El presidente Alberto Fernández calificó este jueves como “una manipulación de la realidad” y rechazó una información periodística que afirma que él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner triplicaron el monto de sus bienes en el último año, lo cual responde a “intereses políticos y económicos perfectamente identificados”.
“He hecho de mi honestidad un valor supremo. Pongo todo mi empeño para que en mi Gobierno la transparencia de la gestión”, aseguró el presidente, quien puntualizó que sus bienes “son exactamente los mismos” que tenía cuando accedió a la primera magistratura, y que “nada se incrementó” en su patrimonio en una carta dada a conocer en las últimas horas por la Presidencia.
El jefe de Estado aseguró que el aumento del valor de sus bienes constituye “solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos (AFIP), que han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado”.
Además, sostuvo que la mención que hace el diario “La Nación” a Cistina Fernández de haber “triplicado su patrimonio” es “absurda” a poco que “se repare en que, en virtud de las inhibiciones de bienes dispuestas en los diversos procesos al que se ha visto sometida en los últimos años, su capacidad de disposición patrimonial ha quedado acotada tan solo al manejo de sus ingresos previsionales”.
La carta completa publicada por el Presidente
En 1998, Tomás Eloy Martínez escribió un formidable Decálogo del Periodista. Diez reglas que, de cumplirse cabalmente, ennoblecerían la labor de quien informa. El séptimo mandamiento de ese decálogo reza que todo periodista debe “evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o privados”.
Hace dos años atrás, prologando un libro titulado “Periodismo. Instrucciones de uso. Ensayos sobre una profesión en crisis”, Reynaldo Sietecase sostuvo que “en el fragor de la pelea política dejó de ser relevante si lo que se comunica es cierto. Lo que importa es su efecto. Para algunos esa lógica se hizo habitual a la hora de comunicar”.
Esta mañana amanecí y vi que el diario La Nación encabezaba su edición con un título a cuatro columnas que dice textualmente “Se triplicaron en un año los patrimonios de Fernández y de Cristina Kirchner”.
Nunca me canso de decir que soy, en esencia, un profesional de la clase media. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez que al tiempo de ser cesanteado en agosto de 1976 por quienes asaltaron el poder de la república, vivía en una casa alquilada en Villa el Parque y poseía un automóvil Cadillac modelo 1949. En el barrio, no era “el hijo de la familia acaudalada”. Era simplemente “el hijo del juez” y ese era mi mayor orgullo.
Crecí, recibí educación pública, me gradué en abogacía, construí una familia, pude comprar una casa en la que maduró mi hijo mayor, me asocié en la compra de una oficina y pude disfrutar de tener siempre un auto estándar de fabricación nacional. Cosas que ocurren en la clase media argentina.
Con esos bienes accedí a la Presidencia de la Nación. Son exactamente los mismos bienes que hoy tengo. Nada se incrementó en mi patrimonio. Solo el efecto de los revalúos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Administración Federal de Impuestos han determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado.
Debo confesar que también llamó mi atención la mención que el mismo diario hizo en la misma nota a Cristina Kirchner, atribuyéndole haber triplicado su patrimonio. Semejante conclusión se vuelve absurda a poco que se repare en que, en virtud de las inhibiciones de bienes dispuestas en los diversos procesos al que se ha visto sometida en los últimos años, su capacidad de disposición patrimonial ha quedado acotada tan solo al manejo de sus ingresos previsionales.
Por el respeto que me genera la memoria de mi padre, he hecho de mi honestidad un valor supremo. Pongo todo mi empeño para que en mi gobierno la transparencia de la gestión no se empañe por la inconducta de un funcionario. Por eso duele semejante manipulación de la realidad.
Hasta el más distraído sabe que el diario “La Nación” hace caso omiso al séptimo mandamiento del decálogo de Tomás Eloy Martínez. A nadie escapa que sirve a intereses políticos y económicos perfectamente identificados. Practica lo que Martín Caparrós llama Periodismo Gillette, un periodismo que dice “fiscalizar el poder” utilizando una doble vara porque en verdad en ese acto de fiscalización sirven a otros poderes. Dichos “medios y sus periodistas -escribe Caparrós- condenan a esos colegas que llaman activistas porque muestran ‘una ideología'. Así postulan que lo que ellos despliegan no es ideología: defender la economía de mercado y la propiedad privada y la delegación del poder no lo es; eso es pelear por la verdad, la libertad, la democracia, todo eso que no se puede cuestionar”.
Periodismo Gillette a juicio de Caparros. Manipulación de la verdad a mi juicio. Otra muestra de la decrepitud que exhibe altivo parte del periodismo argentino.
Qué dice la DDJJ del Presidente
El mandatario nacional declaró un patrimonio de $17.833.320 para el período correspondiente a 2021. De acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Fernández incrementó su patrimonio en un 107% en relación con 2020.
El incremento de su patrimonio tuvo que ver con la nueva valoración que tuvo su departamento en el barrio porteño de Recoleta.
El Presidente informó los mismos bienes que en 2020, siendo su principal activo el departamento que posee sobre la avenida Callao al 1900, valuado en $12,2 millones, $10 millones más que en 2020.
Además, el jefe de Estado tiene parte de su patrimonio a través de la sociedad Inmueble Callao SA, en la que comparte acciones con su amiga de toda la vida y ex ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Entre los bienes de Alberto Fernández también aparece un Toyota Corolla 1.8 modelo 2019, valuado en $1.455.000.
En tanto, tiene deudas por $196.000, dinero en una cuenta bancaria por $444.617, y bienes del hogar por $756.662.
Con sus declaraciones, los integrantes del Poder Ejecutivo cumplieron con la ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo y Legislativo deben presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la OA.
Con información de agencias.
IG