Como la mayoría de casos de trabajo infantil en Estados Unidos, la historia de José Velásquez comienza en Latinoamérica. Concretamente, en el estado con mayor índice de pobreza de México, Chiapas, que su madre, guatemalteca, decidió abandonar en busca de un futuro mejor. “Llegué a Carolina del Norte con tan solo diez meses. Mi madre, que no sabía inglés ni estaba escolarizada, se vio abocada a trabajar en el sector agrario. Cuando tenía ocho años, me llevaba a los campos de arándanos para que le ayudara a llenar sus cubos y aprendiera el oficio. Y a los 13 empecé a trabajar por mi cuenta en una plantación de tabaco”, recuerda en una conversación con elDiario.es.
En Estados Unidos, los niños menores de 21 años -la edad actual de José- no pueden comprar tabaco, pero sí trabajar en sus plantaciones de forma legal. Así lo dicta la Ley de Normas Laborales Justas, que fija la edad mínima para el trabajo agrario en 12 años siempre que se realice fuera del horario escolar. Se trata de un estándar más laxo que para el resto de sectores, donde el mínimo está en 16. A pesar de los intentos de lograr una regulación más estricta, la oposición del Partido Republicano y de los grupos de presión agrarios en el Congreso impidió acabar con este abuso. Su argumento es que aumentar la edad mínima dañaría a las granjas familiares y dificultaría la enseñanza del oficio a los niños.
Para José, además de legal, lo que hacía durante los veranos era completamente normal. “Muchos de los chicos con los que iba a la escuela también trabajaban en la agricultura. Estaba normalizado en nuestra comunidad, era parte de nuestro crecimiento”, asegura. Su familia andaba escasa de dinero, así que decidió ir al campo durante los veranos para ayudarles y así “poder comprar mi material escolar y el de mis hermanos, para que mi mamá no tuviera que preocuparse por eso”.
En los calurosos veranos de Carolina del Norte, con una temperatura que ronda los 35 centígrados con humedad elevada, y cobrando el salario mínimo estatal, de 7,25 dólares la hora, José trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, “con la opción de trabajar también los domingos”. “Nuestro día de trabajo dependía del clima. Si era un buen día, con sol, trabajábamos entre 10 y 12 horas. Si llovía, nos íbamos a casa más temprano y lo recuperábamos otro día. Era un trabajo muy repetitivo y las condiciones de trabajo no eran las mejores”, explica.
“Hacía muchísimo calor. Durante el verano, se llegan a máximas de 40 grados y eso dentro del campo se siente todavía más fuerte”, asegura José, que la mayoría de días terminaba su jornada “agotado y deshidratado”. Además, su trabajo no contaba con un sistema de fichaje: tenía que llevar él mismo la cuenta de las horas, apuntándolas en una libreta y esperando a que el agricultor, en muchas ocasiones ausente, le pagara por su trabajo.
A las duras condiciones del sector agrario, se le unían las propias de las plantaciones de tabaco: “Mis compañeros y yo sentíamos la intoxicación de la nicotina y los pesticidas. Teníamos náuseas, nos mareaba y nos ponía de mal humor para seguir trabajando”, dice. Y no es para menos: según la Organización Mundial de la Salud, una persona que planta, cultiva y cosecha tabaco puede absorber en tan solo un día tanta nicotina como la que se encuentra en 50 cigarrillos.
El trabajo infantil, en aumento
La explotación de menores migrantes no es ninguna novedad en la primera economía mundial, que se encuentra a la cola de los países ricos en materia de derechos laborales. Más allá de empleos legales como el de José, destaca el alarmante incremento de los menores trabajando en violación de la legislación laboral, que según el Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) han aumentado un 69% desde al año 2018, y un 36% en el último año. “Es una situación dramática, que se relaciona con el incremento de niños pasando la frontera sin la compañía de sus padres”, señala en una entrevista con este diario Reid Maki, director de la organización Child Labor Coalition.
Tan solo en 2022, llegaron al país unos 130.000 niños migrantes no acompañados, el triple que hace cinco años, y miles de ellos han terminado trabajando en condiciones altamente peligrosas, según destapó una exhaustiva investigación del New York Times. El reportaje salpica a marcas alimentarias de renombre como Cheetos, Ben & Jerry's y Cheerios, los supermercados Walmart, Target y Whole Foods, o las firmas de automoción Ford, General Motors y Hyundai. Y se suman a un seguido investigaciones del DOL, que recientemente descubrió a 305 niños, algunos de diez años, trabajando ilegalmente en franquicias de McDonalds en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio.
A raíz de la investigación del Times, la Administración Biden reveló los datos de una investigación interna del año pasado, en la que descubrió que 835 empresas estaban empleando a más de 3.800 niños. Paralelamente, otra investigación federal encontró a 102 niños trabajando en 13 instalaciones de Packers Sanitation Services (propiedad del fondo inversor Blackstone), una de las mayores empresas de limpieza de alimentos del país. Como consecuencia de estos hallazgos, Blackstone tuvo que pagar una multa civil de un millón y medio de dólares.
“Estos jóvenes, de entre 13 y 17 años, tenían el turno de noche y trabajaban en condiciones horribles y peligrosas: limpiando las sierras para cortar huesos, manejando productos químicos dañinos y mangueras a presión”, lamenta Maki. “En esas fábricas, había responsables que veían a los niños entrar y salir cada noche, y nunca lo reportaron. Deberían asumir su responsabilidad”.
Las grandes empresas se están beneficiando de la vulnerabilidad de los niños que llegan a Estados Unidos sin nada y dispuestos a aceptar condiciones de miseria para seguir en el país. Es el trabajo que llevan siglos realizando los inmigrantes, pero cada vez son más los niños que realizan peligrosos trabajos en los campos y las fábricas de Norteamérica.
Sin recursos para los menores migrantes
La mayoría de estos niños “llegan al país huyendo de la pobreza y la violencia de los políticos y las bandas endémicas de Centroamérica. Muchos vienen engañados con la promesa de un trabajo digno, pero no imaginan que terminarán trabajando en un entorno tan horrible como una planta empacadora de carne”, explica Maki, que ha dedicado su vida a la protección de los menores contra el trabajo infantil. En EEUU, se encuentran con un sistema migratorio quebrado, incapaz de dar respuesta al aumento de menores migrantes no acompañados.
A los niños que llegan en esta situación se les permite permanecer en el país y son puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios humanos, que los entrega lo antes posible a un patrocinador mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Unas solicitudes que acostumbran a durar años, incluso décadas. “El Gobierno estadounidense intenta que los niños no pasen mucho tiempo detenidos, como ocurría con Trump, porque está demostrado que eso es muy perjudicial para ellos. Pero los procesan con tanta rapidez que en algunos casos los entregan a personas que no tienen las mejores intenciones, se aprovechan de ellos, y así es como terminan con esos malos trabajos”, señala el director de Child Labor Coalition.
Dichos empleos se encuentran, habitualmente, en los estados sureños del país. Es el caso de Alabama, donde el DOL encontró a niños trabajando en cuatro plantas de la cadena de suministro de Hyundai y Kia. Al igual que otros estados sureños, “tiende a ser hostil con los trabajadores, el movimiento sindical y la negociación colectiva, y en general tiene menores protecciones de derechos laborales”, apunta Maki, “no es de extrañar que las grandes empresas terminen instalando ahí sus fábricas”.
El director de la coalición contra el trabajo infantil sostiene que hay que “responsabilizar” y perseguir a las empresas que hacen la vista gorda ante las vulneraciones de derechos humanos. Pero ve un condicionante claro: el Departamento de Trabajo no cuenta con los recursos suficientes, pues “tan solo tiene 800 inspectores para todo el país y está tratando de supervisar a decenas de millones de trabajadores”, lo cual es materialmente imposible.
En su opinión, es “crítico” que el Congreso autorice más dinero para la agencia, pero después de más de una década luchando, no parece una de sus prioridades. De hecho, el número relativo de inspectores por puesto de trabajo se reduce año tras año: en 1938 era 64 veces superior.
Una historia de desigualdad
José Velasquez, que trabajó de los 13 a los 18 años en el campo, reconoce, ahora que ha cumplido 21, que tuvo mejor suerte que la mayoría de niños en su situación: “Pude elegir no dedicar el resto de mi vida a la agricultura. Algunos compañeros tuvieron que dejar los estudios porque sus familias pasaban apuros y necesitaban el dinero”. Él pudo cursar un grado universitario en economía, que está terminando, y justo acaba de volver a Carolina del Norte, empujado por su pasado. En la capital del estado, Raleigh, ha comenzado como interino en una organización sin ánimo de lucro, Pueblo, que proporciona recursos a los niños latinos que, como él hace tres años, trabajan en el sector agrícola.
“Quiero trabajar para construir una sociedad justa, que no excluya y deje atrás a nadie”, dice. “La brecha de riqueza está aumentando: los ricos son cada vez más ricos mientras que los pobres se empobrecen, y la clase media ha desaparecido. Esto empuja a muchas familias, especialmente inmigrantes, a que sus hijos tengan que trabajar”. Para combatirlo, tiene claro que es necesario aumentar el mínimo legal de edad para el trabajo agrario, de los 14 a los 16, y movilizar más recursos federales contra la explotación laboral.
Mientras tanto, una nueva ola legislativa impulsada por políticos republicanos amenaza con más retrocesos: en dos años, 14 estados han promulgado o propuesto leyes que reducen la protección del trabajo infantil, ya sea ampliando las horas de trabajo, eliminando las restricciones existentes sobre trabajos peligrosos o reduciendo la edad laboral. La oposición del Partido Republicano, apoyado por grandes corporaciones agrarias, también ha sido responsable de que en las tres décadas que han pasado desde la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por 196 países, Estados Unidos siga sin ratificarla.