“El país camina hacia la absoluta normalización institucional a toda velocidad”, declaró el ministro de Justicia, Flavio Dino luego de definir los acontecimientos del domingo como la experiencia del “Capitolio brasileño”. Según el funcionario, hay plena coincidencia entre autoridades civiles y militares sobre “la necesidad de proteger la democracia” y concuerdan en el análisis de que “golpistas y delincuentes fracasaron en la ruptura de la legalidad”.
Entre las medidas tomadas por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las que adoptó el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes fue posible el destierro de centenares de bolsonaristas que se encontraban desde hace dos meses instalados en un campamento frente al Cuartel General del Ejército. También fueron desmontados los acampamientos que se habían establecido en al menos media docena de estados brasileños.
En el oficialismo, sin embargo, se abren dudas sobre la participación de algunos funcionarios. El ministro de Defensa José Múcio figura entre los más criticados tras haber sugerido la necesidad de garantizar una solución negociada a las movilizaciones frente a los cuarteles. Pesan ahora sobre él declaraciones realizadas la semana pasada, cuando afirmó que esas manifestaciones bolsonaristas eran “una demostración de la democracia”.
Durante la conferencia de prensa conjunta, Dino debió salir en defensa de su colega ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre el rol cumplido por el jefe de la cartera de Defensa. “El ministro Múcio optó por el camino del diálogo con las instituciones militares y no podemos en modo alguno condenarlo por esa razón. Esos son juicios precipitados que pueden inducir a errores”. Dino concluyó: “Quiero hacer una vehemente defensa de la corrección, la lealtad, la sinceridad del ministro, al comanda una de las áreas más difíciles del gobierno”.
Investigaciones en curso
Las investigaciones en curso seguramente expondrán a la luz en los próximos días asuntos más profundos. La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) estuvo, y aún está, paralizada. Ese hecho contribuyó a la falta de previsión sobre la naturaleza de las operaciones bolsonaristas que se avecinaban. En medios oficiales, circula ahora, se sabía que algo podía suceder: Veneziano Vital do Rego, el titular del Senado, habló el sábado con el ahora suspendido gobernador de Brasilia, Ibanéis Rocha, para pedirle que reforzara la custodia del edificio del Congreso. Esa demanda fue ignorada.
“¿Se podría haber hecho algo antes de estos sucesos, para evitar los daños?”, preguntó una periodista durante la rueda con la prensa local e internacional. El ministro Dino se limitó a responder: “Desde la esfera federal no se podía hacer nada. No le cabía a las Policía Federal ni a la Policía Federal Caminera hacer patrullar el Distrito Federal. Nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos. Nos reunimos con el gobierno de Brasilia a quien le correspondía ejecutar la ley. Fue este gobierno el que falló en su plan, que incluso habíamos acordado previamente. Recién después de ese fracaso, el gobierno federal estuvo en condiciones de actuar. De allí el decreto que el presidente Lula leyó ayer por la tarde y que nos permitió intervenir el área de seguridad de Brasilia”.
Marcelo Godoy, columnista del diario Estado de Sao Paulo, reveló que la acción desplegada en la Plaza de los Tres Poderes, con la ocupación vandálica del Palacio del Planalto, del Congreso y de la Corte Suprema, tenía como objetivo “provocar un golpe de Estado que derribara al presidente Lula da Silva. Así lo muestran los mensajes divulgados por los organizadores del movimiento”.
Para Godoy, una de las voces más respetadas del periodismo político brasileño, una de las grandes dificultades que enfrentará el nuevo Ejecutivo en los próximos días es “la acefalía” en el organismo de inteligencia del gobierno federal. El funcionamiento de esa dependencia ya había sido puesto bajo la lupa de lo que se llamó el Grupo de Transición, dirigido por el ahora vicepresidente Geraldo Alckmin, durante la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Formaban parte de ese grupo un directivo de la Policía Federal y un especialista en bancos de datos, además de tres agentes de inteligencia. Entre ellos figuraba Bruno Marques, conocido por haber actuado como coordinador general de la ABIN durante los dos años de gobierno de Michel Temer (luego del impeachment contra Dilma Rousseff). Marques continuó y
Ya con Bolsonaro en el poder, Marques continuó en funciones hasta el 2020. Su salida sobrevino cuando el expresidente se enteró que Marques había aportado a la campaña de un candidato del PT, en 2018.
Godoy subraya que el nuevo Gobierno carece todavía de equipo de inteligencia. Afirma que no pudieron ocupar a la fecha los cargos de aquellos directores que fueron exonerados. Según su descripción, en la semana que precedió a los atentados de este domingo, la ABIN “era un caos total”, lo que explicaría la ausencia de prevención contra manifestaciones de la ultraderecha.
Para defenderse de la manifiesta ineficacia, la Agencia Brasileña de Inteligencia afirma que emitió una alerta el domingo por la mañana, al identificar que las personas acampadas frente al cuartel del Ejército convocaban a otros manifestantes a dirigirse a la sede los Poderes. Uno de los que recibió la advertencia fue el ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que desde hace una semana ejercía funciones de secretario de Seguridad en el gobierno de Brasilia. Torres está desde fines de la semana pasada en Estados Unidos, donde se reunió con Bolsonaro.
El ministro de Justicia Dino reconoció que “sabemos que (los bolsonaristas) fueron financiados, pero no quiénes los financiaron”. El Gobierno de Lula ya tendría identificados a los sectores de donde habrían salido los fondos para subvencionar a los cientos de manifestantes que se mantuvieron durante más de dos meses en los campamentos.
En ese contexto, la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores divulgó un comunicado sobre los “atentados terroristas y fascistas” ocurridos en la capital brasileña. “El objetivo de los delincuentes era claro: agredir el funcionamiento de las instituciones y, por medio del golpe de Estado, intentar paralizar al gobierno”. De alguna manera, sugiere que es necesaria una performance más decidida del gobierno nacional, al decir: “Esto exige una actuación firme del gobierno, especialmente del Ministerio de Defensa, para garantizar la disciplina y jerarquía de las Fuerzas Armadas”.
EG