En la defensa de la libertad asociativa se promovió en los últimos años la creación de unidades productivas cooperativas, política que ha sido y sigue siendo una de las pocas alternativas de formalización laboral. Se hizo, dicho sea de paso, en un contexto de pandemia y de crisis productiva. Sobran los ejemplos de experiencias y procesos que gracias a ello pudieron retomar una vida de trabajo y producción.
Claramente, los controles del Estado son necesarios para evitar los abusos. Y de hecho entre el 2021 y el 2023 se inspeccionaron miles de entidades y se suspendieron, sumariaron y denunciaron todas las irregularidades detectadas.
Las resoluciones administrativas del INAES a las que remite el comunicado del gobierno nacional van en el sentido de intimar y sumariar a aquellas entidades que no tengan los papeles al día para que los regularicen en los plazos encomendados. Se podrá discutir la pertinencia y legitimidad de estas medidas. Pero estos procesos administrativos son regulares en las entidades de control del Estado.
De hecho, entre el 2021 y el 2023 se implementó un sistema que proporciona al INAES datos sistematizados, fortaleciendo su capacidad de control sobre las entidades cooperativas, colaborando con el Ministerio de Trabajo, Sintys y AFIP, compartiendo información para una supervisión integra.
Como bien recuerda la resolución del INAES, se hizo de hecho todo un proceso de regularización documental en los últimos años. Gracias a Renovar (Resolución 1000/2021), hemos logrado proporcionar al Estado información sobre la constitución de entidades de manera sistematizada, un hito sin precedentes en la historia del INAES. Esta base de datos estructurada ha permitido realizar controles exhaustivos, una tarea que antes resultaba imposible.
Las afirmaciones del vocero Manuel Adorni, además de distorsionar la realidad, contravienen la ley de cooperativas y el marco legal vigente. Es importante señalar que nunca en la historia de Argentina se han cancelado matrículas de manera masiva de ningún tipo de entidad societaria sin seguir el debido proceso legal.
La comunicación catastrofista del gobierno busca asustar, denigrar y despreciar a los trabajadores y productores más que informar claramente a la población. Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente en contra del buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende de la libertad de emprender colectivamente.
Alex Roig es sociólogo y fue presidente del del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) entre 2019 y 2023.