Tras la difusión del escándalo de las vacunas de privilegio, que derivó en el despido del ministro Ginés González García, el Gobierno de la Ciudad enfrenta una controversia vinculada a las vacunas contra el Covid-19. Se trata de una polémica soft en comparación con el minimercado negro de dosis para amigos instaurado en el Ministerio de Salud nacional. Al margen de las diferencias y de las acusaciones cruzadas, la política de tercerización de las vacunas en sanatorios y obras sociales ya le valió una imputación judicial al alcalde Horacio Rodríguez Larreta. También a su ministro estrella, Fernán Quirós.
Ahora, Mauricio Macri se subió a la defensa del Gobierno porteño, pero Amnistía Internacional, en cambio, cuestionó la estrategia elegida por el larretismo. “En la Argentina y el mundo, Amnistía Internacional viene señalando las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el diagnóstico, tratamiento y vacuna del Covid-19 a efectos de garantizar un acceso equitativo y sin discriminación a todas las personas, independientemente de su quiénes sean o cuánto puedan pagar”, afirmó Amnistía.
¿A qué se refiere la ONG? Al hecho de haber tercerizado vacunas en siete sanatorios y obras sociales. El acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad abarca a los hospitales privados comunitarios Italiano, Alemán y Británico, al Sanatorio Güemes y el CEMIC; más las obras sociales OSECAC (empleados de Comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires). Esas instituciones debían ocuparse del protocolo de logística, transporte y refrigeración de las dosis. ¿Cuántas cedió el Estado porteño a esas instituciones? Según averiguó elDiarioAR, fueron 9900 vacunas.
La oposición, al igual que la denuncia penal presentada en los tribunales federales de Comodoro Py por la abogada Natalia Salvo, argumenta que la tercerización organizada por el Gobierno de Larreta genera una desigualdad en el acceso: más facilidades para los socios de las prepagas y las obras sociales en comparación con los más de 80 años que deben acudir a la web o el teléfono general del Estado porteño, instrumentos que colapsaron en la primera tanda de turnos. A partir de la presentación judicial, el fiscal Carlos Stornelli imputó a Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós.
“Mi apoyo a Horacio”
“Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días”, tuiteó Macri este jueves. Así, el expresidente volvió a marcar presencia en la agenda diaria, con un palito contra La Casa Rosada. Ya se trata de un modus operandi de Macri: mostrarse activo en las redes, manteniendo su centralidad en la oposición, a partir de comentarios y críticas elegidos calculadamente.
Amnistía, por el contrario, recordó que “la pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas”.
“Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella”, alertó la directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski.
El miércoles pasado, Quirós intentó explicar por qué se decidió celebrar acuerdos con empresas de salud privada para la administración y aplicación de las vacunas. “Una de las exigencias que pedimos es que seamos capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada obra social y prepaga nos entregaron la lista de personas asociadas con más de 80 años. Se tienen que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos”, contó.
La defensa de Quirós, sin embargo, no se metió en el fondo del debate: si es deseable que algunos privados administren las vacunas provistas gratuitamente por el Estado con exclusividad para sus afiliados mientras hay problemas logísticos para el público en general. Amnistía puso su dedo en esa llaga.
En concreto, desde el larretismo explicaron que se trata de una política de descentralización. Y agregaron que las instituciones elegidas (en realidad, las que se postularon) deberán seguir los criterios de prioridad establecidos por la Ciudad. Es decir, que tanto las vacunas administradas por el Estado porteño como por los siete privados tendrán un destino común: en esta primera etapa, las dosis estarán destinadas a los mayores de 80 años. Ese universo etario es de unas 150.000 personas en la Capital. Las 9.900 vacunas repartidas abarcan el 6,6% de tal población de riesgo.
AF