Actualmente, el patrón de recaudación argentino es injusto ya que los sectores vulnerables contribuyen proporcionalmente más que los ricos. Esto se explica principalmente por la elevada imposición sobre el consumo de bienes y servicios, la bajísima recaudación patrimonial y las exenciones fiscales injustificadas: el impuesto a los bienes personales aportó apenas el 2,53% al total de la recaudación nacional en 2021, el IVA el 29,47% y la pérdida de recaudación explicada por exenciones fiscales (como los privilegios fiscales a jueces/zas y a las mineras) se estima que alcanzó el equivalente al 2,67% del PBI. Transformar los factores que explican la regresividad del sistema tributario es posible y necesario para avanzar hacia una sociedad más justa.
Al recaudar, el Estado actualmente tiende a profundizar la desigualdad: el 10% más pobre participa más en el pago de impuestos que en el reparto del ingreso. Una sociedad más justa exige redistribuir la carga impositiva hacia los sectores más ricos y eliminar los privilegios fiscales. Aunque las voces con más resonancia en el debate público alienten proyectos que, lejos de solucionar, profundizarían el principal problema del sistema tributario argentino: su inequidad. Es por esto que discutir el régimen impositivo resulta fundamental.
Los impuestos son la principal herramienta de los Estados para obtener recursos y la manera en que lo hacen es decisiva: según qué personas, empresas o actividades productivas sean gravadas y en qué porcentaje, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad o aumentarla. Para cumplir con el principio de equidad, los sistemas tributarios deben ser acordes a la capacidad contributiva que cada persona posee. Existen tres grandes manifestaciones de la capacidad de pago: la renta, el consumo y el patrimonio o fortuna. Bajo este criterio, la tributación es progresiva si a medida que la capacidad de pago aumenta los impuestos también lo hacen, y es regresiva en el caso contrario.
Los impuestos a los altos patrimonios, como bienes personales, son progresivos por definición ya que solamente deben pagarlos quienes superan un determinado nivel de riqueza material (inmuebles, vehículos, acciones societarias, dinero, entre otros). Luego, la progresividad aumenta si el diseño del impuesto incluye alícuotas crecientes definiendo tramos según el nivel de riqueza y, a medida que ésta aumenta, el porcentaje a pagar es mayor. De esta manera, no sólo pagan quienes más tienen, sino que entre los que tienen que pagar también se contemplan los distintos niveles de riqueza.
Los impuestos al consumo de bienes y servicios, como el IVA, son soportados por los y las consumidoras sin contemplar su capacidad de pago. Entonces, como quienes menos tienen destinan al consumo un porcentaje de su ingreso muy superior al que destinan quienes más tienen (que invierten o ahorran el excedente), generalmente resultan regresivos. A su vez, en Argentina el IVA posee una tasa muy alta, lo que hace que resulte aún más regresivo.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina, en 2018 los impuestos regresivos -como el IVA y el impuesto a los combustibles- representaron el 61% de la recaudación, mientras que los progresivos -como ganancias y bienes personales- aportaron el 39% restante. La manera en que el Estado argentino obtiene sus recursos dista de ser equitativa.
En Argentina la desigualdad se manifiesta claramente al mirar la distribución de los ingresos (sueldos, rentas, pensiones, remesas, etcétera): el 20% más rico acumula la mitad del ingreso total y más del 40% vive en la pobreza, contando con apenas el 14% del ingreso total. La brecha se agrava en el caso de las mujeres -que representan el 70% del decil más bajo de ingresos-, niñas y niños -sobre quienes la pobreza asciende al 60%-.
Si bien no se dispone de información precisa sobre la distribución de la riqueza (inmuebles, vehículos, etcétera), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) indica que la elevada concentración del ingreso que se da en América Latina y El Caribe, en comparación con otras regiones, permite inferir que la concentración de la riqueza debe ser aún mayor y muestra la paradoja: precisamente allí donde más desigualdad relativa se manifiesta en el mundo, es donde menos se emplea el impuesto al patrimonio o la riqueza.
Por último, a la elevada imposición sobre el consumo de bienes y servicios y la bajísima recaudación patrimonial se suma una pérdida de recaudación anual que alcanza casi el 3% del PBI explicada por exenciones fiscales (como los privilegios fiscales a juezas y jueces y a las empresas mineras). Estos tratamientos impositivos diferenciales se apartan -la mayoría de las veces- del principio general de igualdad que debe regir en las cargas públicas y se dan un marco de opacidad inadmisible que muchas veces benefician a sectores de altos ingresos.
Para que el sistema tributario sea acorde a los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos, éste debe ser socialmente justo, equitativo, progresivo y redistributivo. Argentina tiene la obligación normativa de movilizar la riqueza socialmente disponible y revertir los factores que explican la regresividad de su sistema tributario. Algunas propuestas para avanzar en este sentido son:
â— Impuesto a los bienes personales: asegurar un mínimo no imponible adecuado y sostenido en el tiempo y ampliar la escala de alícuotas para que incrementen la recaudación en casos de grandes riquezas y mantengan la progresividad.
â— Impuestos inmobiliarios: lograr un nuevo acuerdo con las provincias para actualizar la base imponible en todas las jurisdicciones subnacionales teniendo en cuenta los valores de mercado, a fin de volver a posicionar este impuesto como una fuente relevante de recursos estatales.
â— Gastos tributarios: publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios; institucionalizar la realización de evaluaciones que permitan decidir en base a evidencias su continuación o revisión, y eliminar aquellas que no tengan justificación o sean inequitativas.
Es momento de debatir en profundidad el rol de la política fiscal para reducir la inadmisible desigualdad de nuestro país y avanzar hacia una sociedad más democrática e igualitaria, lo que exige redistribuir la carga impositiva hacia los sectores más ricos, y revisar y eliminar los privilegios fiscales.
Integrante del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)