Estados Unidos solicitó este martes a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), sobre quien pesan acusaciones por narcotráfico, y la justicia hondureña ya eligió al magistrado que tratará el caso y deberá decidir al respecto, un trámite que puede demorar de tres a cuatro meses.
Hernández se declaró dispuesto a colaborar con la Justicia, y podía entregarse voluntariamente o esperar que el juez emita una orden de captura en su contra, algo que finalmente ocurrió y fue detenido.
La residencia de Hernández, que entregó el poder el 27 de enero a Xiomara Castro, amaneció este martes rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde anoche, cuando trascendió el pedido de su extradición.
El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, consideró “sustancial” la cantidad de droga traficada por la que EEUU acusa a Hernández, y detalló que la orden de extradición señala al exmandatario por cuatro delitos, que incluyen narcotráfico y tráfico de armas.
“No se trata de cinco kilogramos, como es el caso de los otros que han sido llamados en extradición; no, son más de 100 kilogramos, una cantidad considerable, bastante fuerte”, reveló Sabillón, citado por el diario La Prensa.
El funcionario reseñó que la presidenta Castro ordenó que se cumpliera la ley en todos los términos y pidió estar permanentemente informada del caso.
“Un expresidente extraditado es un hecho vergonzoso para nosotros como país”, lamentó Sabillón.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el noticiero local TN5 que su representado estaba siendo objeto de “atropellos” al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.
Decenas de personas llegaron con pancartas a la residencia para celebrar, y en otras ciudades hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba “Juancho va para Nueva York”, según videos que circularon en redes sociales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras eligió este mediodía, por unanimidad, a Edwin Ortez Cruz para que se haga cargo del expediente, según un tuit del Poder Judicial.
El vocero de la Corte, Melvin Duarte, explicó que Ortez Cruz revisará la solicitud de Estados Unidos, “valorará la información y a partir de allí decidirá si se emite una orden de captura, o espera una comunicación por parte de los abogados para llevarse a cabo la entrega voluntaria”.
El juez señalará después cuando será la audiencia de información, en la que se le dará a conocer a Hernández los cargos en su contra, un mes más tarde se llevará a cabo la reunión de presentación de pruebas y de un mes a dos meses luego suele darse la definición judicial.
Para entonces, Hernández ya había anunciado a través de un audio publicado en su perfil de Twitter su decisión de entregarse a la autoridad judicial designada.
“Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos; muchísimas gracias. No es un momento fácil; a nadie se lo deseo”, señaló.
Y agregó: “El propósito de este mensaje es que la Policía Nacional a través de mis apoderados ha recibido ya mensajes que estoy listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Corte Suprema, para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
El 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había revelado que Hernández estaba desde el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“EEUU está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente Hernández debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.
Hernández fue implicado por fiscales de Nueva York en vínculos con el narcotráfico.
Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en EEUU por ese mismo delito.
Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su Gobierno capturó o extraditó a EEUU.
Tras entregar el poder a Castro, Hernández juró como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.
LG con información de Télam