Tras dos jornadas de manifestaciones, la ciudadanía venezolana volvió a protestar contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que este domingo proclamó a Nicolás Maduro como presidente con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. El fiscal general, Trek William Saab, informó este miércoles en rueda de prensa de la detención de 1.062 personas.
Saab volvió a recordar este miércoles las penas de prisión y los delitos a los que podrían enfrentarse quienes no reconozcan los resultados. Aseguró que los manifestantes arrestados están siendo acusados de delitos como instigación pública, obstrucción de las vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, “en los casos más graves, terrorismo”. También ha señalado que al menos 77 policías y militares han resultado heridos, 29 más que el martes, y que uno ha fallecido en la región de Aragua.
Entre los detenidos también parece haber algunos políticos opositores. Un vídeo ha circulado en redes sociales este martes en el que se observaba a unas personas encapuchadas introduciendo a la fuerza en un coche a tres hombres. El partido Vente Venezuela confirmó que se trataba de Freddy Superlano, el exdiputado opositor de Voluntad Popular, y de dos de sus trabajadores.
Centenares de personas respondieron a la convocatoria que María Corina Machado, líder de la oposición, hizo el lunes por la tarde después de asegurar que contaban con el 73% de las actas electorales y de insistir en que los resultados daban la victoria a González Urrutia.
Machado hizo un llamamiento a celebrar asambleas populares en varios puntos del país: “Nos encontramos, en familia, organizados, demostrando la determinación que tenemos de hacer valer cada voto y de defender la verdad”.
Aunque Machado dijo que serían asambleas breves, de 11 a 12 de la mañana, la caravana en la que viajaban ella y González Urrutia, con destino a la sede de Naciones Unidas, circulaba pasadas las dos y media de la tarde por las calles de Caracas.
Antes de terminar el acto, y subido al vehículo de la caravana, Edmundo González reiteró que “los resultados ya los sabemos. Los conocemos y los tenemos en todas las actas que tenemos en nuestro poder, así que no se preocupen”. Y añadió: “Señores de la fuerza armada: no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela”.
Según informaron medios venezolanos, el Gobierno desplegó operativos policiales y militares en vista de estas protestas.
En una transmisión del medio El Pitazo, un hombre que se encontraba en el municipio de Baruta afirmaba: “Aquí tenemos la presencia de unos compatriotas vestidos de negro y con armas largas (...). Si se acercan, los vamos a recibir con cariño y con amor para decirles que aquí no nos vamos a mover”.
En paralelo, ciudadanos afines al chavismo también fueron convocados por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, para defender los resultados oficiales. Rodríguez había cárcel para González Urrutia y para Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra las presidenciales.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, pidió “respetar la decisión del pueblo venezolano”. “El golpe de Estado fascista dirigido desde las redes sociales está siendo derrotado en las calles”. Maduro, desde el palacio de Gobierno, les pidió movilizarse “todos los días” para “restituir la paz, la tranquilidad y la normalidad” y culpó a los líderes de la violencia en las protestas, así como de las muertes de manifestantes.
Machado dijo que el bloque opositor mayoritario no acepta “el chantaje” del Gobierno ni del oficialismo “de que defender la verdad es violencia”.
Seis personas fallecidas y decenas de detenciones
Las protestas de los opositores contra el recuento oficial comenzaron el lunes por la mañana, inicialmente de manera pacífica, aunque por la tarde escalaron y la tensión fue en aumento.
Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a personas arrancando carteles de la campaña electoral oficialista, con el rostro de Maduro, que motociclistas arrastraron después por el asfalto.
Durante la jornada se derribaron también varias estatuas de Hugo Chávez, expresidente venezolano fallecido en 2013 y antecesor de Nicolás Maduro. También se quemó un cuadro con el rostro del político.
Poco después de finalizar la concentración de la oposición mayoritaria en Caracas, continuaron las detenciones, durante enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad.
Foro Penal, una organización de derechos humanos venezolana que siguió las protestas, informaba en la mañana del martes de la muerte de seis personas. Según publicó en sus redes sociales, estas personas tenían entre 15 y 40 años y se encontraban en los estados de Aragua, Táchira, Yaracuy y Zulia. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hospitales, una red de profesionales de la salud que monitorea el estado de los hospitales, contabilizaba 11 fallecidos a las 11 de la mañana.
La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de X que el país está muy preocupado “por el acoso y la detención de miembros de la oposición democrática”. “Llamamos a la liberación inmediata de estas personas. Cualquier acción para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática es una escalada injustificada”. Por su parte, el canciller peruano, Javier González-Olaechea, condenó “el reciente secuestro del coordinador general de Voluntad Popular (agrupación que postuló a la presidencia a Edmundo González)”.
Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha mostrado “extremadamente preocupado por las crecientes tensiones, con informes preocupantes de violencia desde las elecciones del domingo pasado”. “Las autoridades deben respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y expresar sus opiniones libremente y sin miedo”. El alto comisionado de la ONU ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” y ha confirmado la muerte de una persona.
Las actas no aparecen
El CNE confirmó a Maduro como presidente sin haber hecho públicas las actas electorales, como había prometido. El domingo en la medianoche de Venezuela, Elvis Amoroso, presidente de la autoridad electoral, aseguró que “en unas horas” publicarían las actas, mesa por mesa. Pero esto no sucedió. El CNE no volvió a dar datos y desde el lunes, la página de la institución dejó de estar operativa.
Por su parte, la oposición continuó afirmando que ha ganado los comicios y publicando documentos al sitio web ganovzla.com, un nuevo enlace que crearon después de reportar problemas en la página original. “Señores del CNE, no se preocupen por buscar las actas, aquí están las actas”, dijo Edmundo González mientras señalaba a la ciudadanía que se concentró el lunes.
La misión de observación electoral del Centro Carter, una organización estadounidense invitada por Venezuela, ha declarado este miércoles que la elección presidencial “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. La organización explica que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” presentados por el CNE en la medianoche del domingo 28 de julio, en la que la autoridad electoral declaró a Maduro ganador de la contienda con el 51,2% de los votos, sin presentar los resultados desglosados mesa por mesa y asegurando que habían revisado el 80% de las actas.
Los miembros de la delegación abandonaron Venezuela en las siguientes horas. Según pudo conocer este medio, su salida del país no fue a petición del gobierno venezolano, sino que se debió a un tema logístico. Todavía no hay certeza de si publicarán la declaración provisional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también se ha pronunciado este martes en un extenso informe en el que señala una serie de irregularidades antes, durante y después de las elecciones y concluye que “los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”. Sin embargo, a diferencia de los observadores del Centro Carter, la OEA no ha estado presente en Venezuela.
“La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones”, dijo la organización en un comunicado que compartió Luis Almagro, secretario general de la OEA, acusado de parcialidad por su polémica intervención en otros procesos electorales como el de Bolivia en 2019.
Josep Borrell, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha dicho que sigue con preocupación la situación en Venezuela: “En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”.
“En estos momentos difíciles, es importante apelar a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión”, ha añadido Borrell.
Reacciones a la expulsión de diplomáticos
Este lunes, el Gobierno venezolano exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”.
Maduro tomó esta decisión en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las elecciones. Los países han emitido comunicados conjuntos desde el domingo en los que cuestionan los resultados y exigen al Gobierno la publicación de actas.
El lunes por la noche, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que esta expulsión demuestra “una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”. Este martes, el mandatario aclaró que Chile no rompería relaciones con Venezuela pero reiteró que “la decisión unilateral que ha tomado Venezuela (...) es injustificable”.
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha asegurado que acatará la decisión del Gobierno de Venezuela, aunque ha señalado que su país únicamente ha hablado “de que esos resultados puedan ser transparentados a través de las actas y que haya una presencia internacional”.
La cancillería de Perú informó que había comunicado a sus diplomáticos acreditados en Venezuela que abandonen el país en menos de 72 horas.