Los intersticios entre un Gobierno saliente y uno entrante son inciertos. La gestión se paraliza mientras especulaciones y rumores entretienen a los espectadores, un equipo se despide y otro se conforma. En las últimas semanas Argentina se encontró en este estado, anárquica, llena de nada, pero esta semana se conocieron las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei, su alineación inicial. Para sorpresa de muchos, el Gobierno no implementará una dolarización en el corto plazo, sino un programa de ajuste de shock.
El programa presentado se parece más a un plan de estabilización tradicional de corte ortodoxo que a la excentricidad de eliminar la propia moneda. El plan está basado en un fuerte ajuste fiscal, que llevará a la eliminación del déficit financiero del Estado nacional, mitad por la vía de aumentar ingresos (se elevan los impuestos al comercio exterior, al ingreso y al patrimonio) y mitad mediante un recorte del gasto (los beneficiarios de prestaciones sociales y subsidios, las obras públicas y las provincias serían los principales damnificados). Al mismo tiempo, el Banco Central anunció un nuevo marco de políticas cuyo componente principal es una fuerte devaluación del tipo de cambio (que saltó 118% y se desplazará, desde ahora, al 2% mensual). No se anunció, por el momento, ninguna política de administración de los salarios ni suba de las remuneraciones públicas o el salario mínimo legal.
El programa recuerda a aquellos realizados en Brasil y México en 1983. En ambos casos, se realizó un importante ajuste fiscal de la mano de una fuerte devaluación (manteniendo la administración del tipo de cambio después) y se hizo un intento deliberado por reducir los salarios reales. Los dos programas redujeron los desbalances externos y fiscales de los que partían, pero a un costo altísimo: el PBI per cápita se desplomó (5,5% en Brasil y 6,9% en México) y la inflación promedio se aceleró (de 100% a 135% en el caso brasileño y de 59% a 101% en el mexicano). En ambos países la inflación siguió siendo crónica y se requirió un nuevo plan de estabilización con elementos diferentes pocos años después (el plan mexicano lo logró y el brasileño no tuvo éxito, pero esa es otra historia).
El plan Caputo sabe parecido. El propio Banco Central dijo explícitamente que pospondría la liberación del cepo hasta resolver los problemas fiscales y externos actuales, y reducir los desbalances monetarios heredados. Este parece ser el verdadero objetivo de las medidas anunciadas: licuar los pasivos en pesos del BCRA y los gastos del Tesoro, mientras se procesan -necesarios- cambios de precios relativos con una aceleración inflacionaria de partida. En este lapso también se reducirán las importaciones, permitiendo recuperar un flujo neto de divisas favorable.
Un análisis preliminar del programa permite afirmar lo siguiente:
1) Lo que se viene será muy duro en términos de inflación y de actividad. Esta afirmación puede resultar una trivialidad, ya que el propio Milei lo dijo. Las variaciones mensuales de los precios se ubicarán por un buen tiempo en 2 dígitos, pudiendo rozar valores hiperinflacionarios (típicamente, se define así a los aumentos mayores al 50%). Los salarios quedarán rezagados, afectando al consumo privado. El consumo público y la inversión del Estado no mostrarán mejores desempeños, haciendo que la actividad económica sufra.
2) Los más afectados serán los de abajo. La inflación golpea de sobremanera a los más pobres, que tienen menos posibilidades de cubrir sus ingresos de la inflación, menos facilidad para reinsertarse laboralmente si pierden su empleo y menos ahorros a los que acudir para mantener su nivel de vida. Además, las “salvaguardas sociales” anunciadas son mínimas. Se aumentará la Asignación Universal por Hijo y el programa Alimentar, pero se congelará el Potenciar Trabajo (todo esto, sujeto a lo que pueda aprobarse sin pasar por el Congeso). Este último programa es el más grande de los tres, por lo que las transferencias netas podrían ser menores que si no se hubiera hecho nada. Además, abarcan segmentos distintos de población, por lo que algunas personas pobres recibirán menores transferencias del Estado en un contexto de agravamiento de la crisis.
3) Habrá una segunda etapa. Lo anunciado hasta aquí tiene elementos transitorios como la suba de impuestos, la mantención de regulaciones cambiarias y un ritmo preanunciado de devaluación significativamente menor a la inflación. Esto implica que en algunos meses (¿quizás tres? imposible saberlo) habrá un segundo combo de medidas que se planteen como “más permanentes”. Es difícil acusar de gradualista al programa en cuestión, pero no está todo dicho en materia de apertura del cepo, desregulación económica, sistema impositivo y esquema cambiario.
Las condiciones de la economía hacían necesario un ajuste fiscal y una devaluación, no decirlo sería intelectualmente deshonesto. No es eso lo que se critica desde estas líneas, sino la magnitud de ambas (lo que llevará en lo inmediato a una mayor inflación que la que podría haberse alcanzado con planes alternativos) y la falta de elementos complementarios como políticas de ingresos, acuerdos de precios-salarios y/o aumentos de las transferencias que protejan el entramado social. De cualquier manera, cada programa de estabilización es distinto y habrá que esperar a los resultados para dar un veredicto definitivo.
JW