Tras la publicación del decreto presidencial que establece limitaciones al acceso a la información pública, podría empeorar el ya deteriorado funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que tiene como objetivo “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública” y que, sin embargo, no se manifestó hasta el momento por la medida oficial. Según especialistas, la nueva reglamentación agranda el “mercado negro de la información”.
En el 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se aprobó en el Congreso –en un trámite sin debate y con consenso casi unánime– la Ley 27.275. Establece, entre otras cosas, que toda la información en poder del Estado se presume pública, que esta debe ser accesible a todas las personas y que los distintos órganos del gobierno tienen plazos para cumplir con su deber de informar. Con esta ley se creó la AAIP, ente autárquico encargado de velar por la publicación de la información de cada uno de los sectores de los tres poderes de gobierno.
Desde el 2022 esta Agencia se encuentra dirigida por Beatriz de Anchorena, quien fue designada por Alberto Fernández y continuó en su puesto tras el cambio de gobierno. La ley establece un mandato de cinco años con el objetivo garantizar que la autoridad del organismo trascienda al gobierno de turno y actúe con independencia.
Karina Banfi, actual diputada radical y una de las promotoras de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostiene que la Agencia tiene un trabajo “deficitario”. “De Anchorena desconoce la materia para la cual se la designó. Desde que se encuentra ella a cargo la AAIP funciona mal, porque se volvió una oficina de intermediación de las decisiones que toma el poder Ejecutivo”, sostiene Banfi en diálogo con elDiarioAR.
“Estoy esperando que me respondan hace más de tres meses, desde el 20 de mayo, cuando solicité información a la Secretaría General de Presidencia sobre cómo se había financiado el viaje a España para un acto del partido ultranacionalista Vox. La Agencia no ha intervenido como debería haberlo hecho, para asegurar que obtenga esa información”, sostiene Banfi.
Según el sitio web de la AAIP, en lo que va del 2024 hubo 7.119 solicitudes de acceso a la información, con una tasa de respuesta del 88%, es decir, una tasa alta de respuesta. El tiempo promedio de respuesta fue de 13 días.
Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene en diálogo con elDiarioAR que, aunque la agencia tuvo algunas intervenciones exitosas, debería tener un rol más contundente en la exigencia de que el Ejecutivo brinde información. “El decreto del día lunes lo que hace es prohibir que una persona pida muchas veces la misma información; pero si esos datos estarían disponibles en algún lado, no habría ni que perdirlos. La Agencia debería bregar, de manera más categórica, por la publicación de la información. Pero con este decreto la Agencia se vuelve un organismo que debe verificar quien pide muchas veces una información y castigarlo”.
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra manifestó un mes atrás que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos; el lunes, el Gobierno oficializó a través del nuevo decreto, en un intento por solidificar esa posición, que limita el acceso a la información pública. “Desde un mes hasta hoy, la Agencia de Acceso a la Información Pública no dijo en ningún momento: ‘Barra usted no puede decidir que eso no es de interés público'’”, sostiene Banfi.
Nueva reglamentación
“Lo más grave de esta nueva reglamentación es que invierte el principio de ‘buena fe’”, sostiene Celeste Fernández, abogada y co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “La Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Estado tiene que actuar de buena fe, siendo diligente, colaborando para que la información se entregue. Este Gobierno, con esta reglamentación, da vuelta este artículo, diciendo que la persona solicitante de la información tiene que actuar de buena fe y que, cuando no actúe siguiendo este principio, deberá pagarle una indemnización a quien perjudicó con su pedido de datos”.
“Esto hace que cualquier ciudadano que quiera acceder, tras esta reglamentación, a una información, está en una situación de muchísima más inseguridad. Hay estándares internacionales que dicen, de hecho, que no se pueden aplicar sanciones por el pedido de información”, agrega Fernández. Para Banfi, sin embargo, los perjudicados no son solamente los ciudadanos y los periodistas; el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el día lunes perjudica especialmente a las empresas. “Las principales solicitantes de información pública son las empresas”, sostiene Banfi. Y explica: “El gobierno libertario se jacta de decir que se acabó la obra pública: son las empresas las que tienen que construir, entonces. Pero, ¿dónde van a ir a averiguar donde se necesita una ruta? ¿dónde van a pedir información?”.
Para Litvachky, con estas limitaciones al acceso a la información, se genera un efecto paradojal: cuanto más cerrada es la posibilidad de acceder a la información, más queda librada a filtraciones. “Lo que se agranda es el mercado negro de la información”, sostiene la directora del CELS. “Esto es un problema para la transparencia estatal, porque genera que la información sea menos rastreable, y también que sea más desigual, porque los funcionarios le darán información a quienes ellos quieran, aumentando la arbitrariedad en el acceso a la información”.
El Gobierno estableció el lunes, a través de la nueva reglamentación, que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”; siendo la información pública aquella que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, excluyendo a la información que hace al ámbito privado del funcionario. Sin embargo, Banfi señala que la definición de cuál es el interés público lo determina la opinión pública. “Si hoy es importante para la gente el Chocoarroz de Dujovne, entonces es importante. Si es importante para la opinión pública si el ex presidente le pegaba a su mujer, entonces eso se considera de interés público. Si son importantes los perros del Presidente, es de interés público”, sostiene la diputada de la UCR.
Además, como parte de la nueva reglamentación, se establece que las “deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público”. Para Litvachky, esto es sumamente problemático. “En decisiones respecto a la toma de deuda pública, por ejemplo, se va construyendo colectivamente una decisión hasta —a través de borradores y memorandos– que se da una decisión a través de un documento oficial. A todos estos pasos previos, no se los va a poder conocer, lo cúal es totalmente restrictivo”, sostiene.
AS/DTC