El nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto presidencial desató un fuerte rechazo en el ámbito jurídico y académico. Los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez criticaron la decisión del Ejecutivo, mientras que un grupo de organizaciones de la sociedad civil también expresaron su oposición.
Sabsay, director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la gravedad institucional de la medida. “El decreto del presidente (Javier) Milei que nombra en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ha provocado una grave crisis institucional. Espero que los contrapesos impidan que se concrete”, dijo en sus redes sociales.
Por su parte, Gil Domínguez recordó que la Constitución Nacional establece un procedimiento claro para la designación de jueces de la Corte Suprema, que debe contar con la intervención del Senado. Si bien reconoció la existencia de un mecanismo excepcional que permite al Ejecutivo designar jueces en comisión, subrayó que este sólo se aplica ante vacantes producidas durante el receso del Senado y en circunstancias extraordinarias que justifiquen la urgencia.
“Los dos procedimientos no son equivalentes ni intercambiables. No se puede iniciar el mecanismo regular y, si no se obtienen los consensos necesarios, recurrir al mecanismo excepcional. De lo contrario, se generaría una herramienta para eludir el control del Senado de manera indefinida”, alertó.
Gil Domínguez sostuvo que el Decreto 137/2025 es “nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable”, ya que no se verifican las circunstancias excepcionales que habilitarían el uso del mecanismo de designación en comisión. Advirtió que su aplicación transformaría a los designados en “jueces de facto”, afectando la legitimidad democrática de la Corte, la independencia del Poder Judicial y el orden institucional.
Asociaciones civiles y organismos de derechos humanos también cuestionaron la medida. A través de un comunicado difundido por el Cels, que lleva 38 firmas, dijeron que “constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.
“La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud”, marcaron.
Por otra parte, desde el organismo recordaron que “las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes” y que “eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”.
MM