El entendimiento que el Gobierno Nacional y el FMI anunciaron hace un par de semanas ha generado muchos debates y especulaciones. El punto más critico parece ser que, aunque se llegó a consensos respecto de las metas de déficit fiscal para los próximos años, no parece haber acuerdo aún (o no es público) sobre cómo se llegará a cumplirlas.
El desafío de reducir el déficit se ve complicado. Subir impuestos parece poco factible dada la alta presión existente sobre la población registrada y las dificultades que el Gobierno tendría para lograr su aprobación en el Congreso. Entonces, sólo queda apostar al crecimiento económico (que “licúe” el gasto) o a reducir en términos reales algunas partidas presupuestarias. Sin embargo, la primera opción también es complicada: el principal componente del gasto público (el gasto previsional) está indexado a salarios y recaudación, dos variables que tienden a moverse muy procíclicamente. Por eso, el crecimiento de la economía puede resultar en un aumento rápido del gasto y el efecto de licuación desaparecería.
El gasto previsional depende del número de beneficiarios y los haberes medios. El número de beneficiarios es muy estable, porque la mayoría de los jubilados de este año son los del año pasado, más algunas altas menos algunas bajas. Por ejemplo, en los últimos cinco años (entre 2016 y 2021) el número de beneficiarios del sistema previsional en ANSES apenas aumentó un 0,8%. En cambio, los haberes promedios dependen de la movilidad, y la movilidad, por la ley aprobada a fin de 2020, depende de las variaciones de los salarios, la recaudación tributaria y la inflación. Por eso, la pregunta que nos deberíamos hacer (y, suponemos, se están haciendo los equipos técnicos del Fondo Monetario) es qué va a pasar con estas variables.
Podemos imaginar varios escenarios. Uno, muy malo desde el punto de vista de crecimiento y bienestar, es que “nada cambie”. Esto implicaría que la inflación se mantenga en los niveles de 2021 (en torno al 50%) y los salarios y recaudación sean estables en términos reales, sin recuperación alguna. Un ejercicio rápido de simulación muestra que este escenario de estanflación resultaría en un aumento del gasto previsional de casi el 4% en 2022 y luego estabilidad (cabe recordar que diez puntos de aumento del gasto previsional implican aproximadamente un aumento del gasto público en un punto del PBI.).
Siendo un poco más optimistas, ¿qué pasaría si lográsemos que baje la inflación (por ejemplo, unos 10 puntos cada año para que ronde el 40% en 2022, el 30% en 2023, el 20% en 2024 y el 10% en 2025) pero con políticas tan restrictivas que depriman la actividad económica y mantengan estables los salarios y la recaudación? La simulación dice que el aumento del gasto sería apenas más alto que en el escenario anterior para 2022, pero luego continuaría creciendo y, hacia 2025, mostraría un acumulado de algo más del 10%. En otras palabras, el gasto previsional subiría suavemente hasta sumar un punto más del PIB en cuatro años. Si, en cambio, el programa económico fuera exitoso en promover crecimiento aún sin bajar la inflación, el impacto fiscal se complicaría. Suponiendo que, con inflación estable en torno al 50%, los salarios crezcan al 1% y la recaudación al 3% anual real, el gasto previsional aumentaría un 6.7% en 2022 y un acumulado del 22% hasta 2025.
Finalmente, si la economía toma un camino más positivo y al mismo tiempo baja la inflación y suben salarios y recaudación, el escenario del impacto fiscal del sistema previsional sería crítico: un aumento del gasto del 7% en 2022 y el 30% en 2025. En otras palabras, si la economía mejora, el gasto previsional aumenta en 3 puntos del PIB.
Entonces, todo indica que estamos ante una encerrona. Si el programa económico es exitoso y bajamos la inflación mientras crecemos, subirá el gasto. Si sube el gasto, se complica el equilibrio fiscal, la credibilidad macroeconómica y el acuerdo con el FMI. En eso, la realidad argentina se parece al juego de la oca: podemos ir avanzando y acercarnos al éxito, pero si no tenemos cuidado y caemos en la casilla 58 (la de la calavera!) nos mandan de vuelta al inicio de la partida, mientras otros siguen avanzando.
No parece haber salida sin una reforma profunda del sistema previsional. Desde CIPPEC estamos trabajando para identificar los temas más críticos y generar propuestas superadoras. La regla de movilidad previsional es uno de los aspectos que hemos analizado, mostrando la necesidad de revisarla con urgencia para eliminar los efectos mencionados, pero además identificamos otros problemas, como la fragmentación (tenemos más de 170 regímenes distintos en vigencia) con condiciones excepcionales e inequitativas para muchos grupos (que reciben beneficios antes y mejores que el resto de la población), la duplicación de beneficios, que permite que más de un millón de personas cobren al mismo tiempo una jubilación y una pensión, o la aplicación de reglas para determinar los haberes que generan injusticias e incentivos negativos, entre otros muchos problemas. Necesitamos un sistema previsional más flexible, que proteja a toda la población, reconozca la heterogeneidad en el mercado de trabajo sin generar fragmentaciones o inequidades y asegure la sostenibilidad en el mediano plazo. Corregir estos problemas tendrá impacto en el mediano plazo, pero generará condiciones para poder crecer y mejorar la protección social al mismo tiempo. Si no abrimos una discusión seria sobre el rol del sistema previsional en Argentina las chances de superar la casilla 58 de nuestro juego de la oca y entrar en un camino de crecimiento y mejora de bienestar sostenido será pocas, con o sin acuerdo con el FMI.
RR
Director del Programa de Protección Social de CIPPEC