Según el calendario electoral guatemalteco, un electorado de casi diez millones de votantes acudirá a las urnas el 25 de junio para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei entre 23 candidaturas presidenciales definidas por 30 partidos políticos. El escenario político es el de una consistente fragmentación refleja: al electorado atomizado corresponde una oferta electoral parejamente subdividida. Además del nuevo Ejecutivo de la República, Guatemala votará también las 160 bancas del Congreso Nacional, las 20 bancas de la representación guatemalteca en el Parlamento Centroamericano, y las autoridades de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. en un escenario de gran fragmentación electoral: 29 partidos están calificados para presentar candidatos
El actual presidente es un médico que sufre esclerosis múltiple, un sexagenario que usa marcapasos, un catóiico divorciado en 2014 de su esposa madre de su hija y sus dos hijos, un político neoconservador defensor del autoritarismo pero hoy desprestigiado aun en su idoneidad para abusar del poder. Varias veces derrotado en las elecciones locales como aspirante a la alcaldía capitalina de Ciudad de Guatemala, cuatro veces aspirante a la presidencia de la República (cada vez como candidato de un partido derechista diferente), tres veces vencido antes de ganar en 2019 al frente del binomio de Vamos Guatemala. La victoria de Giammattei se debió al acierto de prometer mano dura contra la inseguridad, la violencia, el delito y el crimen, organizado o no, y el narco también. El ex carcelero del país -la posición más alta en el Estado alcanzada por Giammattei antes de la presidencia había sido la jefatura del Servicio Penitenciario- anuncio que sería el foso donde se hundiría toda iniciativa pára que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos o que personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.
Un electorado fragmentado, una oferta electoral atomizada
El número de partidos competitivos no deja de llamar la atención, pero sobre todo fuera de: Guatemala. En los 38 años de recuperada democracia tras el fin de la guerra civil, la República ha registrado el número de 100 partidos políticos activos, cuya permanencia promedio era de una década. La baja institucionalidad y la fragmentación del sistema de partidos queda probado por el hecho de que en cada elección surgen entre cuatro y siete partidos y desaparecen entre tres y seis.
De manera paradójica con esa alta fragmentación del sistema de partidos, coexisten estructuras político-territoriales en departamentos, regiones, municipios que han logrado mantenerse vigentes y que permiten a algunos diputados y alcaldes continuar en el cargo compitiendo por partidos distintos. Por esta razón, en la elección de 2019 cambió el 60% de los diputados, pero no cambió la dinámica de asociación y alianzas, debido a que la estabilidad no la confieren los partidos políticos sino las estructuras políticas en el territorio. No se trata de un caso aislado; por el contrario es muy característico de América Latina que registra una tendencia de fragmentación de los sistemas de partidos, excepto en Uruguay.
Una singularidad de Guatemala radica en que ningún partido que ha ejercido el gobierno durante el período de la llamada “época democrática” iniciada en 1985 después de dos golpes de estado ha ganado la reelección. Varios han disminuido notablemente o se han disuelto. El primer presidente de esta época Vinicio Cerezo (1986-1991) pertenecía a la Democracia Cristiana Guatemalteca fundada en 1955 y cancelada en 2008.
El Señor Presidente miente
A despecho de este dato empírico, el partido oficialista de derecha Vamos ha iniciado la campaña para lograr sostenerse en el poder. El presidente Alejandro Giammattei, quien aseguró el 14 de enero pasado que el país centroamericano ha “avanzado mucho” durante su gestión, cuenta con un índice muy bajo de popularidad. “Ha sido un camino lleno de orgullo, porque hemos avanzado mucho. Porque hemos logrado mucho. Porque hoy somos más y mejores de lo que éramos hace tres años”, declaró Giammattei durante la presentación de informe de Gobierno, el tercero después de asumir el cargo el 14 de enero de 2020. Un informe “lleno de mentiras”. Si el primer mandatario sobre la seguridad enfatizó durante 2022, no hubo asesinatos en 122 municipios de los 340 que componen el territorio y según datos oficiales, en 2022 se contabilizaron 4.263 asesinatos, 4,5 % más que en 2021. Lo mismo respecto a un “sólido” crecimiento económico y la devolución del crédito fiscal a exportadores, la duplicación de las exportaciones en tres años y que las remesas familiares han crecido desde el extranjero. Según cálculos oficiales- alrededor del 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de desnutrición.
El primer mandatario ha articulado una alianza legislativa bastante estable donde se encuentran los partidos de las dos candidatas presidenciales que encabezan las encuestas: Zury Ríos del partido derechista Valor y Sandra Torres del social demócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Si las encuestas son veraces y se confirman el 25 de junio, las dos mujeres que competirían en segunda vuelta han tenido mayor o menor cercanía con el partido en el poder.
El hecho tiene su lógica: la presidencia para convivir con un Poder Legislativo crecientemente poderoso se ha visto obligada al establecimiento de alianzas. Si bien el Poder Ejecutivo es el que tiene control del presupuesto, el Congreso tiene capacidad para y para modificarlo en uno de sus componentes clave, como el listado geográfico de obras para el siguiente período fiscal, año con año. La clave de la implementación de esta estrategia se asocia más a la debilidad institucional que a un concierto democrático.
Los vericuetos del proceso electoral guatemalteco
Las normativas de requisitos y prohibiciones para participar en la contienda electoral las define la Constitución de la República y la ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en 2016 y aplicada en 2019. La formulación de las normas es difusa y, genera posibilidades de una aplicación diferenciada o discrecional de la Ley, o al menos la percepción de que pueda haberla en cuatro áreas que comprenden las reglas para el registro de las contribuciones privadas a las campañas electorales; la división del tiempo en los medios entre todos los partidos que presenten candidatos a elecciones presidenciales o legislativas, la definición de las diferencias entre la precampaña y la campaña, (cómo se diferencia el proselitismo de la propaganda electoral), y los criterios para calificar las candidaturas. El último tema origina el mayor debate de este momento en Guatemala, dado que existe en un conjunto de actores políticos y de la sociedad civil la fuerte sospecha de que no se han aplicado criterios estandarizados para calificar las candidaturas presidenciales.
A la fecha, el rechazo y la confirmación de candidaturas por Tribunal Electoral ha generado descontento social y la presentación de recursos ante la Justicia. El Registrador de Ciudadanos, José Ramiro Muñoz, quien recibe y decide sobre los pedidos de inscripción, ha sido denunciado por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho pasivo y denegación de justicia.
Estrepitosos rechazos y ruidosas admisiones de candidaturas discutidas
Muñoz Jordán ha negado la inscripción de Rodas de Andrade ‘número dos’ de la fórmula del partido izquierdista fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional, Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) encabezada por Thelma Cabrera, la única mujer indígena postulada para la presidencia. La razón alegada es que Rodas de Andrade no cuenta con ‘finiquito’, que es el documento que da fe de que no tener cuentas pendientes con el Estado. Rodas Andrade, acérrimo crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, defiende que la negativa recibida es una venganza en su contra por denuncias hechas y asegura que tiene un finiquito válido. El denunciante, Alejandro Córdoba candidato del oficialismo y aliados. La apelación de MLP se encuentra en la Corte de Constitucionalidad (CC), que tendrá la última palabra. De negarse la inscripción del vicepresidente, automáticamente queda fuera la candidata a presidenta.
Respecto a la inscripción del candidato Roberto Arzú García Granados, postulado a la presidencia por el partido político de derecha populista Podemos, inicialmente admitida por el Registro de Ciudadanos o Tribunal Supremo (TSE) luego cayó. Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000),aboga por reactivar la pena de muerte, prohibida por el Pacto de San José firmado en 1969 del que Guatemala es signataria. El partido Frente de Convergencia Nacional del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), impugnó la inscripción de Arzú aduciendo que había hecho campaña electoral anticipada. La decisión depende de la Corte de Constitucionalidad.
Dos candidatos presidenciales contra los que se generaron advertencias de campaña anticipada conservan su inscripción. La candidata presidencial por la coalición de partidos Valor-Unionista de derecha radical, Zury Mayté Ríos Sosa, hija de exdictador procesado por genocidio, José Efraín Ríos Montt (1982-1983). En el partido de Ríos Sosa, hay exfuncionarios de gobierno y particulares que hicieron campaña para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de las Naciones Unidas que desarticuló grupos del crimen organizado, corrupción e impunidad durante 12 años hasta 2019, saliera del país.
El artículo 186 de la Constitución guatemalteca impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación electoral. Sin embargo, para la contienda del 25 de junio, la hija de Ríos Montt fue una de las primeras candidaturas inscriptas. Aunque la decisión fue impugnada por el partido de centroderecha CABAL, expresión coloquial guatemalteca que significa “exacto”, tanto el TSE como la Corte Suprema ratificaron su admisión como candidata.
Las postulaciones de Sandra Torres Casanova, ex primera dama, divorciada del fallecido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), y de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, también fueron impugnadas. Ambos concurren por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha. Torres Casanova estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su exesposo, pero las cortes de justicia fallaron en su momento a su favor. Guerra es un pastor evangélico que participa por primera vez en política. El partido de conservador de ultraderecha TODOS pidió anular la participación de ambos pues la Constitución también prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto ser candidatos a presidente y vicepresidente. Guerra renunció públicamente a su ministerio de culto unos días antes de inscribirse como candidato. El Registro aceptó y el Tribunal Electoral ratificó la decisión a favor de ambos.
El Registrador Muñoz Jordán inscribió como candidato a alcalde por el departamento de Jutiapa, al este del país, a Jaime Martínez Lohayza, exdiputado que postula por el partido de Ríos Sosa y que fue investigado, procesado y cumplió condena por tráfico de influencias. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, solo con condena firme y ejecutada -agotados todos los recursos posibles- se pierden los derechos de participación política mientras se cumple la pena. A la vez, la Ley de Probidad exige a los aspirantes requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para optar a cargos públicos.
También se aceptó la inscripción como candidato a diputado de Esduín Jerson Javier Javier, alcalde del municipio de Ipala del departamento de Chiquimula, al este de la capital. En 2021, la Fiscalía solicitó que se le retirara la inmunidad de alcalde, pero el caso no tiene avances. Se postula por el partido CAMBIO, del ex presidenciable Manuel Baldizón, sentenciado y deportado a EEUU por lavado de dinero del narcotráfico.
A los políticos Felipe Alejos Lorenzana, del partido TODOS, y Allan Rodríguez del oficialista VAMOS les fue retirada la visa de entrada a EEUU por vínculos con corrupción. Al primero, además, le aplicaron la Ley Magnitsky sobre responsabilidad de DDHH, que prohíbe a empresas que tengan nexos con EEUU establecer relaciones comerciales con él y la Fiscalía intentó cuatro veces que se le retirara la inmunidad para investigarlo por corrupción, sin que la Corte Suprema avanzara el caso y diera paso. Ambos son diputados y candidatos a diputados para la próxima legislatura, con inscripción aceptada por el Registrador.
AGB