Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema privilegiado de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.
Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”, sea quien -a su manera- más nota toma de esta brecha). Pero más allá de su grado de relevancia para las personas de a pie -como si cuantificarlo fuera tarea sencilla-, sabemos poco acerca de su significado; es decir, cómo se sedimentan socialmente estas controversias y se convierten en maneras de percibir, vivir y relacionarse con las instituciones políticas y judiciales.
A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, realizamos una encuesta a 840 residentes del AMBA de 16 años y más con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?
Reforma
Empecemos por el final: una de las preguntas que le formulamos a los participantes de este estudio fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.
A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.
Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos más sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%.
Los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%
Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas (que parecería corroborar una sintonía entre la dirigencia y la base electoral), resulta notorio el nivel relativamente alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas (de hecho, las ideas de “transparencia” y “democracia” pueden ser objeto de discusión en sí mismas), sí queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.
Intereses y poder
Otra de las preguntas que les planteamos a los encuestados fue con qué intereses asocian al Poder Judicial. Si bien las opciones que ofrecimos fueron exploratorias y no necesariamente excluyentes, los resultados son a todas luces reveladores: un 21,1% sostiene que el Poder Judicial responde al Frente de Todos; un 15,7% a Juntos por el Cambio; un 13,9% a los políticos de turno; un 13,3% aduce que es independiente y defiende los intereses de la república; un 13,2% afirma que protege sus propios intereses corporativos; un 6% responde que está asociado a los intereses de los empresarios; y un 16,8% dice que no sabe u opta por no contestar. Si agrupamos estos datos según las respuestas que reflejan una idea de independencia judicial en contraposición a las que no, sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente y un 69,9% considera que no lo es.
Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree que defiende los intereses de los empresarios
Al estudiar estas respuestas en función de la intención de voto para 2023, constatamos que las percepciones sobre el Poder Judicial están relativamente atravesadas por la polarización política: entre los votantes del Frente de Todos, un 39,4% considera que la justicia responde a Juntos por el Cambio; y entre los votantes de Juntos por el Cambio, un 33,5% sostiene que se vincula al Frente de Todos. Pero, naturalmente, estos datos implican que también hay otras miradas. Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree (al menos como primera opción) que defiende los intereses de los empresarios.
Claro está, son muchos más los datos potencialmente relevantes para examinar sociológicamente qué está sucediendo en la relación de la población con las instituciones. Y, sobre todo en la coyuntura actual, cabe mencionar que las adscripciones político-electorales difícilmente sean las únicas variables que explican cómo hoy por hoy vivimos la política y entendemos la cuestión judicial: acaso haya que atender con suma atención a cómo la pertenencia generacional y la relación con el mercado laboral inciden en nuestras formas de experimentar la vida pública. Pero, en cualquier caso, los hallazgos que aquí expusimos ofrecen algunas ideas preliminares sobre lo que sucede con esta sostenida crisis político-institucional más allá de la dirigencia política.
*Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos
IDAES -UNSAM