La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves “violaciones masivas de derechos humanos” en El Salvador, perpetradas por las autoridades locales en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas” del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La ONG reportó miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado, según informó en un comunicado difundido este jueves.
Estas violaciones se enmarcan en el estado de excepción decretado a finales de marzo por el Congreso salvadoreño- controlado por aliados del Gobierno y a pedido de Bukele-, tras un auge de homicidios presuntamente cometidos por pandilleros.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, alertó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
“Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, sentenció.
Durante las últimas semanas, la ONG documentó minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.
La denuncia de la organización se da horas después de que Bukele asegurara ante el Parlamento que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio de este país centroamericano, y llamara a los salvadoreños a apoyar sin titubeos esta lucha, pese a desarrollarse con la suspensión de las garantías constitucionales.
La “guerra” del mandatario contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las “maras”, que se suman a 16.000 más que ya se encontraban en prisión, según consignó la agencia de noticias AFP.
AI destacó que el régimen de excepción, junto a las reformas penales, limitaron los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite estas restricciones, ni siquiera en caso de estado de excepción.
En consecuencia, se reportaron miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino “únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno”, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas de tener supuestos vínculos con una pandilla o simplemente por vivir en una zona controlada por pandilleros, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
Tras ser arrestadas, estas personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.
Aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron estas vulneraciones, los procesos no presentaron avances de momento.
“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, advirtió Guevara Rosas.
La responsable insistió en que estas más de 35.000 detenciones arbitrarias reportadas en menos de tres meses no habrían sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato.
“Están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, lamentó y concluyó: “La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.
Con información de agencias.
IG