Cada vez son más los países que se plantean introducir leyes que tipifiquen como delito el ecocidio. México es el ejemplo más reciente en el que los políticos aspiran a desincentivar los daños medioambientales —y conseguir justicia para sus víctimas— mediante la criminalización. Karina Marlen Barrón Perales, diputada por Nuevo León, ha presentado al Congreso mexicano un proyecto de ley que introduce el nuevo delito de “ecocidio”.
Aunque dañar el medio ambiente ya es un delito en la mayoría de los países, el reconocimiento del ecocidio eleva los casos más atroces a la categoría de delito, con las penas correspondientes.
El nuevo proyecto de ley mexicano pretende tipificar como delito “cualquier acto ilícito o gratuito cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzca un daño grave y generalizado o a largo plazo para el medio ambiente”. Si se aprueba, cualquier persona declarada culpable de ecocidio podría ser encarcelada hasta 15 años y multada con hasta 1.500 pesos mexicanos (90 dólares) al día.
El proyecto de ley mexicano utiliza una definición de ecocidio elaborada por un grupo internacional de expertos jurídicos en 2021. La definición estaba destinada principalmente a ser adoptada por la Corte Penal Internacional mediante una enmienda al Estatuto de Roma —objetivo clave de la Stop Ecocide Foundation—, pero ahora también se está utilizando para la legislación nacional.
Sólo unos pocos Estados de todo el mundo han tipificado como delito el ecocidio, entre ellos Vietnam, Ucrania y Rusia. El procurador general de Ucrania ya está investigando un posible caso de ecocidio contra Rusia por la rotura de la represa de Nova Kakhovka.
Francia se convirtió en 2021 en el primer país de la UE en tipificar el ecocidio, aunque la redacción no es tan contundente como esperaban los activistas. Un caso testigo que involucra productos químicos cancerígenos está actualmente en los tribunales.
En otros países, como Holanda, se han presentado proyectos de ley similares. Bélgica está a punto de finalizar su propia versión de la ley, mientras que el Parlamento catalán está liderando los esfuerzos para tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal español.
En Escocia, la diputada laborista Monica Lennon está intentando introducir un proyecto de ley sobre ecocidio y lanzará una consulta pública al respecto en otoño.
En Brasil, donde la deforestación de la selva amazónica se ha calificado reiteradamente como delito, el partido político PSOL presentó en junio un proyecto de ley de ecocidio en el Congreso.
Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocide Americas y miembro del grupo que elaboró la definición de ecocidio, afirmó que el de Brasil era el primer proyecto de ley de este tipo en América Latina que entraba formalmente en una cámara legislativa nacional. Otros países de la región, como Argentina y Chile, también han manifestado un interés creciente.
Lledó subrayó que todos estos proyectos de ley requieren aún la aprobación parlamentaria y que pocos cuentan con el apoyo del partido gobernante. “Pero es importante que la gente hable de ello y que surjan nuevos proyectos de ley”, afirmó.
Durante una investigación parlamentaria islandesa a principios de año sobre si el país debía reconocer el ecocidio, la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, dijo a los diputados que su gobierno estaba siguiendo “muy de cerca” los trabajos sobre un marco jurídico internacional sobre ecocidio.
Aunque su aplicación sería “complicada”, afirmó que era “sólo cuestión de tiempo que esta cuestión se convirtiera en la más importante en el ámbito de los derechos humanos”.
En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que actualizaran sus legislaciones para codificar un delito de ecocidio.
Dos meses después, el Parlamento Europeo apoyó la inclusión de los delitos ecológicos en la nueva directiva de la UE sobre delitos contra el medio ambiente. Si se aprueba en el plenario legislativo de la UE, los Estados miembros deberán tipificar el ecocidio como delito en su legislación nacional.
Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International, afirmó que el interés por la idea de tipificar como delito el ecocidio ha crecido enormemente en los últimos años.
En su opinión, la amplitud de la definición jurídica, que se centra en las consecuencias medioambientales más que en actividades concretas, ha sido muy útil. “Desde el punto de vista político, parece haber tenido bastante éxito, porque no señala a ningún sector ni a ninguna empresa”.
“También asegura que la definición perdure en el tiempo, porque una de las cosas trágicas de nuestra actitud hacia la extracción del planeta es que nunca podemos saber con certeza de un año para otro qué terribles resultados vamos a obtener”.
La iniciativa de tipificar como delito el ecocidio en México se produce en un momento en que el gobierno del país se enfrenta a críticas por su enorme proyecto de tren maya, que amenaza a las comunidades indígenas y podría causar graves daños medioambientales.
La diputada Barrón Perales, cuyo partido, el PRI, está actualmente en la oposición, instó a sus compañeros legisladores a dejar de ignorar la destrucción del medio ambiente de México con la aprobación del nuevo proyecto de ley. “Es momento de reaccionar y señalar estas fallas en nuestra legislación para que [estos actos nocivos] sean castigados con la gravedad que merecen. Que no sigan quedando impunes”.
Mehta, que lleva muchos años trabajando para que el Tribunal Penal Internacional reconozca el ecocidio, dijo que en el pasado le preocupaba que la atención sobre la legislación nacional fuera una distracción de este objetivo superior.
“Pero en realidad, parece que se refuerzan mutuamente. En última instancia, se supone que el propósito del derecho penal internacional es abordar los peores crímenes en el plano internacional, en lugar de inventar nuevos. Y a medida que más y más gobiernos nacionales empiezan a hablar de ecocidio, más Estados empiezan a escuchar a nivel internacional.”
Traducción de Santiago Armando