condiciones privilegiadas respecto al resto de presos del país, pues su celda tiene tres ambientes donde recibe numerosas visitas por semana y asistencia médica permanente. Fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos de 25 personas, entre ellas un menor, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina. También por los secuestros de un empresario y un periodista durante el autogolpe de Estado de1992 cuando disolvió el Parlamento e intervino Fiscalía, Judicatura y Tribunal Constitucional. Y fue hallado responsable de malversación de fondos públicos durante el ejercicio de su gobierno.
Desde los inicios de su mandato, el gobierno fujimorista (1990-2000) sostuvo entre las prioridades de gestión reducir la tasa demográfica del Perú y apeló para a ello a discurso que defendía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De manera consecuente, 1991 fue declarado “Año de la Planificación Familiar” y se aprobó el Programa Nacional de Población 1991-1995, con la meta clara de reducir la tasa de natalidad al 2% y la tasa global de fecundidad al 3.3%.
En 1995, sobre la base de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el Congreso modificó la Ley de Política Nacional de Población incorporando la esterilización femenina y masculina como método de planificación familiar. De igual manera, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en China, Fujimori manifestó que las mujeres peruanas debían ser dueñas de su destino. Estas medidas - fuertemente criticadas por la Iglesia Católica del Perú- fueron financiadas principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 36 millones de dólares, y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.
El entonces Ministro de Salud, Eduardo Yong Motta, inició campañas de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), y se creó una oficina dentro del despacho presidencial para implementar esas campañas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).
Entre 1996 y 2001 (inclusive) se realizaron 272.028 ligaduras de trompas a mujeres, mientras que el número total de vasectomías realizadas a hombres fue de solo 22.004, es decir, menos del 10% del total de intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo mujeres, según el informe Nº 69 de la Defensoría del Pueblo sobre “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II”.
​La investigación de Derechos Humanos Nada Personal llevada a cabo por la abogada y activista Giulia Tamayo,demostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos. ​ Incluso se habían organizado “festivales de ligaduras de trompas” en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.
No se posee cifras oficiales del origen étnico de las mujeres, pero sí se sabe que gran número de estas compulsivas e inconsultas intervenciones quirúrgicas se realizaron en zonas rurales y lugares alejados de las ciudades, donde el idioma mayoritariamente hablado es el quechua. Miles de mujeres esterilizadas no sabían leer ni escribir y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica.
En la práctica, la política estuvo dirigida en su gran mayoría a mujeres indígenas. Debido a complicaciones post operatorias se registraron 19 mujeres muertas a causa de las esterilizaciones que no contaron con ninguna garantía de salud, evaluaciones pre quirúrgicas realizadas por personal no clasificado ni identificado, ni tampoco seguimiento de las pacientes con la inclusión de embarazos ectópicos (Informes de la Defensoría Nº 27 y Nº 69).
Una historia
En 2001, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, el Congreso de la República aprobó la conformación de una subcomisión investigadora a instancias del ministro de Salud Luis Solari que entregó, en junio de 2002, el “Informe final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000”. Las conclusiones fueron determinantes: daños en la integridad física y psicológica de las mujeres esterilizadas, así como vulneración de la libertad individual de las personas y la reducción selectiva de los nacimientos en un grupo social determinado. Ausencia de registros de consentimiento, y responsabilidad del entonces presidente y los ministros de estado y Directores Regionales de Salud.
El documento significó el inicio de un auto reconocimiento del Estado como violador de los Derechos Humanos.
En julio de 2002, el entonces ministro de salud Fernando Carbone presentó un informe al Congreso, donde se calculaba que entre los años 1993 y 2000, 294 000 mujeres fueron esterilizadas, mientras que a más de 18 000 hombres se les hizo la vasectomía. Una muestra sin ambages del resultado del plan del gobierno de Fuyimori , que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de la sociedad peruana, apuntando esencialmente a los indígenas de las zonas más alejadas.
El caso llegó a ser archivado hasta en cuatro oportunidades. En 2009 se realizó el primer archivamiento por prescripción. En 2011 fue reabierto, pero en 2014 durante la presidencia de Ollanta Humala, el fiscal Marco Guzmán Baca lo volvió a archivar, excluyendo de responsabilidad a Fujimori y a sus ministros por estas esterilizaciones. En 2015 la fiscal Marcelita Gutiérrez reabrió el caso, pero al año siguiente lo archivó nuevamente,
Solo una historia entre miles ilustra esta tragedia de los Andes vivida los pueblos indígenas hablantes de quechua que no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país lo que evidencia la persistencia del racismo en la sociedad peruana,
María Mamérita Mestanza Chávez tenía 33 años, vivía en Cajamarca, estaba casada y tenía siete hijos cuando falleció ocho días después de realizarse una esterilización quirúrgica por complicaciones postoperatorias. Su esposo denunció el caso ante la Fiscalía Penal y la Fiscal Provincial de Baños del Inca acusó a cuatro personas por homicidio culposo, delito contra la vida y la salud. Pocos meses más tarde, el Fiscal Provincial de Baños del Inca archivó el caso. Sin embargo, no quedó allí porque el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 10 de octubre de 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con la CIDH y los familiares de María Mamérita. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Mestanza Chávez reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. De este modo, se comprometió a “adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común”. El acuerdo también incluía adoptar políticas públicas para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.
En noviembre de 2019, bajo el mandato de Martín Vizcarra, 7.277 las mujeres solicitaron registrarse en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada. Hay que decir que solo se cuenta con pocas decenas de abogados públicos disponibles para la defensa de las víctimas registradas en el REVIESFO. Y en ese mismo año 2019, el Ministerio de la Mujer no destinó presupuesto alguno para la atención de las víctimas, mientras que en muchos centros de salud donde las mujeres acuden para la atención de las complicaciones postoperatorias que aún padecen, el personal de salud que las atiende es el mismo que intervino en la implementación de las esterilizaciones forzadas masivas.
A pesar de que las víctimas de las esterilizaciones forzadas debieron esperar más de dos décadas, lograron el derecho a una política pública de reparación anteriormente alcanzado por las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) por la Ley 28592 del 2005.
La indemnización fue aprobada gracias a una campaña promovida por la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS). Pariona y Demus ganaron la aprobación de un nuevo texto del Plan Integral de Reparaciones (PIR), un programa para víctimas del conflicto interno que enfrentó a las Fuerzas Armadas con grupos armados entre 1980 y 2000.