La inseguridad es una de nuestras grandes preocupaciones. No es una novedad: desde hace más de 20 años que lidera la lista de prioridades de la ciudadanía. Si bien es transversal a todas las clases sociales, la evidencia señala que son los más pobres quienes más frecuentemente son víctimas de delitos y están expuestos a situaciones de violencia. Sabemos también que son los barrios populares los más relegados en el acceso a dispositivos públicos y privados de protección (cámaras, luminarias, alarmas) y a políticas de prevención. Durante estas dos décadas cambiaron las características de los delitos, de la victimización, de los mercados ilegales y por ende de las organizaciones criminales. Sin embargo, muchas propuestas presentadas en la campaña presidencial 2023 apelan a políticas anacrónicas que fracasaron en nuestro país y en otras latitudes. Por ejemplo, la promoción de la libre tenencia de armas de fuego es una medida que, de aplicarse, agravará nuestras condiciones de seguridad actuales.
La evidencia internacional muestra que la mayor circulación de armas se vincula con el aumento de los homicidios. Muchas de las armas que las personas adquieren para protección personal terminan involucradas en el desenlace fatal de accidentes, conflictos interpersonales y aumentando la letalidad de los intentos de suicidios. Tener un arma de fuego incrementa la posibilidad de ser asesinado o gravemente herido en un intento de robo. Tras la falsa idea de protección se esconde un aumento del riesgo. Además, estas armas terminan alimentando el mercado ilegal y usándose para cometer delitos. Para prevenir el delito complejo, así como delitos comunes es central sacar de circulación las armas y las municiones ilegales y avanzar en una mayor eficiencia en la regulación, control y trazabilidad de las armas de fuego.
Una constante en materia de seguridad es el lanzamiento de políticas como respuesta a la emergencia, frente a casos dramáticos y dolorosos. Esto sesga y distorsiona las prioridades y desorganiza la respuesta estatal e inhibe la discusión especializada. La ausencia de evaluaciones de las medidas adoptadas y de indicadores conspira contra la construcción de políticas eficaces. Uno de los pocos datos confiables es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que descendió de forma notable: mientras en 2002 era de 9 homicidios cada 100.000 habitantes en 2022 es 4, 2 homicidios.
En todos los grandes centros urbanos se verifica este descenso, con la excepción de Rosario que requiere un abordaje distinto dada su excepcionalidad. Desde 2015 existen datos oficiales sobre femicidios que muestran que mientras el resto de los homicidios dolosos descienden, los femicidios se mantienen estables. Esto permite inferir la especificidad de la violencia letal por razones de género y la necesidad de políticas e instituciones dedicadas a abordarla. También la importancia de las políticas de construcción de datos que colaboren en la identificación de los fenómenos criminales, al mismo tiempo que permitan evaluar la eficacia (o no) de las medidas adoptadas.
Uno de los principales problemas de las grandes ciudades son los robos en general y los robos violentos en particular. Sabemos que el aumento en la circulación de armas podría agravar este problema y que necesitamos respuestas diferenciadas e inteligentes. El robo de celulares, bicicletas y motos se han convertido en los delitos que más afectan y mayor daño producen a quienes transitan las grandes ciudades de la Argentina, especialmente la Ciudad de Buenos Aires y las del Conurbano. Las respuestas habituales de despliegue y saturación en la vía pública de policías y móviles, demuestran ser insuficientes. Lo mismo ocurre con la video vigilancia, un instrumento muy útil para el esclarecimiento, pero muy poco efectivo para la prevención.
El ENACOM, organismo del Estado que controla a las empresas de telefonía celular, tiene que introducir normas que conviertan los celulares robados en aparatos inútiles
¿Qué se puede hacer? Hay que fortalecer los dispositivos policiales y judiciales de investigación criminal para desarmar los circuitos que aceitan el funcionamiento de los mercados ilegales por ejemplo de celulares robados. Hay que trabajar en la persecución criminal de sitios web, incluso legales, servicios de reparación, entre otros espacios de desbloqueo, blanqueo de datos y comercialización. También el ENACOM, organismo del Estado que controla a las empresas de telefonía celular, tiene que introducir normas que conviertan los celulares robados en aparatos inútiles. La normativa actual del ENACOM no ha frenado el crecimiento del mercado ilegal de dispositivos disociados de usuario. Estos son sólo algunos ejemplos de líneas de política pública capaces de ayudarnos a vivir mejor. Desde En Foco Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia, estamos trabajando en la difusión de propuestas concretas y probadas en algunos municipios del Conurbano, tanto como en otras latitudes.
Esta columna fue escrita por Sabina Frederic y Angela Oyhandy del Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia “En foco”.
SF/AO/JJD