Desde hace décadas, Patricia Bullrich altera la vida pública argentina desde posiciones prominentes en el Estado. Como ministra de Trabajo o Seguridad, diputada o candidata presidencial, Bullrich se erigió en una inexorable agitadora de la violencia, tarea que combina con la mentira aviesa como método. Esta semana, con la vida de un fotorreportero en juego, el método Bullrich alcanzó un nuevo umbral.
La titular de Seguridad ha logrado transitar ese camino, que encuentra conexiones con sórdidos sectores policiales, armamentísticos y de Inteligencia, con una impunidad absoluta. Sin embargo, el disparo que dejó al reportero gráfico Pablo Grillo al borde de la muerte evidencia huellas marcadas que podrían conducir a que la ministra enfrente consecuencias penales, pese a la espesa trama de protección anquilosada en los tribunales federales.
Fabián Grillo, padre de Pablo, tiene su cabeza ocupada en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, desde donde surgieron señales alentadoras en las últimas horas. El cuadro de salud de su hijo comenzará a aclararse a mediados de la semana entrante, evalúan los médicos.
Hombre forjado en la militancia política, Grillo tiene claro el grado de responsabilidad de quien alentó y creó las condiciones legales para que las fuerzas de seguridad perpetraran la tentativa de homicidio —culposa o dolosa— de su hijo. Tuvo conversaciones preliminares con abogados que representarán a la familia como querellante, mientras su sindicato, de Personal Superior de Empresas de Energía, ya dio los primeros pasos con ese fin. En paralelo, denuncias por el accionar de las fuerzas federales presentadas por la Procuraduría de Violencia Institucional, la Comisión Provincial de la Memoria y otras organizaciones comienzan a tener su recorrido.
Argentina es el país de la crueldad sádica que disparan los hermanos Milei, pero también el de organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas de violencia estatal que nunca se rinden, capaces de mover montañas hasta conseguir justicia. Y Bullrich lo sabe.
Legado de temer
Si el foco se pone en las políticas de “Pato” como ministra de Seguridad, su legado reciente incluye personas privadas de la libertad durante semanas o meses por participar de protestas contra el Gobierno de Macri, que resultaron sobreseídas por falta de pruebas; frecuentes episodios de extranjeros absurdamente señalados como terroristas, liberados en cuestión de horas; confusión chapucera de identidades de presuntos sospechosos, escrachados por la brutalidad mediática del cómplice Grupo Clarín; periodistas heridos por balas de goma y gases lacrimógenos; manifestantes que perdieron un ojo; la muerte de un presunto bagayero en Orán en diciembre pasado, y un largo etcétera.
Ningún caso alcanzó la gravedad del homicidio por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017, ultimado por una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Federal en un bosque de Bariloche. Tras atravesar la maraña de obstáculos que anega al fuero federal, la investigación llegó en 2023 a sentencias de hasta cinco años de prisión contra cinco prefectos.
La muerte de Nahuel en la sombra de un bosque junto al lago Mascardi, a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, y la estigmatización de los mapuches lavaron las responsabilidades políticas del hecho. Tres meses antes, el ahogamiento de Santiago Maldonado en un río inhóspito de Chubut, el falso testimonio de un testigo mapuche que afectó la denuncia y la digitación del juez de la causa desde el mismo despacho de Mauricio Macri sirvieron para que el Gobierno de Cambiemos no sólo se eximiera de consecuencias, sino que tomara impulso para incrementar su ofensiva.
El ataque al fotógrafo Pablo Grillo es distinto. El trayecto de la granada disparada por un gendarme en un costado de la Plaza Congreso quedó expuesto con absoluta claridad y el rastro de Bullrich resulta indeleble, tanto, que será difícil enterrar la causa, por más títulos intoxicantes del Grupo Cómplice y proclamas presidenciales sobre “la mejor ministro de la historia”.
Combo urgente
Es comprensible que Bullrich intente erigirse en denunciante y arrastrar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Con justificadas razones, considera propio ese territorio, pero esta vez no tuvo la mejor de las suertes.
La denuncia por “sedición” del Ministerio de Seguridad recaló en el juzgado federal 11, subrogado por Sebastián Casanello, y la investigación quedó a cargo del fiscal Franco Picardi. Tanto Casanello como Picardi forman parte de los magistrados que han demostrado criterios autónomos y son mirados con recelo por esa implacable trama de impunidad orquestada por los servicios de Inteligencia y tentáculos del macrismo que funciona en el edificio de Retiro.
Bullrich necesita coronar un combo: que intervengan varios juzgados federales y todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal
Fernando Oscar Soto, abogado manodurista del ministerio de Bullrich, presentó una denuncia por “sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita”. El texto, de prosa grandilocuente, incluye recortes periodísticos, lanza unos pocos nombres de responsables, enumera policías lesionados y reza: “Lamentablemente también han resultado heridos un fotógrafo, Pablo Grillo, y una señora mayor de edad (Beatriz Blanco, 81 años)”. Refiere a los dos casos más graves entre decenas de manifestantes heridos, que Soto omite.
Bullrich necesita coronar un combo en lo inmediato: que intervengan varios juzgados federales sobre la supuesta sedición, el encarcelamiento de decenas de personas y la previsible acusación en su contra por el intento de homicidio de Grillo, y que todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal. A falta de Bonadio, a la ministra le urge que el enfoque preponderante sea sobre un intento de golpe de Estado. Sería un disparate, pero serviría para hacer ruido y consagrar, una vez más, la impunidad.
A través de Soto, la ministra reclamó que la justicia federal declare la incompetencia de la jueza del fuero ordinario Karina Andrade —a quien Clarín etiqueta como “camporista” en notas que, por vergüenza, nadie firma—, y anticipó que apuntará a destituir a la magistrada por haber ordenado la liberación de 114 detenidos.
Pero Bullrich se vuelve a encontrar con Bullrich. En el auto que ordenó la libertad de los detenidos, la jueza Andrade puntualizó la palmaria carencia de pruebas para mantener a manifestantes privados de la libertad. Esa mezcla de temeridad y chapucería, que la ministra intenta subsanar con sonoras acusaciones y zócalos de sus amigos de la tele, reaparece en la presentación de Soto ante Comodoro Py.
“La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad enuncia una serie de delitos graves vinculados a la alteración del orden constitucional y menciona a presuntos responsables, pero, pese a estar cargado de afirmaciones, no aporta ninguna prueba”, evaluó una fuente de la investigación.
Para cubrir los agujeros de la denuncia, Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte “registros, documentaciones e información” de los presuntos barrabravas y sus mandantes acusados de atentar contra la vida democrática. Por lo pronto, ya está demostrado que, de los cinco mencionados como “barrabravas” (¡sobre más de cien detenidos!), al menos dos no lo son.
La hipótesis de trasladar la investigación de Andrade a Comodoro Py no está cerca, porque ni siquiera tiene cuerpo la acusación por sedición, y si lo tuviere, habrá que demostrar el nexo de los detenidos con el golpe de Estado. De modo que la ansiedad de Bullrich, los Milei y los Macri por disparar un festival de arrestos con un horizonte de varios años de prisión deberá esperar.
Los registros de gendarmes y policías federales y de la Ciudad actuando como vándalos ante jubilados y manifestantes son profusos y quedaron a la vista de todos. Penetran hasta en los canales de noticias oficialistas. “Vengan zurdos”, arengó una voz desde una tanqueta hidrante pinochetista de la Policía de la Ciudad, a cargo de los Macri, que en este juego, luchan espalda con espalda los Milei. Si un grupo de policías a bordo de ese vehículo actúa como un grupo de tareas de la dictadura en plena Avenida de Mayo, y otro detiene a niños de 12 y 14 años en Plaza de Mayo ¿cómo no dar crédito a decenas de testimonios que dan cuenta de abusos y torturas contra los detenidos?
El desmadre policial fue tan burdo como otra invariante. En medio de la batahola, encapuchados logran parsimoniosamente incendiar autos particulares y patrulleros sin que nadie los moleste. Ocurre en cada protesta. Hombres con mochila se mueven entre los manifestantes, saltan, agitan, provocan, encienden contenedores o vehículos, rompen y se esfuman detrás de cordones policiales. Están filmados, pero no los buscan. A Bullrich se le acaban los videos y la estridencia a la hora de encontrar a los autores de esos desmanes.
La pista
El 14 de diciembre de 2023, con cuatro días en su segunda oportunidad como titular de Seguridad, Bullrich anunció la derogación del “protocolo garantista de Garré”.
Se refería a la resolución 210 de 2011 de la entonces ministra de Seguridad, con la memoria reciente de las muertes en el Parque Indoamericano porteño por una actuación conjunta de las policías de la Ciudad y Federal, y muchas otras víctimas de la brutalidad institucional en todo el país.
La reglamentación de 2011 establecía restricciones a cierto tipo de armas y una serie de medidas preventivas sobre los modos de actuación policial para que no ocurra, por ejemplo, que un gendarme dispare un proyectil que acabe con la vida de un fotógrafo.
Bullrich se solaza con la violencia y encuentra eco en la dirigencia política y económica, y en los votantes. El “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (antipiquetes) firmado por la titular de Seguridad fue celebrado por la claque mediática oficialista.
A contramano del protocolo de Garré, el texto de Bullrich otorga una amplia discrecionalidad a la Policía y establece normas tan estrictas para las manifestaciones, que terminan conculcando el derecho a la protesta. Todo reclamo —como manifestar por haber perdido un cuarto del ingreso jubilatorio en un año— pasa a ser considerado infracción y habilita el palazo policial.
La ministra intentó completar la faena en la primera versión de la ley Bases, que anulaba el derecho a siquiera denunciar los abusos policiales, lo que habría transformado al Gobierno de Milei en una dictadura lisa y llana.
Días después de emitido el protocolo antipiquetes en diciembre de 2023, el juez Casanello hizo lugar a un habeas corpus presentado por la legisladora de izquierda Celeste Fierro, y dictó una cautelar para suspender su implementación, en resguardo del derecho constitucional. En su resolución, Casanello enumeró preceptos sostenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el país es signatario, así como mandatos dirigidos al Estado argentino por la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas.
En sintonía con el Gobierno ultra que acababa de asumir, dos columnas de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun y Eduardo Farah, hicieron lo esperable. Quitaron la causa a Casanello, lo que originó un conflicto de competencia con un juez del fuero ordinario, que no aceptó tratar el caso. El expediente llegó a la Corte Suprema, donde el pedido de habeas corpus, un recurso ante la afectación de derechos constitucionales que debe ser resuelto de manera urgente, quedó cajoneado. Sus señorías Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda tuvieron otras ocupaciones, como denunciarse entre ellos de cometer graves delitos.
Ese aviso emitido por el juzgado federal de Casanello tuvo un correlato en reclamos contra el protocolo antipiquetes de organismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, sindicatos periodísticos como Sipreba, entidades de derechos humanos como el CELS y muchos otros. Todos ellos alertaron el peligro que significaba dar rienda suelta a la brutalidad policial contra los manifestantes y, en particular, el periodismo.
Premonitoriamente, el 10 de marzo pasado, 48 horas antes de la manifestación de los jubilados y las hinchadas de fútbol, la Asociación de Corresponsales Extranjeros hizo pública una nota en la que alertó que los periodistas “se han visto en la necesidad de comenzar a utilizar cascos, máscaras respiratorias y otros tipos de protección durante coberturas en la vía pública”. La entidad, con décadas de existencia y afiliados de medios de todo el mundo, aludió al creciente número de corresponsales y periodistas heridos, “producto del accionar policial dependiente del Gobierno nacional”.
Dos días después, Pablo Grillo, uno de los fotorreporteros independientes que han venido cumpliendo una función esencial en el registro de las manifestaciones y la brutalidad policial, logrando imágenes de altísimo valor que luego recorren continentes, se desplomó producto de un disparo anunciado desde el mismo momento en que Bullrich alardeó de derogar “el protocolo garantista de Garré”.
Si el autor del disparo resulta identificado, lo que no parece improbable, lo sensato en su beneficio sería que no acepte la defensa legal que gentilmente le ofrecerá Gendarmería. Un abogado defensor independiente tendría margen para aducir que el efectivo cumpiió órdenes, lo que no lo eximirá de responsabilidad, pero podria compartirla con la autora del protocolo.
Es tiempo de justicia.
SL/DTC