Sólo 24 horas separan la presentación de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC) de un nuevo episodio de represión en la localidad catamarqueña de Andalgalá. Los estruendos no fueron de las palabras, sino de fusiles anti-motines de la policía contra andalgalenses que hace semanas vienen denunciando afectaciones del mega-proyecto minero MARA (controlado por la canadiense Yamana Gold) sobre la cuenca hídrica que riega sus economías y sus vidas. Los cuerpos de les vecines buscaban detener el avance de una explotación que no tiene licencia social; los disparos de la policía, abrir paso a la fuerza de vehículos al servicio de la empresa.
A 1600 km de aquel pulcro escenario, donde encumbrados funcionarios del Gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. Adalid de la embestida, el ministro de la producción Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por la “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”.
El anuncio de la MEMAC no trae nada nuevo; vuelve a reflotar un guión viejo y desgastado, largamente conocido. Sus orígenes se remontan al libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para legislar e impulsar la actividad en los países del Sur Global. Del riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem, impulsor de las “reformas”) a Matías Kulfas, una larga lista de funcionarios grises asume como “misión de estado” preservar y justificar los intereses del capital minero transnacional, aún a costa de la represión de sus poblaciones.
El anuncio de la MEMAC no trae nada nuevo; vuelve a reflotar un guión viejo y desgastado, largamente conocido. Sus orígenes se remontan al libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial
Porque fue ese el objeto de las “reformas mineras” de los ’90. Diseñadas a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre” (1973), el Banco Mundial impuso ese modelo con créditos extorsivos en toda la región; incluso en África y Asia. Acá tocó el turno en 1993, con la ley de inversiones mineras N° 24.196 y correlativas. Pero antes que fuera refrendada por un gobierno nacido de elecciones, esa misma legislación tuvo su antecesora en la Ley N° 22.095 (26 de octubre de 1979) de la última dictadura.
Desconozco si lo sabrá el ministro Kulfas, pero su guión del pasado lunes 02 de mayo, ya fue ensayado décadas atrás, por el emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien, en sus “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”, afirmaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”. Lo que sigue del texto iba a justificar los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que se concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones hasta hoy vigentes.
No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.
Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas del terrorismo de estado) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Sin embargo, lejos de ello, hoy, como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.
Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Es un antiquísimo reflejo colonial que se remonta a los orígenes mismos de Nuestra América; un discurso formalizado por Ginés de Sepúlveda -en la conocida “Disputa de Valladolid” (1550)- procurando justificar el genocidio operado por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.
Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales que suponen “inhóspitas”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), la verdad es que el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares”. Como en la época de Martínez de Hoz -en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo-, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).
La MEMAC “nace” de las urgencias y exigencias (auto)impuestas por “la deuda”. De la firma del “acuerdo”, a la inauguración de la MEMAC y a los gatillos detonados en Andalgalá -pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino; la balacera en Chubut con el mismo propósito; la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra-, lo que se forja son eslabones de una misma cadena. La cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales; políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.
Como advirtiéramos casi al inicio de este gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas. Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.
El problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista
Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó completamente por alto la aceptación (unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional”. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias (así erigido como “único medio de pago” al que “echar mano”) refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico de la clase política. Las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos; nadie cuestiona el cómo. No hay grieta para el extractivismo. Así, se abre paso a la convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios.
La presencia estelar del presidente del Banco Central en la MEMAC tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes, la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA. Esto se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto representa inversiones por más de u$s 4.000 millones y exportaciones por u$s 1.200 millones a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables, también mil millonarias; por caso, las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá… Nada de eso les parece relevante.
Aún cuando concediéramos dejar de lado la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” de este modelo de minería, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista. La legislación minera está hecha a la medida de los capitales, no del país. Como admitiera un conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país; luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL y CEO de Barrick Gold), la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica –en términos muy claros y simples- que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional” (Fernando Sánchez Alvabera, “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”, 2005, Cepal).
En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas transnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua. Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más, nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido investigador del tema: “Tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”, 2007, p. 284). Si nada, estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?
El autor de esta columna es del Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur, IRES, CONICET-UNCA
HMA