“Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio al peronismo”. Cristina Kirchner abrazó al peronismo como último recurso de su descargo en el juicio por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Si, como presume, la vicepresidenta es condenada, la condena caerá entonces sobre el movimiento que fundó Juan Perón, centro de gravedad de la política argentina de los últimos ya casi 80 años. Fue una curiosidad que ella misma pidiera cantar la marcha peronista a los militantes que la vivaron cuando salió a los balcones del Senado, después de su exposición de más de una hora y media desde su despacho de la presidencia de la Cámara. La idea de Perón que se ha fortalecido en la ex presidenta es la del león herbívoro, el general que volvió al país después de los largos años de exilio en busca de la concordia política y la unidad nacional. Nada más lejos de las construcciones políticas del matrimonio Kirchner.
El paraguas del peronismo que hoy busca Cristina Kirchner está dado vuelta, sacudido por la tempestad que se cierne sobre la vicepresidenta. Ha habido algunas solidaridades, la del presidente Fernández y la conducción de la CGT, entre las más destacadas, y es probable que las siga habiendo. Pero no parecen destinadas a cambiar las cosas.
Acaso podrían haber servido en el comienzo del gobierno del Frente de Todos, la construcción política que les permitió a la ex presidenta y a todos los pedazos sueltos del peronismo inesperadamente y por obra del fracaso del gobierno de Mauricio Macri, regresar al poder. Cristina Kirchner tiene qué reprocharle, como lo ha hecho en estos años de gobierno, al Presidente.
No hay constancia de cuáles han sido los compromisos que asumió Alberto Fernández en el acuerdo con Cristina Kirchner que lo llevó -también impensadamente- a la presidencia de la Nación. Sólo ellos conocen sus términos. Si contemplaba una solución al complejo frente judicial de la vicepresidenta está claro que el Presidente no ha cumplido con este apartado.
Durante años el kirchnerismo se aseguró impunidad en la Justicia mediante un sofisticado mecanismo al que contribuían agentes de inteligencia y operadores judiciales, hay que decir, calificados en lo suyo. Esa construcción, que saltó por los aires en el último tramo del mandato de CFK, acaso tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, nunca fue reconstruida. En algún sentido, si esa era una responsabilidad de Alberto Fernández, de mínima puede decirse que su gestión es una mala copia de la de los Kirchner.
Aquí los caminos se entrecruzan. Fernández no ha podido avanzar en la reforma que proponía para la Justicia federal de Comodoro Py, en buena medida por el escaso interés de su vicepresidenta, que no dudó en descalificar la iniciativa. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir”, dijo ella a mediados de 2020, a poco de su tratamiento en el Senado. El proyecto tuvo, con todo, media sanción de la Cámara, pero encalló en Diputados; el Presidente lo recordó recientemente.
Desde el poder político que representa Fernández tampoco se pudo avanzar con la designación del procurador general, jefe de los fiscales, cargo para el que el Presidente había propuesto al juez federal Daniel Rafecas. En este caso, no pasó del Senado. El cargo sigue en manos de Eduardo Casal, procurador interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, empujada por el macrismo. El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, por el que se modifica el procedimiento de designación y destitución del procurador general, obtuvo media sanción del Senado pero nunca pasó el filtro de Diputados.
La salida de Marcela Losardo, cercana al Presidente, del Ministerio de Justicia, en marzo de 2021, fue el primer cambio que la ex presidenta Kirchner forzó en el gabinete de Fernández. A Losardo se le recriminó públicamente su inacción ante el avance de las causas contra la vicepresidenta. Su reemplazo, el rionegrino Martín Soria, lejos ha estado de cambiar las cosas. La influencia del cristinista Martín Mena, número dos del ministerio, en ámbitos judiciales también se mostró poco eficaz.
Podemos sumar la situación del Consejo de la Magistratura, que agotó los plazos previstos para una reforma y quedó en manos de Horacio Rosatti, de la Corte Suprema de Justicia, anatema de la ex presidenta (la Corte y también Rosatti).
Se puede decir que la vicepresidenta ha quedado desnuda ante la Justicia, un poder al que conceptualmente ubica por debajo del Poder Ejecutivo, donde para ella radica el verdadero espíritu, decisionista, de la democracia. Un espíritu del que, a su juicio, carece el delegado Fernández. ¿Desconocía la ex presidenta esta característica de su antiguo jefe de Gabinete?
Si admitiéramos que Crisitina Kirchner se ha quedado sin cobertura, hay que decir que se hace difícil adherir al concepto teoría del lawfare, la doctrina sobre persecución política que articula conceptualmente todas sus defensas ante los jueces. El propio comportamiento de la Justicia lo descalifica.
En abril del año pasado, la Sala I de la Cámara de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña archivó la investigación contra la vicepresidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por operaciones con el dólar en el mercado de futuros por inexistencia de delito. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes.
En octubre del mismo año, la ex presidenta fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en el trámite por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral. Los jueces que lo integran son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.
En noviembre, el Tribunal Federal Oral Nro. 5 dispuso el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa por lavado de dinero y asociación ilícita conocida como Hotesur-Los Sauces. La decisión del tribunal se conoció antes de que comenzara el juicio oral. La Cámara de Casación revisará en breve ese fallo.
No es menor que el sobreseimiento por Hotesur, una de las investigaciones que más comprometen a la familia Kirchner, haya sido dictado después de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas que se celebraron ese mismo mes. Sin embargo hay una relación directa entre el avance de las causas en la Justicia y la pérdida relativa de poder de la ex presidenta.
Cristina Kirchner tuvo otra vez al país atento a su drama. A diferencia de Néstor, ella ha ejercido una dominación de tipo carismático y su magnetismo es incuestionable. Todo es tan cierto como el proceso de lenta pero progresiva declinación de su liderazgo, anclado hoy en una minoría de un país políticamente fragmentado.
Será bueno saber cuál es el grado de identificación del peronismo con el trance de su última gran líder. Preguntarse entre otras cosas si el peronismo se considera, como ella ha dicho, también juzgado.
WC