La República Bolivariana de Venezuela enfrenta desde 2017 más de 500 sanciones coercitivas unilaterales impuestas por EEUU, que privaron a la nación del 99% de sus ingresos. Las medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) le han impedido cualquier transacción en el sistema financiero del país, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.
En diciembre de 2018, ante el temor de nuevas sanciones internacionales y de posibles embargos por parte de acreedores y tenedores de bonos de deuda venezolana, las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) solicitaron al Banco de Inglaterra la devolución de las 31 toneladas de oro monetario venezolano depositado en sus bóvedas.
Las intervenciones del “presidente interino”
En enero del 2019, la solicitud de Maduro para repatriar el oro fue denegada por el Banco de Inglaterra que alegó el reconocimiento de Boris Johnson, en ese entonces Primer Ministro británico, a Juan Guaidó como mandatario legítimo, después de que el parlamentario opositor se autoproclamara en una plaza “presidente interino” de Venezuela, argumentando fraude en las elecciones presidenciales ganadas por Nicolás Maduro. También más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente, entre ellos EEUU y la mayoría de los que integran la Unión Europea.
En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela —dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó— nombró una dirección paralela a la oficial del BCV, y pidió a Londres que no entregara los lingotes al gobierno de Maduro.
En marzo de 2020, el Banco de Inglaterra informó al BCV su decisión de no permitir la movilización del oro venezolano depositado en sus bóvedas, y consecuencia en mayo del 2020, la Junta Directiva del BCV demandó al Banco de Inglaterra ante la Corte Comercial por negarse a cumplir la solicitud de entrega del oro venezolano.
En total, son 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que el Gobierno de Maduro, a través del BCV presidido por Calixto Ortega, lleva casi cuatro años intentando recuperar y que en 2020 ofrecían una fundamental ayuda para enfrentar la pandemia del Covid19.
El 20 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de Gran Bretaña sentenció que el Gobierno de Su Majestad reconocía de manera clara e inequívoca al gobierno interino de Juan Guaidó y en consecuencia, a la junta administradora ad hoc designada por éste en el BCV.
Sin embargo, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, con sede en la ciudad capital de Caracas, anuló el “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional en 2015 que había designado a Guaidó, la decisión enervó el favor que gozaba el “presidente interino” y Maduro recuperó el control del departamento, la Corte Suprema de Gran Bretaña le solicitó a la Corte de Comercio que dictaminara si reconocía o no los efectos jurídicos de esta decisión. El juicio se verificó entre el 13 y el 18 de julio bajo la dirección de la jueza Sara Cockerill.
La sentencia Cockerill
El viernes 29 de julio, la jueza Cockerill sentenció a favor de la junta ad hoc nombrada por Guaidó, señalando que “no tenía ninguna duda de que el enfoque de la junta de Guaidó es correcto. A esta conclusión se puede llegar tanto por la revisión de las autoridades, como por un razonamiento independiente a la luz de la naturaleza de la doctrina de la ‘voz única'”.
La doctrina de la “voz única” es un principio del derecho constitucional inglés que prescribe que el ejecutivo y el poder judicial deben hablar con una sola voz en las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de Estados, gobiernos y jefes de Estados extranjeros. De acuerdo este principio, la justicia británica ha incurrido en una flagrante contradicción porque en Venezuela coinciden los criterios en este tema tanto del Poder Judicial como del poder Ejecutivo del presidente Maduro.
La jueza británica descalifica a la Justicia bolivariana: esto está fuera de los usos y costumbres, en el Derecho Internacional: los jueces de un país no revisan lo actuado por los jueces de otro, lo dan por bueno. En este sentido,
el abogado Ramón Escovar Alvarado, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que “Usualmente, las jurisdicciones de tradición anglosajona suelen evitar dictaminar sobre la independencia o no de los tribunales de otro Estado. Los abogados internacionalistas consideran que esto se debe al temor de una política judicial de reciprocidad. Sin embargo, como lo demuestra las sentencias de los Estados Unidos sobre la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela, los casos relacionados con nuestros países han significado la excepción a varias tradiciones jurisprudenciales sobre la materia”.
Guaidó aunque aún la justicia británica no lo ha autorizado a acceder a las reservas de oro, celebró: “Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro”.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nombre del gobierno de Maduro, rechazó la sentencia y anunció que el BCV acudirá a todas las instancias internacionales para reclamar en contra decisiones que vienen adoptado los tribunales de Gran Bretaña. “Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (...) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (...) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad”, informó Rodríguez quien también rechazó que el Gobierno británico considere a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela. “El mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”.
El presidente Maduro, en la jornada con emprendedores en las instalaciones del Teresa Carreño, en Caracas, declaró que “Venezuela debe saber que es una acción de piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento a los países del mundo le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro”.
Qué decidan los tribunales de alzada sobre la sentencia Cockerill, que no reconoce las decisiones del TSJ de Venezuela, tendrá implicaciones jurídicas y políticas relevantes en un futuro no lejano y será un importante precedente para resolver otros litigios sobre activos venezolanos que se encuentren en el exterior. Solo como ejemplo, determinar quien estaría autorizado para disponer de los 120 millones de dólares que se derivaron de la finalización de un contrato de permuta de oro entre Venezuela y el Deutsche Bank.
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