AmCham rechaza que Milei nombre jueces de la Corte por decreto y advierte sobre la seguridad jurídica

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces en comisión de la Corte Suprema de Justicia ha encendido las alarmas en distintos sectores. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a más de 720 empresas que generan el 24% del PBI nacional y el 45% de las exportaciones.

Estas empresas incluyen tanto a compañías de capital estadounidense como a empresas argentinas y multinacionales que tienen intereses comerciales en Estados Unidos, el país con el que Milei decidió que la Argentina, durante su gobierno, mantenga un alineamiento incondicional.

En un comunicado emitido este miércoles, la organización advirtió que la medida presidencial, si bien tiene sustento constitucional, compromete la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país. “Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”, afirmó AmCham, que también subrayó que el nombramiento de jueces en comisión podría derivar en la nulidad de sus fallos.

El pronunciamiento de AmCham reviste especial relevancia por tratarse de una entidad que representa intereses empresariales estadounidenses en Argentina, con un fuerte impacto en la economía local. La Cámara alertó que la incertidumbre institucional “erosiona la confianza de los actores económicos y aleja las inversiones necesarias para el desarrollo del país”.

El decreto de Milei se fundamenta en que el Senado no aprobó los pliegos de los candidatos y se encuentra en receso, aunque restan pocos días para el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias. AmCham enfatizó que la vía correcta sería que la Cámara alta trate las postulaciones dentro de los plazos razonables y que el nombramiento de jueces transitorios genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del sistema judicial.

El comunicado también destacó los avances del Gobierno en materia fiscal y monetaria, pero advirtió que medidas como esta pueden “opacar estos esfuerzos” y afectar la previsibilidad que necesita el país. “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido”, concluyó la Cámara.

El rechazo de AmCham se suma a las críticas que ya han surgido desde distintos sectores políticos y judiciales. La designación de jueces en comisión por decreto es un mecanismo previsto en la Constitución, pero su uso en el máximo tribunal de justicia del país sienta un precedente inédito en la historia institucional argentina, además de ser de dudosa legalidad. Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Senado para definir la conformación de la Corte Suprema será cada vez mayor.

JJD