El DNU 70/23 ordenado por el presidente Javier Milei es una re-regulación que puede alterar coordenadas y tocar intereses consolidados del ecosistema de servicios infocomunicacionales. Grupos nacionales que ostentan posiciones de dominio en telecomunicaciones y el sector audiovisual de pago pueden sufrir la incursión de conglomerados extranjeros que estaban inhabilitados a operar con servicios convergentes o en ciertos mercados delimitados, sobre todo por la apertura a la oferta cruzada de servicios que incluyan la tv satelital. En compensación, los negocios de grupos nacionales sacarán tajada de otros artículos del decreto si este queda vigente -lo que depende de su derrotero judicial, de la presión política que realice el Poder Legislativo y de la oposición social en ciernes-.
Integrado por miles de empresas y cooperativas de conectividad a Internet, telefonía fija y móvil, televisión de pago y servicios audiovisuales, el ecosistema infocomunicacional argentino es, sin embargo, altamente concentrado. Pocos grupos se disputan su primacía y capturan su renta a gran escala. La incidencia de cada actor de este conjunto variopinto en las políticas públicas suele ser directamente proporcional a su volumen.
El segmento más masivo y dinámico del ecosistema es el de las comunicaciones móviles. Con sus más de 60 millones de líneas activas en un país de 46 millones de habitantes, los ingresos del mercado móvil ($565 millones en junio último) superan la facturación sumada de la tv paga ($234 millones), acceso a Internet fija ($198 millones) y telefonía fija ($85 millones).
Los tres protagonistas corporativos de las comunicaciones móviles son Personal (Telecom), Claro (América Móvil) y Movistar (Telefónica). Estos proyectan su dominio a futuro gracias a la licitación 5G realizada en los últimos dos meses de gobierno de Alberto Fernández, lo que a su vez les impone obligaciones de despliegue de redes y colaboración entre ellos, dada la escala de inversiones que la tecnología 5G exige. De ellos, sólo Telecom tiene mayoría accionaria de empresarios argentinos (Grupo Clarín) y un socio minoritario mexicano (David Martínez). Telecom es, al mismo tiempo, el único conglomerado activo en todos los demás mercados de conectividad fija a Internet, tv paga, tv abierta, radio, medios online y prensa donde, además, ejerce posición dominante. Varios de estos segmentos son también alcanzados por el DNU de Milei, favoreciendo los intereses más concentrados.
Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital
En comparación a Telecom, Claro y Movistar, de capitales mexicanos (Carlos Slim) y españoles (Telefónica) respectivamente, demoraron el desarrollo de redes fijas y robustas de conectividad, en parte por impedimentos regulatorios de los últimos 15 años. Milei, con su DNU, los despeja. Mientras Telefónica afronta desafíos financieros en su casa matriz -donde el Estado español reingresa como accionista- que restringen su proyección en la Argentina, Claro es el líder consolidado de las telecomunicaciones en toda América Latina y su apetencia expansiva es citada en rumores de la rosca política y empresarial que comprometen a la estatal ArSat.
La clasificación de la tv satelital como un servicio análogo al de la tv por cable dispuesta por el DNU 70/23 habilita a Claro y Movistar a operar en un mercado en el que reinaba en soledad DirecTV (Grupo Werthein, uno de cuyos miembros, Gerardo, fue designado por Milei como embajador en EEUU) lo que puede impactar sobre dos conglomerados de capitales mayormente argentinos: Telecom/Cablevisión/Flow y DirecTV. A su vez, Telecom/Clarín y Werthein son gratificados por varios artículos del DNU.
Telecom, controla más del 40% de los abonos a la tv paga de modo directo (sin contar asociadas). Este servicio, generalmente comercializado en forma paquetizada con la conexión fija a Internet y la telefonía, fue integrado por Telecom gracias a la fusión con Cablevisión/Flow lubricada por el expresidente Mauricio Macri. Y si bien Movistar y Claro han desplegado redes de cable y conectividad fija a Internet en el último lustro, su participación en estos mercados es reducida. Además, Claro y Movistar se quejan -al igual que otros operadores de menor tamaño- de obstáculos normativos a niveles municipales, pues hay gobiernos (como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que imponen obligaciones para el tendido de nuevas redes fijas que no exigen a los viejos operadores (como Telecom), en un caso distorsivo de lo que enseñan los manuales de defensa de la competencia.
Con la habilitación a la oferta cruzada decretada por Milei, y con una inversión menor que la del despliegue de redes físicas, grupos como Claro podrían retomar su proyecto de tv paga vía satelital, sorteando los obstáculos de municipios para nuevas redes fijas, y comercializar tv paga a través de las señales que ya gestionan servicios en países vecinos. Esta posibilidad expondría también el interés del Grupo Werthein, al introducir competidores en el mercado donde DirecTV opera en soledad. En compensación, con el DNU de Milei, el prestador de tv satelital de su embajador en los EEUU podrá expandir negocios a otras ramas que le estaban vedadas por la distinción que existía entre la licencia de tv satelital, que era exclusiva e incompatible con cualquier otra, y la de tv por cable, que podía ser explotada en forma convergente con las de otros servicios infocomunicacionales (de ahí la potencia del paquete Telecom/Cablevisión/Flow). De la mano de Milei, el proyecto de fibra de DirecTV recibe el espaldarazo estatal que necesitaba Werthein.
En cambio, la probabilidad de que la comercialización de servicios satelitales de órbita baja, como Starlink, muevan el amperímetro de las comunicaciones argentinas, es menor. Starlink, del multimillonario Elon Musk -evocado por Milei en la cadena nacional en la que difundió ejes del DNU-, vende conectividad que puede ser atractiva para empresas o sectores de altos ingresos en el medio rural, pero la velocidad de la conexión y su precio (100 dólares mensuales) no son variables competitivas en localidades donde ya hay operadores con propuestas de mejor calidad y precios más accesibles.
La letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista
El mega-decreto de Milei elude toda precisión sobre tasas y gravámenes de los operadores. En la norma no hay indicios de decisiones y debates regulatorios que ocupan la agenda en otros países, como el cobro a empresas “over the top” (OTT) como Netflix o Disney+ de las contribuciones que podrían colaborar con la infraestructura de conectividad, algo de loque se ocupa el Fondo de Servicio Universal (FSU) administrado por el ente gubernamental de comunicaciones (ENaCom).
Así, la letra chica de los negocios, cargas y beneficios del mercado infocomunicacional queda reservada a la discrecionalidad de la conducción estatal ejercida por el mandatario anarcocapitalista. El DNU 70/23 tampoco alude a los precios de telecomunicaciones y TIC que, tras la suspensión judicial del DNU 690/20 del expresidente Fernández que pretendía regular precios minoristas, aumentaron a un ritmo algo superior a la inflación.
Ironías de la regulación por decreto, el DNU de Milei rescata la calificación de “servicios esenciales” del denostado DNU de Fernández, pero lo hace para limitar eventuales reclamos y medidas de fuerza de los trabajadores de telecomunicaciones y TIC. En este rubro el saldo del decretazo de Milei no arroja perdedores entre los conglomerados que dominan el mercado: la reducción de los “costos laborales” los une en celebración.
MB