Hace más de una década, el jefe de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro concedió una entrevista a la revista más vendida de la ciudad para jactarse de un descenso espectacular en el número de asesinatos. “El crimen perfecto no existe”, dijo Rivaldo Barbosa, presentado en el artículo como un exsargento de la fuerza aérea, trabajador y feligrés, que había ordenado a los detectives que resolvieran diez asesinatos al mes. “Los asesinos siempre dejan pistas. Nuestro deber es encontrar las pruebas y arrestar a los culpables”.
Pocos de los que leyeron aquel elogioso perfil del “Sherlock de Río”, publicado en 2013, anticiparon el giro argumental que se avecinaba.
Alrededor de las 6:00 horas de la mañana del pasado domingo, alguien llamó a la puerta del lujoso apartamento de Barbosa, en la zona oeste de Río, no lejos de la oficina de la brigada de homicidios que una vez dirigió. Fuera había un grupo de agentes de la Policía federal que investigaba uno de los asesinatos más impactantes y de mayor repercusión en la historia de la ciudad: el tiroteo en 2018 que acabó con la vida de la concejala Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes. Llevaban una orden de detención con el nombre de Barbosa.
Barbosa había asumido el cargo de jefe de policía de Río 24 horas antes del asesinato. Aprovechó su discurso inaugural para declarar la guerra a la corrupción. Como máximo responsable de la ciudad más famosa de Brasil, su primera y más urgente tarea era hallar a los asesinos de Franco.
Solo había un problema. Ahora la policía afirma que Barbosa fue uno de los “arquitectos” del crimen junto a dos influyentes políticos, los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão. “Está claro que el crimen fue ideado por los dos hermanos y meticulosamente planeado por Rivaldo”, asegura un informe de la policía federal que sirvió de base para la sorprendente detención de Barbosa.
Según el documento, en el que se pedía el encarcelamiento inmediato del trío, los Brazao y Barbosa eran la cúspide de “una horda violenta” que había mostrado “un desprecio absoluto por la vida humana y el Estado de derecho”. El domingo pasado por la tarde, los hermanos Brazão y Barbosa fueron trasladados esposados a una prisión de máxima seguridad de la capital nacional, Brasilia.
“Si realmente participó en esto, es un psicópata”, dice mientras digiere la noticia Marcelo Freixo, un destacado político carioca que fue amigo y mentor de Franco, sobre el investigador. “Río de Janeiro es una ciudad compleja. Sabemos que hay corrupción en la policía y también en la política. Sabía que había corrupción en la brigada de homicidios”, añade Freixo. “¿Pero pensar que Barbosa formaba parte de la planificación del crimen? Nunca lo hubiera imaginado. Ni yo, ni nadie”.
Río, “permeado por el crimen organizado”
El sorprendente acontecimiento puso en el punto de mira el violento submundo mafioso de Río, en el que, según los expertos, políticos de traje e investigadores policiales corruptos se confabulan con asesinos altamente entrenados, como el que asesinó a Franco y Gomes.
“Esta investigación es una especie de radiografía que muestra cómo operan estos grupos paramilitares del crimen organizado en Río de Janeiro. Y cómo hay, digamos, un entrelazamiento con ciertos órganos políticos y públicos, lo que realmente es muy preocupante”, dijo el domingo el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, al celebrar las detenciones.
Otros fueron más directos. En declaraciones a la televisión brasileña, el exministro de Seguridad, Raul Jungmann, comparó la situación de corrupción de Río de Janeiro con una intoxicación sanguínea potencialmente mortal. “Es como una especie de sepsis (...) y esto debe ser interrumpido con la ayuda del Gobierno federal y de la propia sociedad”, dijo Jungmann.
“El estado está permeado por el crimen organizado”, dice Carolina Grillo, especialista en seguridad de la Universidad Federal Fluminense de Río. “Este caso nos demuestra que la presencia del crimen organizado en las instituciones públicas del estado de Río es tan poderosa que es posible que un policía prometa impunidad a sus cómplices”.
El informe de 479 páginas de la Policía federal sobre el asesinato de Franco, al que tuvo acceso The Guardian, traza un retrato complejo y alarmante de cómo poderosos jefes del crimen organizado y miembros de grupos mafiosos paramilitares conocidos como milicias consiguieron contaminar las instituciones y la policía de Río en las últimas décadas.
“Las milicias son un cáncer que se extiende y hace metástasis”, dice Freixo, que se dio a conocer como el activista antimafia más decidido de Río al encabezar en 2008 una investigación parlamentaria sobre estos grupos. Se dice que las milicias fuertemente armadas de Río controlan ahora un área casi del tamaño de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido, donde viven más de 1,7 millones de personas.
El informe Franco también está repleto de detalles sórdidos de derramamiento de sangre y traición, y presenta un elenco de rufianes y delincuentes que superan la ficción, con apodos como Big Mac, Big Flea, Bob the Bomb, Renato the Problem, One Leg e incluso un abogado criminalista (muerto a tiros un mes después que Franco) llamado Doctor Cock.
Impunidad, arrogancia y codicia
En el fondo, sin embargo, el relato de la policía federal sobre el asesinato de Franco es una vieja historia de impunidad, arrogancia y codicia.
Los investigadores afirman que los hermanos Brazão –principales miembros de un poderoso clan político que desde hace tiempo se enfrenta a acusaciones de vínculos con el crimen organizado y la corrupción– empezaron a planear el asesinato de Franco en la segunda mitad de 2017, después de sentirse frustrados por sus intentos de desbaratar lucrativos planes de construcción de viviendas en la zona oeste de Río, dominada por las milicias, donde habían construido sus carreras políticas.
“Marielle Franco fue asesinada porque era vista como una amenaza potencial para los intereses de Domingos y Chiquinho Brazão”, afirma el informe, que añade que las actividades políticas “serias” y “combativas” del Partido Socialista y de la Libertad (Psol) de Franco también fueron un factor.
Al parecer, los hermanos Brazão pidieron a un contacto paramilitar apodado Macalé que organizara una reunión clandestina con Ronnie Lessa, un agente de las fuerzas especiales de la policía convertido en un “famoso asesino a sueldo”, y le ofrecieron un terreno supuestamente valorado en millones a cambio de llevar a cabo el asesinato.
Lessa, que perdió la pierna izquierda en un atentado con bomba en 2009 y fue descrito en una ocasión por un antiguo colega como una “máquina de matar”, “aceptó de buen grado”, según la Policía. “Vio una buena oportunidad de negocio para sacudirse su imagen de mero sicario”.
En septiembre de 2017, Macalé –que más tarde fue asesinado– le dio un arma al pistolero. “Se sorprendió gratamente (...) [de que fuera] una [Heckler & Koch] MP5, un subfusil alemán al que Lessa era aficionado dado que había utilizado este tipo de arma mientras trabajaba en el batallón de fuerzas especiales de la policía militar de Río”, dice el informe, que se basa en gran medida en el testimonio prestado por Lessa como parte de un acuerdo de culpabilidad.
En la noche del 14 de marzo de 2018, Lessa puso esa arma en funcionamiento, según su propia confesión, rociando de balas el coche de Franco cuando ella volvía a casa desde un evento.
En medio de una gran protesta internacional, el nuevo jefe de policía de Río prometió justicia. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para responder a este crimen bárbaro”, prometió Barbosa a las familias de las víctimas, que creían haber encontrado un aliado en el jefe de policía.
“No había razón para no confiar en él”, dice Freixo, que, como Franco, conocía a Barbosa desde hacía años.
De hecho, la Policía federal afirma que Barbosa estuvo implicado en ese “crimen bárbaro” desde el principio, al haber convertido la brigada de homicidios en un “negocio” ilegal que arruinaba deliberadamente las investigaciones criminales a cambio de una comisión. Una serie de investigaciones fueron saboteadas para proteger a los mafiosos que estaban detrás del baño de sangre. Al parecer, Barbosa se enriqueció mucho más de lo que le permitía su salario oficial. “Rivaldo Barbosa montó una verdadera organización criminal en las entrañas de la policía civil de Río”, dice el informe de la Policía federal, alegando que Domingos Brazão se había vanagloriado una vez: “Rivaldo es nuestro”.
Lessa afirmó que cuando los hermanos Brazão pidieron al jefe de homicidios que les ayudara a ejecutar y encubrir su plan, Barbosa solo hizo una petición: que Franco no fuera asesinada mientras viajaba hacia o desde el ayuntamiento. Eso sugeriría que se trataba de un crimen por motivos políticos y atraería a los investigadores de la policía federal a un caso que Barbosa supuestamente esperaba controlar y desbaratar.
Los representantes de los acusados niegan su implicación
Los representantes de los tres acusados rechazaron las acusaciones de su implicación en los asesinatos.
El abogado de Barbosa, Alexandre Dumans, niega que su cliente fuera cercano a los hermanos Brazão o que hubiera participado en ninguna conspiración. “Es un buen hombre. No es una especie de delincuente o forajido y no creo que participara en la planificación [de este crimen] como afirma el informante Ronnie Lessa”, dice Dumans, quien añade: “Es un hombre religioso, un profesor universitario que se labró una carrera durante décadas”. El domingo por la noche, la universidad en la que Barbosa impartía clases anunció que había sido despedido por su compromiso con los principios de “ética, corrección y no violencia”.
Tras la detención de los hermanos Brazão el domingo, su abogado Ubiratan Guedes negó que sus clientes estuvieran implicados en el asesinato y dijo que no tenían ninguna relación con Franco. Durante unas imágenes inéditas de un documental de 2019, Domingos Brazão afirmó: “Nunca ordené el asesinato de nadie: ni de Marielle Franco, ni de nadie”. “Aquí, en mi casa, no maté ni una gallina. No maté ni un pato”, añadió Brazão, que ahora tiene 59 años y es asesor del Tribunal de Cuentas de Río.
En vísperas de su detención, Chiquinho Brazão, que es diputado federal, emitió un comunicado en el que negaba haber cometido delito alguno y afirmaba que había mantenido relaciones “amistosas y agradables” con Franco cuando trabajaron juntos en el Ayuntamiento de Río. El domingo por la noche, el hombre de 62 años fue expulsado de su partido conservador, União Brasil.
Freixo cree que los asesinos de Franco estaban convencidos de que nunca serían capturados. “En sus mentes, habían matado a una mujer negra de la favela y no habría ningún problema”, dice. “Pero les salió el tiro por la culata”.
Constance Malleret contribuyó en la elaboración de esta crónica.
Traducido por Julián Cnochaert e Icíar Gutiérrez.