La reciente oleada de cortes de luz volvió a colocar sobre el tapete la distribución de energía en el AMBA y, particularmente, la situación de la empresa Edesur. La enésima crisis de suministro –que el jefe de gobierno Rodríguez Larreta abordó con palos y no con autogeneradores- ha desatado una discusión en torno del destino de esa distribuidora de energía. El Gobierno nacional dice que estudia diferentes medidas, y los trascendidos no excluyen a una virtual expropiación. El jefe de gabinete de Kicillof sugirió por twitter un camino parecido, pagando por Edesur “lo que vale”. También se menciona una posible intervención a la empresa, aunque con “protección del capital” –suponemos que se refiere al del concesionario privado. Por ahora, sólo fueron enviados algunos veedores, mientras el gobierno anunció una multa de 1.000 millones de pesos a la empresa. Aunque en el inflacionario festival de ceros esa cifra suena rimbombante, no llega al 1% de lo que Edesur facturó en 2022.
Edesur es controlada en un 72% de su capital por la italiana Enel, empresa que asocia al estado italiano con numerosos fondos internacionales. Hace algunos meses, Enel anunció su retiro de Edesur. Aunque arguyó “disconformidad” con el régimen de tarifas en Argentina, lo cierto es que ese repliegue forma parte de una estrategia internacional - también venderá sus empresas en Perú y Rumania, por ejemplo. Más allá de esta realidad, la queja de Enel-Edesur hacia la tarifa de distribución eléctrica esconde un dato fundamental: el grupo empresario controla varias centrales de generación de energía, como Costanera, Dock Sud y el Chocón. En otras palabras, es “proveedor” de sí mismo. Sus utilidades, por lo tanto, deben calcularse sobre el negocio integrado y no sólo sobre su fase final, la distribución.
La salida de Enel no es un trámite rutinario: obliga a una rendición de cuentas y a un balance de la concesión, donde abundan los apagones masivos, el desquicio en el mantenimiento y la desinversión. Los anuncios oficiales en relación a Edesur tienen lugar poco después de que se anuncie el retiro de Enel, y colocan la pregunta del millón: el Gobierno, ¿va a un rescate de los usuarios o, por el contrario, del concesionario privado?
En las declaraciones de estos días, se señala que la “veeduría” o “intervención” a Edesur pondría en marcha “inversiones de emergencia”, que serían financiadas con los `activos regulatorios` de la compañía, Por su parte, Martín Insaurralde, al referirse a una posible estatización en manos de los municipios bonaerenses, señaló que debía pagarse por la concesión “lo que vale”, incluyendo, otra vez, a los “activos regulatorios”.
¿Qué significan esas dos palabras que sonaron tanto en estos días? En la jerga de las privatizadas, se llama “activo regulatorio” a la diferencia entre la tarifa existente y la que el concesionario considera que hubiera recibido, en un escenario de desregulación o liberación de tarifas. Este criterio convierte a las regulaciones o congelamientos tarifarios en una deuda del Estado hacia los concesionarios, “inflando” decisivamente el patrimonio de éstos últimos. Se trata de un reclamo que nace en 2002, cuando se derrumbó el régimen de tarifas dolarizadas.
Obsérvese lo siguiente: si este singular concepto se extendiera, por ejemplo, al mundo del trabajo, los jubilados podrían reclamarle al Anses la diferencia entre sus haberes paupérrimos y el 82% móvil, y los empleados activos podrían considerar como una deuda de sus patrones la diferencia entre sus salarios de pobreza y uno que cubriera la canasta familiar. Naturalmente, nada de esto va a ocurrir. Pero los funcionarios que consienten esa degradación salarial y jubilatoria empiezan a admitir, en cambio, la filigrana contable de los “activos regulatorios” para favorecer a las privatizadas. Las consecuencias son claras: si las “inversiones de emergencia” que se le impongan a Edesur se financian con los “activos regulatorios”, eso significa que el dinero provendrá de una deuda (dibujada) del fisco para con el concesionario. En otras palabras, las “inversiones de emergencia” las terminará pagando el propio Estado. Con esas obras encaminadas, Enel podrá abandonar Edesur “libre de polvo y paja”, y el camino quedará despejado para que otro empresario “amigo” -al estilo de Vila y Manzano- tome la concesión. Seguramente, por un valor bajo, pero con la promesa de una liberación de tarifas en marcha, algo que comparten sin grietas los bloques políticos que se disputan la sucesión presidencial. El kirchnerismo, en ese caso, habrá cumplido con un clásico de sus gestiones anteriores: el rescate de privatizaciones ruinosas. Es lo que hicieron en 2006 con el grupo Suez y Aguas Argentinas. La empresa francesa abandonó esa concesión dejando el lastre de un gigantesco pasivo ambiental, por el incumplimiento de inversiones para el drenaje de las napas freáticas en el conurbano. En lo sustancial, ocurrió lo mismo con Repsol YPF. Como en aquellas oportunidades, presentarán a la “intervención” de Enel-Edesur como un acto de “soberanía”.
En vez de rescatar a Edesur a costa de trabajadores y consumidores, es necesario rescatar a sus usuarios a costa de los vaciadores. Deben abrirse los libros de la empresa y establecer el valor de todos los incumplimientos de inversiones y mantenimiento. Esta apertura debe contemplar a las generadoras vinculadas, y poner de manifiesto las manipulaciones contables para disimular beneficios. Lejos de ser resarcidos, los privatizadores deberán apartarse de la concesión respondiendo con sus patrimonios por la malversación de los activos eléctricos. Un plan de inversiones, controlado y dirigido por trabajadores de la energía, deberá contemplar también la reincorporación con salario y convenio de la fuerza laboral despedida en estos años, y sólo parcialmente reemplazada con trabajadores precarizados.
CC