El fallo de este lunes no es el final de una década de lucha de Julian Assange contra la extradición a Estados Unidos, pero sí anuncia el comienzo del fin.
En las ultimas semanas, los partidarios y aquellos cercanos al fundador de WikiLeaks habían presionado y depositado algunas esperanzas en que Donald Trump le concediese un indulto antes de abandonar la Casa Blanca. Pero el indulto de Navidad no llegó –ni en el Twitter del presidente ni en otro lugar–.
Después de la sentencia en el Old Bailey por la jueza de distrito Vanessa Baraitser, que ha rechazado extraditar a Assange a Estados Unidos, ahora es casi seguro que el foco se trasladara a una apelación contra la decisión.
Posteriormente, la decisión final sobre la extradición recaerá en la ministra de Interior británica, mientras que la postura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, será crucial en cualquier momento. El presidente entrante podría perdonar a Assange, aunque su descripción de él en 2010 como un “terrorista de alta tecnología” sigue presente en la mente de muchos.
Los partidarios de Assange, de 49 años, dicen que una acusación de 18 cargos en Estados Unidos, en la que se alega un complot para piratear ordenadores y una conspiración para obtener y revelar información de defensa nacional, sigue siendo un peligroso ataque a la libertad de prensa.
El caso está relacionado con la publicación por parte de WikiLeaks de cientos de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganistán e Irak, así como de cables diplomáticos, en 2010 y 2011.
Los fiscales dicen que Assange ayudó a la exanalista de defensa de Estados Unidos Chelsea Manning a violar la Ley de Espionaje, que fue cómplice de la piratería de otros y que publicó información clasificada que puso en peligro a los informantes estadounidenses.
Assange niega haber conspirado con Manning para descifrar una contraseña cifrada en los ordenadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos y dice que no hay pruebas de que la seguridad de nadie se haya visto comprometida.
Si bien no se puede descartar una intervención de Trump, sería un salvador poco probable dado el papel en que los abogados de Assange le dieron al presidente en el curso de los procedimientos de extradición en el Alto Tribunal de Londres el año pasado.
Hace casi exactamente 10 años desde que Eric Holder, entonces fiscal general de Estados Unidos bajo Barack Obama y Joe Biden, reveló que había autorizado acciones “significativas” destinadas a enjuiciar al fundador de WikiLeaks por la publicación de miles de cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos.
Para entonces, se había emitido una orden de arresto internacional a petición de las autoridades suecas, que querían interrogar a Assange sobre las acusaciones –una de violación y otra de acoso sexual– formuladas por dos mujeres en Estocolmo. Él ha negado tales acusaciones [Suecia archivó el caso en noviembre de 2019].
Tras perder un recurso en Reino Unido contra la extradición a Suecia, Assange entró en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, donde se le concedió asilo político. Entonces su partidarios alegaban que la extradición a Suecia podría ir seguida de una posible extradición a EEUU por cargos de espionaje.
El fundador de Wikileaks pasó 2.487 días dentro de la embajada –durante ese periodo, el primer fiscal general de Trump, Jeff Sessions, describió el arresto de Assange como una prioridad. Las sospechas de que había sido acusado en secreto se dispararon cuando el Departamento de Justicia de EEUU lo citó sin darse cuenta en un documento judicial.
Sin embargo, el estancamiento de la crisis diplomática entre Reino Unido y Ecuador llegó a su fin en abril de 2019, cuando la policía británica sacó a la fuerza a Assange de la embajada después de que Ecuador revocara su asilo político. Poco después se publicó una acusación penal de EEUU en la que se le acusa de conspirar para piratear una red informática secreta del Pentágono.
Assange fue acusado de trabajar con Manning, exanalista de inteligencia del Ejército de EEUU, para entrar en la red del Departamento de Defensa en marzo de 2010 con el objetivo de obtener documentos clasificados. Los fiscales anunciaron posteriormente 17 cargos adicionales contra Assange por la publicación de cientos de miles de cables y archivos diplomáticos secretos, sobre todo de las guerras de Afganistán e Irak.
A la primera sala del tribunal en la que se discutía la solicitud de extradición a EEUU llegó una acusación extraordinaria: que Trump había ofrecido a Assange un indulto si afirmaba que Rusia no había estado involucrada en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata.
Cuando se reanudaron los procedimientos en el alto tribunal, la COVID-19 causaba estragos en todo el mundo y los abogados de Assange intentaron sin éxito aplazar el caso de extradición contra él tras oponerse a las pruebas que acababa de presentar la Fiscalía estadounidense y en las que se le acusaba de reclutar hackers para robar secretos militares.
Entre los testigos llamados por el equipo de Assange estaba Daniel Ellsberg, el exanalista militar estadounidense que filtró los documentos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam. Según Ellsberg, WikiLeaks había actuado en el interés público y su fundador no recibiría un juicio justo en EEUU.
Abogados británicos contratados por las autoridades de EEUU insistieron en que Assange no estaba acusado por filtrar cables diplomáticos de EEUU o por la publicación de un vídeo que muestra un ataque de 2007 desde un helicóptero Apache estadounidense en Bagdad en el que murió una decena de personas. Sino que las acusaciones se referían a la publicación de los nombres de informantes en Irak y Afganistán que había puesto sus vidas en peligro.
La pareja de Assange acusó a EEUU de separar a su familia y describió el intento de extradición como “un ataque frontal al periodismo”. Rodeada de seguidores y periodistas a las puertas del tribunal, Stella Moris dijo que los dos hijos que tiene con el cofundador de WikiLeaks “necesitan a su padre”. También acusó a EEUU de desgarrar la familia. En la víspera del fallo de la jueza Baraitser, Morris dijo que cualquier decisión de extraditar a Assange sería “política y legalmente desastrosa para el Reino Unido”.
Traducido por Lara Lema y Javier Biosca