La UE alcanzó un acuerdo para prohibir el comercio de productos que se hayan fabricado mediante trabajo forzado. La intención de los colegisladores es dotar a las instituciones europeas de una recopilación de riesgos de esa práctica, especialmente fuera de sus fronteras con el foco puesto en China. Será la Comisión Europea la encargada de llevar a cabo las investigaciones fuera de territorio europeo y, cuando se constate que un producto -o parte de su cadena de valor- ha sido fabricado con trabajo forzado será retirado o confiscado. No obstante, si se elimina la parte que se ha creado con prácticas ilegales, el conjunto del bien podrá volver al mercado europeo.
“La Comisión elaborará una lista de sectores económicos específicos en zonas geográficas concretas donde exista trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esto se convertirá en un criterio para evaluar la necesidad de abrir una investigación”, señala el Parlamento Europeo en un comunicado sobre el acuerdo que alcanzó esta madrugada con el Consejo de la UE y el gobierno comunitario: “La Comisión también puede identificar productos o grupos de productos para los que los importadores y exportadores tendrán que presentar detalles adicionales a las aduanas de la UE, como información sobre el fabricante y los proveedores de estos productos”.
La dificultad radica en identificar las prácticas ilegales del trabajo forzado, por eso la nueva normativa pretende reforzar la capacidad de las instituciones europeas para detectarlas. 25 millones de personas en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La Comisión publicará directrices para los agentes económicos y las autoridades competentes con el fin de ayudarles a cumplir los requisitos de este Reglamento, incluidas las mejores prácticas para poner fin y remediar los diferentes tipos de trabajo forzoso”, señala, por su parte, el Consejo de la UE. Tanto los 27 como la Eurocámara tendrán que ratificar el acuerdo para que la nueva legislación entre en vigor.
“Esta ley es pionera en el campo de los derechos humanos. Impedirá que los productos del trabajo forzado entren en nuestro mercado. Y contiene varias referencias a la reparación. Es un paso adelante en la consecución de un comercio justo y la limpieza de las cadenas de suministro, al tiempo que se da prioridad a los derechos humanos. Para combatir el trabajo forzoso e impuesto por el Estado, debemos trabajar con socios afines y convertirnos en un firme aliado en la lucha mundial contra el trabajo forzoso”, señala la eurodiputada Samira Rafaela (Renew), que ha sido una de las ponentes del texto.
“Es espantoso que en el siglo XXI la esclavitud y el trabajo forzoso sigan existiendo en el mundo. Este horrendo delito debe erradicarse y el primer paso para lograrlo consiste en romper el modelo de negocio de las empresas que explotan a los trabajadores. Con este Reglamento queremos asegurarnos de que sus productos no tengan cabida en nuestro mercado único, tanto si se fabrican en Europa como en el extranjero”, afirma el Viceprimer Ministro belga y Ministro de Economía y Empleo, Pierre-Yves Dermagne, a quien corresponde pilotar las negociaciones como presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El acuerdo para combatir el trabajo forzado se produce unos días después de que Alemania, Francia e Italia vetaran de nuevo una nueva normativa con la que Bruselas pretendía obligar a las multinacionales a cumplir los derechos humanos. La directiva denominada de diligencia debida preveía multas para mitigar el abuso infantil, la explotación laboral, o las consecuencias medioambientales de su actividad en terceros países.