Este año se cumple una década desde que empecé a participar en la UIA, en el departamento joven recién fundado. La militancia industrial, sin embargo, había empezado bastante antes: de chica mis padres siempre buscaban la leyenda que dijera “Industria Argentina” en los productos del supermercado. “Detrás de esas dos palabras hay empleo argentino”, me decían.
Parecía una idea simple pero poderosa: si uno compra productos hechos en Argentina garantiza que otros argentinos tengan trabajo y puedan también comprar otros productos, que también son hechos en Argentina y emplean… y así. Pero de lo simple a lo complejo hay apenas un paso y esa fórmula que parece mágica necesita tener en cuenta una cantidad de elementos por detrás, desde nuestros recursos naturales y humanos hasta nuestro sistema de incentivos económicos y nuestra forma de insertarnos comercialmente en un mundo ultra-competitivo. Los planetas que hacen que ese producto o servicio argentino llegue a las góndolas del mundo (físicas o virtuales) no se alinean por sí solos y hay solo una manera de ordenarlos: con convicción, acuerdos y políticas que los reflejen.
Esta semana el gobierno dió un paso importante para empezar a buscar esos acuerdos con la creación del Consejo Económico y Social (CES). Desde 1983 la sociedad argentina tiene claro, afortunadamente, que buscaremos nuestro destino colectivo en democracia. Sin embargo, ese consenso no ha sido suficiente para lograr el principal objetivo de cualquier dirigencia: mejorar el nivel de vida de la población. Por el contrario, no logramos definir qué camino económico-productivo tomar para desarrollarnos y en las últimas cuatro décadas de democracia esa indefinición ha resultado en un brutal deterioro de las variables más relevantes para la vida social – pobreza, desigualdad y marginalidad.
Este primer CES de 30 integrantes, del que formo parte como empresaria industrial, tiene como misión empezar a trazar una hoja de ruta de mediano y largo plazo consensuada, y brindar herramientas concretas a la política pública a partir de un análisis informado y elaborado desde una perspectiva multisectorial. En otras palabras: a dónde queremos ir y cómo queremos llegar. Además, va a tener que transformar esta primera designación por decreto en una institucionalización del CES a través de un proyecto de ley que le otorgue una mejor representatividad y asegure su continuidad en el tiempo como política de Estado.
Después de años de hablar de la necesidad de acuerdos de fondo y repetir como mantra algunas experiencias internacionales en este sentido, cabe tomar este paso con esperanza. Sin embargo, también hay que entender que es el punto de partida de un camino difícil. No soy ingenua: las grietas del debate económico-productivo de nuestro país, que lleva décadas, no se salvarán fácilmente. A las cuestiones estructurales, además, se suman las necesidades inmediatas de un país que lleva tres años de recesión y que, aunque no estén en la descripción de tareas específicas del Consejo, seguramente atraviesen todas las discusiones.
Ante esto, lo peor que podemos hacer es asignarle al CES poderes mágicos o frustrarnos ante las primeras dificultades en el proceso de diálogo. Somos una sociedad poco acostumbrada a este ejercicio y su consolidación como lógica de relacionamiento entre los actores necesita gimnasia. Con el ejercicio, el CES deberá establecer un mecanismo de participación que permita el objetivo múltiple de escuchar todas las voces, debatir temas estructurales, lograr acuerdos y sugerir políticas superadoras.
Varios países tienen Consejos parecidos a este: Francia, España, Bulgaria, Brasil, por nombrar algunos. A nivel internacional, la UIA fue fundadora en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único organismo del sistema de Naciones Unidas que tiene conformación tripartita. Hay diferencias importantes en sus formatos y capacidades: algunos son consultivos y otros vinculantes, unos componen una mesa acotada de representación trabajadores/empresarios y otros incluyen a la sociedad civil en su versión más amplia. En casi todos los casos existe una fórmula objetiva para determinar esa representación. Los temas de competencia también difieren significativamente: cada país entiende distinto sobre qué temas necesita consensos. Esa diversidad de experiencias indica que no sirve copiar sino encontrar el mejor diseño para Argentina, según nuestra historia y nuestro presente.
Como todes quienes estamos en el nuevo CES, llego con convicciones y una visión sobre nuestro futuro. Soy empresaria y desarrollista y creo que Argentina necesita producir más y generar más riqueza a lo largo y ancho del país. Necesitamos un sector privado pujante, que genere empleo, aporte más a la recaudación, que consiga dólares a partir de sus exportaciones, que innove e incorpore tecnología de punta. Los datos son elocuentes: a menor densidad empresarial por habitante, más necesidades básicas insatisfechas. Un primer consenso tiene que ser sobre cómo crear condiciones para (re)crear ese ciclo virtuoso en el sector privado.
La consolidación del funcionamiento, representatividad y credibilidad del CES llevará tiempo, seguramente más que los 1.000 días de esta primera etapa. Pero lo que nos tiene que quedar claro a todos es que no tenemos más margen para boicotear o bloquear acuerdos que nos saquen del atolladero en el que estamos. Buscar hoy políticas para el largo plazo no puede eludir el sentido de la urgencia que debemos imprimirle a las discusiones, y entender que, dado el momento de transición que vive la economía mundial en términos de modelo de producción y salto tecnológico, quizás estemos ante la última oportunidad para que Argentina se encamine al desarrollo en este siglo XXI. Así de simple, así de complejo.