Derechos humanos y división política

La discusión sobre la relación entre política y derechos humanos abre un signo de interrogación acerca del consenso sobre el que se erigió, en sus comienzos, la democracia. ¿El consenso sobre los derechos humanos mutó, o acaso no era el que habíamos creído que era? En todo caso, es posible percibir, en los actores tradicionales del campo de los derechos humanos, una reivindicación de la prioridad de la política que nos lleva a volver nuestra mirada hacia el pasado.

De los inicios, debemos recuperar un elemento distintivo de aquel consenso, una falla particular: la omisión de la dimensión política en el modo en que se construyó el consenso del Nunca Más en la inmediata post-dictadura. Por dimensión política se entiende aquí básicamente la militancia política (de izquierda) de quienes habían sido las principales víctimas. La justicia y la verdad que iban dando forma al naciente consenso se establecían a partir de un nuevo lenguaje que sustituía el léxico bélico y organicista de los años previos (flagelo subversivo, el enemigo interno, guerra) con las nociones propias del estado de derecho y la democracia (crimen, víctimas y victimarios). En la nueva configuración no había espacio para la evocación de la militancia, y esto por muchas razones: porque no importaba para señalar el horror ni para hacer justicia, ni para reconocer la condición de víctima, o porque algunos sobrevivientes también podían ser eventualmente juzgados por delitos cometidos como parte de su militancia. En esa “narrativa humanitaria” (el término es de Emilio Crenzel), se despojaba a las víctimas de sus compromisos políticos pasados y, de ese modo, se las presentaba diáfanas, en su sola condición doliente, de manera que la sociedad toda pudiera solidarizarse con ellas, cuando no identificarse con ellas, y repudiar, sin matices ni hesitaciones, a los victimarios. 

Esas fueron las condiciones del consenso del Nunca Más. Resulta difícil imaginar que las cosas hubieran podido ser de otro modo. Habría requerido correr el foco de la atención, mirar hacia otro lado. Habría supuesto correrse de la división que separaba democracia de dictadura para traer a la consideración pública las divisiones políticas del pasado anterior incorporando al actor revolucionario. No es que esto estuviera totalmente ausente: se encuentran ejemplos en los debates parlamentarios, en el juzgamiento de la cúpula guerrillera, en el prólogo del informe de la CONADEP, que hallarían como respuesta la desaprobación bajo el nombre de la “teoría de los dos demonios”. Pero el consenso no se erigió sobre esos pocos y criticados discursos sino sobre la columna ausente de esa dimensión política.

Es posible apreciar un contraste con nuestros años recientes: el humanismo despolitizado de entonces es sustituido hoy por una politización de los derechos humanos. En el medio, los años del gobierno kirchnerista jugaron un rol significativo: se produjo entonces una amalgama de la política de partido, la retórica revolucionaria setentista y la reivindicación de los derechos humanos. Esa amalgama tiñó la discusión política, que se polarizó por cuenta propia, y llevó al barro de la política partidaria tanto el tema de los derechos humanos como a sus actores históricos. En este marco, se entiende mejor la nota de P. Litvachky y X. Tordini. Pero debemos preguntarnos si esta impronta de la política en la reivindicación de los derechos humanos remedia aquella primera omisión de la política en el consenso post-dictatorial. Dicho en otros términos, debemos preguntarnos por el significado de lo político antes y ahora.

Si volvemos sobre el texto de referencia, podemos encontrar que el término política es objeto de una confusión. Las autoras señalan que, luego de la imagen idealizada de un consenso de derechos humanos en la inmediata post-dictadura, “[d]urante los cuarenta años siguientes los derechos humanos han sido, son, parte de la lucha política.” Pero más adelante sostienen que “la politización no es un mal para el ‘paradigma de los derechos humanos’” y que “[l]o contrario [unos derechos humanos despolitizados] no ha existido nunca en la historia de la Argentina, ni siquiera en aquel momento que se postula como ideal.” La aparente contradicción deja ver en verdad una confusión en el uso de la noción de política, que permite afirmar, a la vez, que los derechos humanos se politizaron luego de su momento original y que los derechos humanos son políticos siempre. 

Señalemos un acuerdo y la razón de por qué no hallamos contradicción sino confusión: compartimos grosso modo las dos afirmaciones de las autoras. No cabe duda alguna de que la reivindicación de los derechos humanos en dictadura era la respuesta política necesaria a un problema político de primer orden, y que era, además, el corazón de la vida política cuando no había, bajo el terror, casi vida política alguna. Lo mismo cuando, ya iniciada la democracia y restaurada la vida política, los derechos humanos constituyeron el tema principal de la agenda política. Y no cabe duda alguna tampoco de que, en algún momento del comienzo de siglo, las voces principales del movimiento de derechos humanos empezaron a ser una con la voz del partido de gobierno, y así seguiría, salvo excepciones, con el mismo partido aun fuera del gobierno. El problema radica que, en su argumento, no extraen las consecuencias de los distintos usos de la noción de política. 

Desenmadejemos la confusión. Una cosa es afirmar, como creemos muchos, que los derechos humanos son una institución política, fruto de luchas históricas, y otra muy diferente es asociar esa institución política con una parte de la sociedad, con una identidad partidaria, con el Estado. En nuestra experiencia, la institución de los derechos humanos marcó, en los orígenes de la democracia, una frontera con la dictadura y con los crímenes de lesa humanidad. Pero la división que de ese modo se establecía en torno de los derechos humanos no se superponía con la división política de los actores de la democracia, es decir, no se yuxtaponía a las identidades partidarias, sino con la división entre democracia y dictadura. En efecto, aun cuando el tema hubiese sido decisivo en las elecciones de 1983 y, más tarde, hubiese sido motivo de oposición en bloque a las políticas del menemismo, el movimiento de derechos humanos mantuvo su autonomía respecto de los partidos y el poder político (y del Estado, actor excluyente de las violaciones a los derechos humanos). En cambio, a comienzos de los 2000, el movimiento adhirió a una visión de Estado, a un partido, abandonaba su autonomía previa y contribuía, así, a instalar en el debate público-político los términos del consenso del Nunca Más subordinados a la discusión partidaria. Se solapaban así la división partidaria y la división marcada por el parteaguas del Nunca Más respecto del pasado de violaciones a los derechos humanos. El cuadro se agrava cuando observamos que el partido con el cual se adhiere estuvo al frente del Estado durante 14 de los últimos 18 años. El movimiento de derechos humanos se confunde, así, con el Estado –integrantes de los organismos ocupan cargos oficiales, por ejemplo– y toma partido en la competencia política.

Pongamos en perspectiva el tema del solapamiento de las divisiones. Si en el Chile post-dictadura la división política se superpuso a la división en torno de los derechos humanos, en parte porque Pinochet siguió siendo una figura institucional y políticamente poderosa y porque el pinochetismo tenía representación partidaria, en Argentina esa superposición no se produjo sino en los años del kirchnerismo pues, hasta entonces, como dije antes, la autonomía del movimiento de derechos humanos y la transversalidad de los apoyos hacían imposible algo así. 

No puede decirse que la Argentina, al dar el paso de la separación entre lo político-partidario y lo humanitario a su superposición o amalgama, haya dado un giro hacia la situación chilena. No hay un videlismo en nuestro país, como sí hubo un pinochetismo en Chile. Pero tampoco la amalgama es semejante por la razón siguiente: es el movimiento de derechos humanos el que pierde legitimidad con ella y, a la par, también pierde legitimidad el propio consenso en torno de los derechos humanos. En Chile, en cambio, el paso del tiempo y el progresivo avance en materia de derechos humanos, y también la conducta pusilánime y corrupta del propio Pinochet, fueron extendiendo el consenso inicial más allá de los partidos de la Concertación, que en el origen eran los únicos identificados con la causa. 

La novedad histórica durante la transición democrática argentina (esta interpretación es de Isidoro Cheresky) fue el nuevo lugar legítimo de enunciación de derechos: la sociedad civil. Hasta entonces, había sido el Estado o sus gobernantes la fuente de esa legitimidad. Con los derechos humanos, la historia cambió de manera rotunda: como nunca antes, los argentinos ganamos la legitimidad de reclamar los derechos frente al poder. Ese legado estaría entrando en crisis si la defensa de los derechos humanos se somete a la lucha por el poder, es decir, si las descripciones de  Litvachky y Tordini son certeras y si las autoras toman, además, el diagnóstico de los hechos como un principio normativo para la acción y, en lugar de buscar un remedio, se orientan por la mímesis.

LM