“Comedido, el caballero gaucho”, le ha dicho Amparo Aliaga al autor de este Panorama durante un almuerzo dominical en Calacoto. Como su hermana Sandra -periodista, comunicadora social, una de las mayores intelectuales públicas bolivianas, que desempeñó un papel clave como vocera de Hernán Siles Zuazo en la transición democrática de 1982 y que murió de un ataque cardíaco al mes siguiente al golpe de Estado de noviembre de 2019-, Amparo es especialista en comunicación para el desarrollo y en la puesta en territorio de políticas de salud reproductiva. ‘Gaucha’ es en Bolivia toda la población argentina. Sin ser despectivo, patronal y condescendiente como ‘bolita’, este término sardónico resulta sin embargo más indiferente que resentidamente peyorativo. “El gauchaje es de temer”, le ha dicho Silvia Rivera Cusicanqui, tanto más conocida en la Argentina, al autor de este Panorama, una mañana de domingo, en un walipini (huerto hundido, si el caballero gaucho no yerra una vez más con las voces aymara) del tambo de nuestra colectiva en Tembladerani.
¿Por qué el alerta por nuestro comedimiento, por qué temer a los argentinos hasta en sus regalos? Los primeros en admitir más rápido que nuestra mala fama es merecida somos también los primeros en creer que somos los primeros en empezar a no merecerla. Que se verá que obramos sin malicia disimulada, sin lentas emboscadas, sin la antigua gula de lucros salaces. A título personal, se verá. Pero no es ése el lugar de la opacidad cultural. Está en nuestra arrogancia semántica, en decidir de antemano, y dar por sentado, qué categorías -y qué palabras, entre todas las que podrían usarse- forman parte de una conversación democrática si ésta aspira a ser genuinamente tal, cuáles han de usarse sin claudicación. ‘Golpe’ y ‘Dictadura’ son dos de esas expresiones. Ya si llamamos ‘Proceso’ sin más al régimen cívico-militar argentino de 1976 empezamos a sentirnos incómodos, suavemente cómplices. Pero el mundo no siempre se pliega tan automáticamente a la severa ética política gaucha. Ni siquiera la región. El autor de este Panorama presenció en una cátedra de la UBA (Universidad de Buenos Aires) la rebelión del estudiantado cuando dos de las mejores historiadoras paraguayas, Adelina Pusineri y Raquel Zalazar, ante una pregunta, respondieron que no, que Alfredo Stroessner no era propiamente un 'dictador'. Si público argentino y profesoras invitadas fueran indagados acerca de los años paraguayos 1954-1989, coincidirían en los relieves de la narración y en la calificación y evaluación finales a las que habría conducido tal examen. Ocurre que Paraguay retiene el sentido romano de ‘dictadura’, palabra latina, como institución excepcional pero republicana. Héroe nacional es el Dr Francia, con quien gustaba compararse el Gral Stroessner. Si lo llamamos ‘dictador’, ¿no dulcificamos nuestro juicio, además de incurrir en error, cuando aquella institución de la República romana en nada parece representar a las décadas de gobierno del líder del Partido Colorado?
Nuestra arrogancia semántica gaucha suele ser así bastante poco clarividente. Las consecuencias no queridas de nuestras ‘narrativas argentinas' del golpe de Estado de octubre-noviembre de 2019 en Bolivia no eran todas imposibles de anticipar: lo imprevisto, antes que lo imprevisible, se vuelve más alevosamente inevitable. Es cierto que cuando el Congreso argentino debatió largamente y concluyó tajantemente, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, que al pan debía llamarse pan, al vino, vino, y al golpe, golpe, era un debate que servía para alinear con nitidez posiciones nacionales que en otro caso nunca se habrían podido contemplar a la luz natural de tan completa desnudez sin adorno. Si del porvenir de panes y vinos y golpes se desentendieron los legisladores, no fue por egoísmo. Al revés, aquí pensamos que sólo de verdades a medias tintas cabe temer peligros. En Bolivia, la palabra ‘golpe’ genera una prevención y una desazón que al gauchaje nos desconcierta -y hablamos de las víctimas no de los beneficiarios de la forzada renuncia de Evo Morales-. Como si esas personas quisieran volver compleja la única cuestión que siempre, a nuestros ojos, debería ser simple. De que no siempre nuestros ojos vieron muy lejos no podemos tener ahora dudas, después de los cargos bajo los cuales la Fiscalía de Bolivia abrió una megacausa y ordenó cientos de detenciones con la finalidad de producir condenas a prisión para los protagonistas del gobierno de facto conformado a consecuencias de forzar la renuncia del Ejecutivo en funciones y de despojar al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de la titularidad del poder.
Según el derecho constitucional boliviano, para juzgar y, en caso de culpabilidad, condenar, a ex funcionarios debe sometérselos a un ‘juicio de responsabilidades’. Es competencia originaria del Supremo Tribunal de Justicia, según el artículo 184.4 de la Constitución Política del Estado (CPE). La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que dar curso al tal juicio, que será de instancia única, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado. Para ello, se reguieren dos tercios de los votos de los miembros presentes, una mayoría que le falta hoy en el Poder Legislativo al actual oficialismo masista del presidente Luis Arce Catacora. La vía judicial directa se ha dirigido hasta ahora, entonces, a encausar y procesar por acciones anteriores a su ingreso al gobierno de facto a aquellas personas cuya detención ha sido ordenada. Aquí la ‘narrativa del Golpe’ cubre, o escamotea, con su manto de legitimidad, que sean juzgadas y condenadas por hechos que no cometieron, personas a las que no se puede juzgar por delitos de los que son responsables.
“Hay muchas razones para enjuiciar a Jeanine Áñez, a Luis Fernando Camacho (el líder y gobernador electo de la oriental Santa Cruz de la Sierra) y a muchos más, pero las acusaciones de sedición como golpistas me parece que son demasiado amplias y pueden dar pie a muchos equívocos y tardanzas”, resume desde La Paz para elDiarioAR Mario Murillo, profesor de Sociología en la Universidad pública. En el mismo sentido y dirección abunda Wilmer Urrelo Zárate, uno de los más importantes escritores bolivianos, autor de Hablar con los perros (2011), donde reflexiona sobre la formación del nacionalismo después de la Guerra del Chaco, que nos responde: “¿Hay una venganza en Bolivia por parte del MAS hacia el gobierno de Áñez? ¿Es sostenible la teoría del golpe de estado que el gobierno defiende? Viendo las cosas sin el apasionamiento que hay siempre en la política de Bolivia, creo que el gobierno de Arce se equivoca. Hay persecución y venganza; sí, la hay. Como lo hizo el gobierno de Áñez en su momento, encarcelando a gente del MAS o vinculados a ese partido sin pruebas y nada de eso. Sin embargo, lo que me preocupa es lo siguiente: es probable que esta acusación dure mucho tiempo. No meses, sino años. Y que sea difícil para la Fiscalía comprobar que hubo el golpe de estado. Lo que el gobierno no hace ahora son acciones acerca de las muertes de Senkata y Sacaba. Las personas asesinadas lo fueron ya en el gobierno de Jeanine Áñez, aparentemente por los militares. Sobre este tema no hay aún nada, y como van las cosas es probable que la ex-presidenta y el gabinete ministerial jamás sean juzgados por esas masacres (pese a que los delitos de lesa humanidad no prescriben). Desde mi perspectiva la teoría del golpe de estado será difícil de comprobar y tardará mucho. Lo realmente grave sería que no se juzgue a las personas responsables por las muertes en Senkata y Sacaba.”
Pocos días después de las elecciones subnacionales del domingo 7, que el MAS perdió en ocho de las diez principales ciudades de Bolivia, es cuando hay que situar el escenario que nos describe el catedrático Mauricio Souza Crespo, director de un instituto en la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés): “los jerarcas del MAS deciden, en un operativo no sólo torpe sino de una curiosa prepotencia como pensada para las cámaras, la detención y el envío a prisión (‘preventiva’) de ex autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, incluida la ex presidenta misma. Paradójicamente, y sin intentar siquiera el gesto de seguir los debidos procesos, los jerarcas del MAS envían a la cárcel (pues la ‘prisión preventiva’ en Bolivia se puede prolongar por décadas) a las ex autoridades que organizaron las elecciones nacionales del 18 de octubre del 2020 –a todas luces transparentes y libres–, es decir, las elecciones que los regresaron al poder.”
Políticamente, por detrás de la decisión del MAS es difícil encontrar los móviles y resortes exactos que la determinaron: “Es difícil justificar una detención, por ejemplo -continúa Souza Crespo-, en la que, luego de silenciosos abusos de poder y humillaciones gratuitas, se acusa luego, de manera confusa y desordenada, a una ex presidente derrotada de participar en un ‘Golpe de Estado’ en el que, si lo hubo, ella no participó; de actos de corrupción que se asume existieron pero de los que no se ofrece ni un solo indicio o prueba; o del crimen de haber suscrito un mal préstamo del FMI, otra vez sin ofrecer ni indicios ni pruebas. Y no es que falten razones para enjuiciar al gobierno de Áñez, pero el gobierno del MAS ha decidido secuestrar y enviar primero a la cárcel a los que considera culpables, para sólo entonces enjuiciarlos en función de un resultado ya decidido de antemano.”
Más allá de cuán discutible pueda ser el proceso abierto, la primera inquietud mayor que acompaña a los cuestionamientos concierne al perjuicio que se auto-inflige el MAS. “Es posible que esté en juego para el MAS unificarse a costa de deslegitimarse en las ciudades –responde Ximena Soruco Sologuren, antigua responsable de investigaciones en el CIS (Centro de Investigaciones Sociales)-. Aunque la opinión pública (de la que nos enteramos) puede indignarse con los arrestos, está más preocupada de cuidar su economía (que no se desplomó más porque no ha habido cuarentenas rígidas con Arce) y espera el avance del plan de vacunación”.
Según Mauricio Souza, “porque estas torpezas se suman a muchas otras recientes, es difícil no llegar a la conclusión de que estos errores del MAS no sólo son manifestaciones de la incompetencia política sino síntomas de una crisis. Como si haber ganado las elecciones nacionales de octubre del 2020 hubiera sido, para este partido, una desgracia disfrazada de victoria, simplemente la postergación de una larga crisis interna -marcada por el autoritarismo y la ceguera- que hoy empezamos a sufrir”.
Al menos tres libros del inglés Graham Greene tienen en su corazón fantasías punitivas para el cruel comedimiento bien intencionado de norteamericanos comprometidos con conflictos políticos y sociales extranjeros. Viaje sin mapas (1936) es el diario de viajes que Greene lleva mientras cubre una campaña presidencial en Liberia, país africano al que desde 1822 ‘repatriaron’ esclavos negros liberados en EEUU, dotaron de Constitución, de sistema político bipartidista, de Capitolio, de capital Monrovia (por James Monroe, el presidente de la doctrina), de bandera de bandas pero sólo una estrella. El americano impasible (1955) y Los comediantes (1966) son novelas cuya acción transcurre en Vietnam y en Haití, y donde los fautores estadounidenses del progresismo sufren las consecuencias de los crímenes que provocaron y son espléndida, satisfactoriamente castigados. Hay que decir que estos personajes norteamericanos eran lúcidos acerca del programático, problemático universalismo militante que obraba por detrás de su accionar, y los movilizaba al desastre.