En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones sociales, de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron su preocupación por el decreto 780/24, firmado recientemente por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública. Las entidades firmantes, entre ellas ACIJ, Amnistía Internacional, CELS y Poder Ciudadano, sostienen que el decreto representa una regresión significativa en materia de transparencia y acceso a la información, al ampliar de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía.
El decreto 780/24, según las organizaciones, contradice los principios establecidos en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, al otorgar a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué información es considerada de interés público y cuál queda en la esfera privada de las autoridades. Esta discrecionalidad, aseguran, protege especialmente a los funcionarios de escrutinio público, debilitando los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Además de las organizaciones mencionadas, el comunicado cuenta con el respaldo de otras entidades de distintas provincias del país, incluyendo a ARPIAS (Salta), CAREF, la Campaña por el Aborto (Salta), CEPPAS, CIPPEC, FOPEA, Fundación Huésped, INECIP, Minka Digital, Periodistas Argentinas, Unión Inquilinxs (Salta) y muchas más. Todas ellas, en conjunto, reclaman al gobierno la inmediata derogación del decreto para preservar el derecho al acceso pleno a la información pública y garantizar la transparencia en la gestión estatal.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública”, concluye el comunicado firmado por más de cincuenta organizaciones, entre las que se destacan Acción Colectiva, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, FARN, FOPEA, y Fundación Huésped, entre otras.
El decreto de Milei amplía las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía, lo que otorga a los funcionarios públicos mayor discrecionalidad para definir qué información es considerada de interés público y cuál se clasifica como parte de la esfera privada de las autoridades.
La Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275, fue sancionada el 14 de septiembre de 2016 y promulgada el 29 de septiembre del mismo año, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Esta ley entró en vigencia a partir de septiembre de 2017, otorgando a todos los ciudadanos el derecho de solicitar y recibir información del Estado, estableciendo normas y procedimientos para garantizar la transparencia en la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas.
JJD