Aborto

El derecho al aborto legal como controversia pública

Pocas veces tenemos la oportunidad de asistir en vivo a una controversia pública como la que terminó en la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un verdadero litigio en el que se discutió un asunto de gran relevancia democrática. Las exposiciones expertas, las movilizaciones militantes y los debates legislativos dieron lugar a una escena de gran potencia argumentativa.

Una controversia pública es, dentro de los discursos agonales, la forma más regulada y al mismo tiempo más polarizada. Prolongadas, reciclables y resistentes, las controversias no tienen un cierre definitivo. O, mejor dicho, su cierre siempre es contingente, y por lo tanto político, en la medida en que anclan en convicciones morales muchas veces irreconciliables. Las controversias permanecen abiertas, aunque se clausuren con leyes o decisiones. Como dice Andrés Rosler, es “porque existen los desacuerdos que son necesarias las leyes”, y no al revés. En ese sentido, el slogan #SeráLey apuntaba, más que a cerrar el debate, a institucionalizarlo. 

La legalización de la IVE es un hecho histórico, que reconoce una deuda de la democracia y cuyos efectos serán duraderos. Precisamente por el carácter político y por ende democrático de esta disputa, que ya lleva décadas forjándose en el espacio público, el despliegue argumentativo no puede ser escindido de su impronta política. Así, el poroteo y la rosca tuvieron tanto peso como los esfuerzos retóricos. 

Como pudo verse a lo largo del debate, se reeditaron argumentos del pasado, cargados de memoria (es habitual que los repertorios argumentativos tiendan a retornar en distintas coyunturas, idénticos o levemente modificados): por ejemplo, muchos discursos a favor celebraban conquistas previas, como el voto femenino, el divorcio o el matrimonio igualitario. Esa memoria también se cristalizó en la fórmula “Somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes” que apuntaba a inscribir la lucha feminista en la de las Madres de Plaza de Mayo.

En una controversia como la del aborto legal se discuten no solo los hechos sino, también, y sobre todo, las palabras. La disputa sobre la denominación adecuada para nombrar al embrión como feto, bebé, niño por nacer o sujeto de derechos da cuenta de una reflexión sobre las palabras mismas, que vehiculiza puntos de vista ideológicos y políticos. El propio Ministro de Salud, Ginés González García, a falta de un término justo, nombró al embrión como un fenómeno, suscitando una polémica. También las objeciones sobre la redacción del proyecto o sobre la inclusión del término “integral” en los artículos sobre las causales del aborto mas allá de la semana 14 (que fue objeto de negociación por algunos senadores indecisos) revelan que las disputas políticas son siempre disputas semánticas.

La controversia pública sobre el aborto movilizó voces y discursos adversos, que fueron citados, refutados y resignificados. Era conmovedor escuchar el esfuerzo de los oradores hablándoles a “ellos” (a los indecisos o a los adversarios), invocando razones y emociones de peso. En sociedades divididas, una argumentación pública vigorosa debe darse “in utramque partem”, es decir, asumiendo el conflicto y escuchando al adversario. Hay que conocer a fondo las ideas contrarias para refutarlas con mayor fuerza. Es en este punto donde la posición pro-aborto se reveló más potente. La campaña verde fue prolífica en slogans, fórmulas y retruécanos: el lenguaje tuvo un lugar central.

Tratándose de un asunto de derechos, que no obliga sino que amplía libertades, la discusión se cifró, en última instancia, en la pregunta sobre si el aborto legal vulnera un derecho otro, para el caso el derecho del llamado niño por nacer. Fueron los argumentos comunitarios, que responden a valores, creencias o sentidos compartidos sobre la vida (su origen, su naturaleza, su definición) los que articularon el debate. ¿Quién podría negar el valor supremo de la vida? Las dos vidas versus la vida de las mujeres, la vida humana versus la vida biológica fueron, así, las grandes disyunciones que organizaron las posturas en pugna. También en las pancartas ese significante fue central: “Aborto legal es vida” y “Salvemos a la pibas” (una relectura del slogan celeste “Salvemos las dos vidas”), son solo algunos ejemplos.

Por encima de esa disputa en torno a la vida, el argumento pragmático sobre el carácter clandestino del aborto, especialmente entre mujeres pobres, terminó por dominar y reorganizar la controversia. Como dijeron varios, “la discusión no es aborto si o aborto no, sino aborto legal versus aborto clandestino”. O, como resumió mejor @catunah en Twitter, es “aborto legal versus aborto letal”. La existencia cotidiana de abortos clandestinos es un argumento fáctico que apunta a denunciar lo que de hecho sucede, y a lo que el Estado no puede dar la espalda.

Durante el debate sobrevoló la sensación de que se trataba de un gran momento político, que iba a cambiar la historia y a restaurar una deuda pendiente. Eso le imprimió un tono épico a las alocuciones a favor de la legalización. También los sectores antiaborto invocaron razones políticas: se habló de oportunismo, de mayorías circunstanciales, de falta de consenso y de la necesidad de no politizar lo que a todas luces era y es un litigio profundamente político. En definitiva, el debate público sobre el aborto legal, y el avance de la “marea verde” en la calle y en las instituciones, nos recuerda que el disenso y la división son constitutivos de la sociedad, y que es la política –en sus múltiples expresiones ciudadanas, representativas y callejeras– la que moldea y encauza esos conflictos.