Las cifras deberían hablar por sí mismas. El 44 % de las personas en la Argentina se encuentran por debajo de la línea de pobreza y el 10 % perforó el piso de la indigencia. Si estos datos no son demasiado contundentes, la realidad exhibe otro número violento: el 64 % de los niños, niñas y adolescentes son pobres. En el otro extremo, la ONG Oxfam estimó que la fortuna de los milmillonarios argentinos aumentó de 8.800 a 11.200 millones de dólares durante la pandemia. Datos, no opinión, en el país en que cada diez minutos cambia todo y diez años después no cambió nada.
En el gobierno del Frente de Todos insisten en que sin la Asignación Universal por Hijo, el Ingreso Familiar de Emergencia, la Tarjeta Alimentar y el resto de los programas de asistencia estatal, la situación sería mucho peor. Con el mismo razonamiento se podría afirmar que con mayor intervención el panorama habría sido bastante mejor. Planteada en esos términos, la polémica carece de sentido porque los pobres que sobran son los recursos que faltan.
Y los recursos faltan por la convalidación del fraude de la fiesta financiera y el endeudamiento serial del macrismo y sus precursores. Una deuda que, según un informe oficial del Banco Central, sirvió para financiar la campaña electoral de Mauricio Macri y favoreció una fenomenal fuga de capitales. La legitimación de la deuda —sin ni siquiera una investigación— es una de las continuidades del cambio. La cuestión no radica en la quita moderada o en los años de gracia que se pactaron con los bonistas privados o en la negociación ahora en curso con el Fondo Monetario Internacional, sino en la austeridad “voluntaria” que esos acuerdos impusieron en el gasto público. La orientación de la política económica estuvo y estará determinada por las coordenadas restrictivas impuestas por la herencia de la deuda eterna. En el primer año de Alberto Fernández, los pagos de deuda pública superaron los 5.000 millones de dólares, más de lo que se destinó al IFE durante la cuarentena. Datos, no opinión.
La pandemia es otro de los refugios a los que recurre el oficialismo para explicar el origen todos los males y los estragos en los indicadores sociales. Sin embargo, una de las primeras medidas adoptadas antes de que supiéramos de la existencia del virus injustamente atribuido a la sopa de Wuhan, fue suspender la movilidad previsional para ajustar a jubilados, jubiladas y beneficiarios de prestaciones sociales. Eso sucedió a fines de diciembre de 2019, antes de la propagación del Covid por el mundo. Un ajuste rubricado después por el Senado, que aprobó la nueva fórmula el mismo día de la media sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la cámara de Diputados. Retocar la fórmula para el cálculo de los haberes en el momento exacto en que la vieja fórmula podría comenzar a favorecer a los jubilados y jubiladas ya se transformó en una costumbre nacional. El efecto fiscal alcanzado por la suspensión de la fórmula previsional durante todo el 2020 fue una reducción del gasto público de más de 98.700 millones de pesos. Una de las exigencias de los programas de “facilidades extendidas” —solicitado al Fondo por el Gobierno— es, precisamente, una reforma previsional para “ahorrar” en jubilaciones y pensiones. Datos, no opinión.
El último recurso de la justificación del ajuste con rostro humano (al que no quieren llamar ajuste, como si por cambiar el nombre cambiara en la realidad) se aferra a la sacrosanta “relación de fuerzas”. Percibida como la ley de gravedad se la considera un hecho consumado e inmutable. Sin embargo, la relación de fuerzas varía por acción u omisión. Mientras el lobby del frente social que integra el establishment —que no considera del todo propia a la actual administración— operó activamente con los métodos clásicos del vandorismo empresario, la CGT y los dirigentes de los llamados movimientos sociales mantuvieron una quietud inédita para la historia contenciosa de la Argentina. Esa omisión hizo su aporte por default a la famosa relación de fuerzas. Pero también hubo acciones manifestadas en dos modos de operar completamente opuestos: Vicentin y Guernica. La cerealera radicada en Santa Fe llevó adelante un desfalco a cielo abierto con una canilla libre en el Banco Nación y fue absuelta mientras esperábamos al Godot de la propuesta superadora del gobernador Omar Perotti. Los condenados de la tierra en Guernica dejaron en evidencia el drama inenarrable de la gente sin casa y las casas sin gente y fueron desalojados con el puño visible de Sergio Berni. El retroceso en desorden frente a Vicentin y la dureza del orden ante Guernica hicieron su contribución no menor a la anatomía de la relación de fuerzas. Las grandes cerealeras mantienen el monopolio privado del comercio exterior y las empresas desarrolladoras podrán continuar con la apropiación de la tierra para el meganegocio inmobiliario. Hechos, no opinión.
En estas ruinas circulares de larga agonía argentina de los últimos cuarenta o cincuenta años asistimos a la repetición de ciclos de saqueo y recomposición. Los que saquean no son los mismos que los que recomponen, pero los que recomponen no quiebran la dinámica endiablada y preparan las condiciones para el próximo saqueo. Las administraciones posteriores a la dictadura diseñaron sus planes sobre las estructuras legadas por la pesada herencia económico-social del genocidio. El menemismo culminó la obra de desmantelamiento estatal, flexibilización laboral, endeudamiento salvaje y quiebre de la “columna vertebral” alguna vez conocida como clase obrera argentina. Menem pudo darle el tiro de gracia al “partido militar” porque le expropió el programa para aplicarlo democráticamente. Quienes vinieron después fueron “posneoliberales” en dos sentidos: el meramente temporal, porque arribaron después del neoliberalismo, pero también porque se asentaron sobre sus bases que nunca fueron revertidas, al margen de las recuperaciones permitidas por la expansión económica. Macri y su banda llevaron adelante un plan de expoliación para un país atendido e hipotecado por sus dueños. Hoy presenciamos la convalidación de más 20 puntos de pérdida del salario en los últimos tres años, la aceptación de la auditoría permanente del FMI, la profundización del extractivismo y la primarización de la economía y un salto en la pobreza y la desigualdad. Opinión, seguramente, pero en base a datos y a hechos.