No tenemos por qué dudar de la sinceridad del juez Sérgio Moro cuando dijo 'me sentí como un campeón de kickboxing' a una periodista que le preguntó por la indagatoria de Lula en el Tribunal Federal de Curitiba. Expresión genuina de su regocijado sentimiento íntimo. Revelación limpia de sus ideas sobre funciones y deberes de la magistratura y de la Justicia Penal. Jueces y fiscales son combatientes profesionales contra el crimen; todo proceso, toda causa judicial es un ring. Si el juez se entrega por entero a su misión, si se desnuda como un héroe, puede tumbar de un knock-out al criminal acorralado.
La indagatoria era ociosa. A Moro no le interesaba ni oír las respuestas ni tampoco ametrallar a Lula con preguntas. Si como dijo se sintió un campeón, era porque ya había ganado. Porque ya sabía que Lula era culpable en las cuatro neblinosas causas que este juez del sureño y opulento estado de Paraná había abierto contra el primer presidente obrero de Brasil oriundo de la indigencia nordestina. Por corrupción. Sin mayores pruebas, sentenció la culpabilidad de Lula, y lo condenó a una decena y media de años de prisión. A los ojos de Moro, la Justicia no es la garante del Derecho, porque cada juez es, tiene que ser, ante todo un agente del bien.
El castigo judicial sufrido por Lula había cumplido un eficaz cometido político. Oportunamente.En tiempo y forma. Había excluido al ex presidente de postularse como candidato del Partido de los Trabajadores(PT) en las elecciones presidenciales de 2018. Libre la escena electoral de la única figura que podría haberlo derrotado, el actual presidente Jair Messias Bolsonaro venció en el balotaje al petista Fernando Haddad.
El modo de proceder de los cruzados anticorrupción del Lava Jato se repitió una y otra vez desde la organización del operativo en 2014 hasta su disolución en 2021. La filtración de conversaciones telefónicas mantenidas entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, que publicó The Intercept, permitió conocer la suciedad que manchaba todos y cada uno de los pasos procesales.
El Derecho no era el sistema cuyas normas, si respetadas, podían conducir a que un proceso concluyera en una sentencia condenatoria. No, el Poder Judicial, las normas jurídicas, los ritos procesales, la burocracia tribunalicia, eran obstáculos sobre los que había que saltar con elegancia irrecusable en una carrera que tenía como su primera meta, sin existir segunda, el veredicto condenatorio.
En una ocasión, Moro se preocupó. Disposiciones todavía menos ortodoxas que las habituales habían hecho que un proceso avanzara sospechosamente con menos retardo que de costumbre. Según consta en los diálogos filtrados, Moro fue tranquilizado por Dallagnol. El representante del Ministerio Público le señalaba al Juez de la causa que nadie, que ningún estrado judicial superior anularía nada. Eso sí, mientras tuvieran a la opinión pública de su lado. De algún modo, el favor de un sector suficientemente numeroso y entusiasta del público no los ha desertado jamás. En las elecciones brasileñas del primer domingo de octubre, el ex Juez y su ex Fiscal fueron elegidos senador y diputado federales, uno y otro con votaciones récord en el mismo estado de Paraná.
Como los integrantes del operativo Mani Pulite iniciado en la próspera ciudad norteña italiana de Milán, sus admiradores del operativo Lava Jato lanzado en la opulenta ciudad sureña de Curitiba practicaron efusivamente el recurso a la prisión preventiva temprano y prolongada de los implicados, a la delación premiada como prenda de redención de esa cárcel, al uso discrecional del secreto del proceso y la investigación, a la filtración a los medios -selectiva pero variada y abundante-de informaciones sobre los imputados. Las restricciones al Ministerio Público para solicitar de inmediato prisiones preventivas sine die y a la Magistratura para concederlas sin examen ni dilación se contaron entre las causas internas, administrativas, del progresivo declive de Lava Jato después de la victoria de Bolsonaro. Al asumir hace cuatro años, después de jurar cargo de primer magistrado el 1° de enero de 2019, el presidente derechista pudo anunciar quién sería el ministro de Justicia de su gabinete. La cartera correspondió a aquel juez que con prudencia y sentenciosa firmeza había apartado a Lula de la competencia, en las presidenciales de 2018.
Los rendimientos electorales decrecientes del tópico de la corrupción de los más grandes
El caso de Sérgio Cabral es paradójico, pero también trágico. Este político de partidos que se aliaban con las fuerzas victoriosas, cambiando los pactos según la estación, había gozado de enorme popularidad carioca. Había ganado la gobernación del estado de Río de Janeiro con más del 60% de los votos. En su contra, habría pruebas suficientes e inequívocas que apuntarían a su participación o colaboración en varios delitos. En el de una organización que falsificaba inexistentes licitaciones de obra pública, donde las empresas que buscaban ganarla pagaban su inscripción, y después pagaban también generosos sobornos para imponerse en una convocatoria inexistente.
Los errores de la sede judicial se sumaron, se acumularon y nunca se atendieron, mucho menos enmendaron. Si el lunes las puertas de la cárcel se abrieron para Cabral, y él pudo desplazarse sin traba por la cidade maravilhosa hasta su residencia frente a las playas de Copacabana, se debe a que los juzgados de apelación señalaron que el límite máximo tolerable de aplicación de la prisión preventiva había sido violado sin mayor escrúpulo ni registro. Con la disolución silenciosa del Lava Jato, con salida de la cárcel del último de sus presos, también parece haberse esfumado, o pasado del estado sólido al gaseoso, la importancia primera y central del tema y problema de la corrupción gubernamental y la cartelización de la obra pública empresarial.
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