Empecé a escribir esta nota el 30 de diciembre de 2020 mientras terminaba de preparar el vitel toné para la noche de año nuevo. La cocción había empezado una noche antes mientras escuchaba los discursos de los senadores en el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Como abogada, sé que la sanción de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo ya produce efectos concretos. Por ejemplo, los miles de casos de mujeres sometidas a procesos penales por haberse practicado abortos clandestinos y que a partir de la promulgación de ley, podrán solicitar su sobreseimiento. Mas allá de las intentonas que sin duda presentaran judicialmente quienes se oponen a nueva ley, los efectos concretos de la norma ya son operativos.
El debate en el Senado de la Nación nos hizo reflexionar a muchos sobre la potencia del debate democrático y sobre la importancia de la política como herramienta de transformación. La política se desplegó en toda su potencia, como una gran ola que nos mueve a lugares diferentes a aquellos donde estábamos al principio.
Fue Alejandro Rúa quien escribió en redes sociales la noche del debate en el Senado “Viendo esta noche los poderes públicos, qué lástima que no se pudo democratizar el judicial.” Y me hizo reflexionar al respecto.
Las imágenes eran impactantes. Dos de los tres poderes del Estado se mostraban en su mejor faceta la noche del 29 de diciembre. Ambas Cámaras – Diputados y Senadores- debatían con intensidad, pero pacíficamente. La pandemia implicó que se adoptaran mecanismos de sesiones virtuales o parcialmente virtuales que funcionaban a pleno. En los balcones de la Cámara de Senadores se veían a funcionarios del Poder Ejecutivo apoyando la iniciativa que se discutía en el recito. Y la plaza estaban a quienes apoyaban y a quienes rechazaban la iniciativa. Cada uno de su lado y sin enfrentamientos violentos. Una sociedad debatiendo a corazón abierto. Y a plena luz del día, aunque la que iluminaba la marea verde era una luna llena que rodeaba la ciudad que no dormía.
Pasaron menos de 24 horas cuando el tercer poder de Estado mostró una cara bien diferente e infinitamente más horrible. El miércoles 30 de diciembre a las 13. 30 hs. comenzó la feria judicial del mes de enero. Ese día y siendo las 22.23 hs., esto ya en feria, el poder judicial comunicó que retiraba a Amado Boudou del sistema de prisión domiciliaria y ordenaba su regreso a un complejo penitenciario.
Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación está condenado por la presunta apropiación de la empresa Ciccone Calcográfica. Dicha condena fue dictada en marco de un juicio escandaloso. El principal testigo, Alejandro Vandenbroele recibió por parte del Ministerio de Justicia, entoces conducido por German Garavano, un pago de un millón y medio de pesos por su testimonio contra Boudou. Es pertinente señalar que Vandenbroele no era un testigo arrepentido en la causa “Ciccone”, sino un imputado más y que resultó también condenado.
Los abogados de Boudou cuestionamos desde el principio la intervención de Vandenbroele en el juicio. Durante todo el proceso recursivo mantuvimos el cuestionamiento sobre dicho testimonio. En particular, cuestionamos que el Poder Judicial no nos permitió acceder a los antecedentes de la gestión del testimonio de Vandenbroele, gestión que llevaron adelante tanto el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich como el Ministerio de Justicia de Garavano.
Ya con la sentencia condenatoria confirmada por Casación, tomó estado público la verdadera razón por la cual el Poder Judicial nunca permitió que los abogados accediéramos a dichos antecedentes, cuando se hizo público el pago a Alejandro Vandenbroele por su testimonio.
La documentación publicada daba cuenta del pago realizado al testigo. Un funcionario del Ministerio de Justicia dice expresamente “Cabe destacar que el 7 de agosto pasado fueron condenado a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex Vicepresidente de la República Argentina, el Sr. Amado Boudou…Confirmada la prisión de los nombrados por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”. Dicho en buen criollo, debía pagársele a Alejandro Vandenbroele, entre otras cosas porque Boudou ya estaba en prisión.
Esta publicación implicó que el juez que había ordenado la primera detención de Amado, aquella de la foto en pijama, extrajese testimonio y formulase una denuncia, que actualmente se está investigando. De análisis de los antecedentes de la carpeta de Vandenbroele a la fecha ha resultado que Alejandro Vandenbroele recibió mas de 4 millones de pesos en total por su testimonio.
Esto se puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por esos días tenía el tratamiento de recurso del ex vicepresidente.
Varios meses después, en una causa donde se investigan las maniobras de inteligencia ilegal llevadas adelante por funcionarios del gobierno que encabezaba Mauricio Macri surgió nueva información. En dicha investigación está acreditado judicialmente que a Amado Boudou lo espiaban de modo ilegal, incluyendo sus comunicaciones telefónicas mientras estaba detenido y mientras estuvo en libertad. Y lo que es más, nos espiaban a nosotros, sus abogados, precisamente por serlo.
Todos hechos que se pusieron en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Sin engañarnos ni engañarlos a ustedes, es claro que tanto Comodoro Py como la propia Corte tenían y tienen problemas para tratar la cuestión planteada. Básicamente diré que los usuarios de la información resultante de las maniobras de inteligencia ilegal parecen haber sido funcionarios del Poder Judicial y del entonces Poder Ejecutivo. Y la Corte Suprema, en particular sus presidentes – Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz- durante el periodo han sido señalados recientemente como responsables de las filtraciones de las escuchas telefónicas ilegales, ya que de ellos dependía, en cuanto presidentes de la Corte Suprema, la DaJudeco, que no es otra cosa que la oficina de interceptación de llamadas telefónicas de este país.
Como los pasillos de Talcahuano 550 son pródigos en información, ya todos sabemos exactamente qué juez de la Corte se ocupo de colectar las firmas de los demás para evitar tratar el tema y cerrarlo sin explicar lo que no podía explicar sin incriminarse. Un poco que esa información resuelve el misterio acerca de quién es la persona dentro de la Corte Suprema a quien las maniobras denunciadas incriminaban directa o indirectamente.
El resto de la historia la conocemos todos. De modo insólito, la Corte Suprema evitó tratar el recurso presentado por Amado Boudou a través de denegarlo sin expresión de causa mediante la utilización del articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Que, a esas alturas, resultaba, para algún juez de la Corte Suprema, la única escapatoria posible para no terminar incriminado en las maniobras de espionaje. Era la única forma de no analizar ni las maniobras de espionaje ilegal de las que Boudou había sido víctima ni el pago espurio a un testigo.
Explico este caso para contrastar el funcionamiento público y de cara a la sociedad del poder Ejecutivo y Legislativo en los últimos tiempos, frente al oscurantismo con el que funciona el Poder Judicial. Allí hay secretos, complicidades e intereses imposibles de ocultar a estas alturas. Por eso el Poder Judicial necesita que las iniciativas de los otros dos poderes no prosperen o lo hagan con enormes dificultades.
Es por eso que resultó tan evidente, que fue grosero cuando un juez ordenó un 30 de diciembre, ya con la feria judicial vigente, que Amado Boudou debía regresar a prisión. Para hacer eso, resolvió sin esperar siquiera la respuesta a los informes que el propio juez había solicitado. Había que generar una noticia que ocupara los titulares de los diarios, para evitar que los mismos hablasen de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19.
A veces parece que un nombre es un destino, y que el juez estaba- literal y metafóricamente-, obligado por las necesidades de este poder judicial y por las de poderes que no están contemplados en la Constitución, pero sí que existen y que, como las negras, también juegan.
A mejor y mayor funcionamiento virtuoso de los poderes del Estado, más derechos y garantías para los ciudadanos. Es claro que hay un conflicto entre los poderes del Estado y en particular con el Poder Judicial. Y por ello cada vez mas resulta imperioso democratizarlo. Para que cumpla su misión constitucional de resolver conflictos en una sociedad y no generarlos.
Hay un conflicto entre los poderes del Estado y en particular con el Poder Judicial y por ello cada vez mas resulta imperioso democratizarlo
Pensaba esto un 30 de diciembre, porque también se cumple otro aniversario de la muerte de Héctor Timerman. Ejemplo doloroso de hasta que punto el funcionamiento anómalo del Poder Judicial puede costar vidas humanas.
En la infame acusación de la que fue víctima Timerman, también aparecen los servicios de inteligencia, los poderes no contemplados por la Constitución y los intereses de quienes judicializan la política ante su impotencia para poder controlarla. O lo que es aún peor si se puede, la vocación de direccionar la política a través de la manipulación. Judicial. Y también el protagonismo de sectores del Poder Judicial que se pliegan a estas maniobras espurias.
Quiero ser clara en esto: los sectores del Poder Judicial que se pliegan a estas maniobras lo hacen también por la casi nula posibilidad de recibir sanciones por ello. En gratis y sin consecuencias para los funcionarios judiciales, que a lo largo del tiempo han consolidado un régimen de impunidad específico para ellos mismos. Un poder del Estado que actúa por fuera de las reglas del Estado y por fuera de sus leyes.
Estoy firmemente convencida que es necesaria una reforma del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura más profunda e integral que las reformas parciales que venimos analizando en el ámbito del Poder Legislativo. Me permito desconfiar de las reformas, que aún con las mejores intenciones, pretenden resolver con más jueces el problema con los jueces existentes. Los que saben mucho de estas cosas consideran que es una opción posible.
Puede ser, al menos al principio… pero me permito preguntar: ¿Cuánto tiempo durará esa solución? Porque finalmente la permanencia de los jueces en sus cargos en forma vitalicia no hace más que ayudar a conformar, ya no un poder del Estado sino una corporación, de naturaleza perenne. Donde sus miembros con el transcurrir de los años, adoptan las lógicas que permiten y facilitan la impunidad, la defensa de privilegios y de la propia corporación.
Mientras tanto, la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, que, si debiera ser permanente y sólida, queda librada a los vaivenes anímicos de un Poder Judicial que a estas alturas tiene más de poder que de Justicia. Y más de corporación que humanidad.
GP