La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará en las próximas horas un pedido para que la justicia realice una serie de medidas de pruebas en la causa que investiga el atentado en su contra.
El escrito será presentado en el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, la misma jueza a la que Fernández de Kirchner recusó la semana pasada.
El pedido fue redactado por sus abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira y espera que la vicepresidenta le de el visto bueno antes de llevarlo al juzgado de Cauchetti, según informó este lunes la agencia Télam.
El objetivo de la Fernández Kirchner es que la jueza refuerce pistas que, según su opinión, no fueron analizadas “a fondo”, como los mensajes que se encontraron en el celular de Gabriel Nicolás Carrizo, el jefe de “los copitos” y uno de los procesados con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de asesinato.
De acuerdo a la querella, fue ese celular el que llevó a prisión a Carrizo ya que, siempre de acuerdo a la visión de los abogados de la vicepresidenta, de los mensajes se desprende que podría haber aportado el arma utilizada en el ataque. Además, alegan que del intercambio con Brenda Uliarte se deduce que el ataque estaba planeado para otra fecha y que incluso hablan sobre la posibilidad de volver a intentarlo.
Además de Carrizo, en la causa también están procesados -como coautores del homicidio en grado de tentativa- Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Algunos de los mensajes que se encontraron en el celular de Uliarte hablan de que el ataque “estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, dice en referencia a Sabag Montiel. Además, también encontraron otros textos en los que aseguran que “Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo” y “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Las elecciones las van a volver a ganar ellos”.
Los mensajes fueron enviados luego del intento de asesinato del 2 de septiembre frente al domicilio de la vicepresidenta.
“Mirá, no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto… recién hablé con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar. Todo el grupo de trabajo. Porque estoy recibiendo amenazas. Todos los del grupo estamos amenazados”, le respondió Carrizo ese mismo día. El hombre alegó después que se trataba de una broma.
De acuerdo a Télam, de las nuevas pericias pedidas por la querella podrían surgir pruebas que compliquen la situación de Carrizo y lo coloquen como uno de los que planificó el atentado.
El miércoles, la querella tiene una audiencia ante la Cámara Federal porteña en la que llevarán los argumentos para reclamar el alejamiento de Capuchetti. Según los abogados de Cristina, la jueza realizó “una serie de resoluciones netamente arbitrarias” y produjo “la total parálisis investigativa”, además de reprocharle la forma en la que condujo la investigación de las pistas conocidas como “Casablanca” y “Carrol”.
La pista “Casablanca” es la que involucra al diputado nacional de Juntos por el Cambios Gerardo Milman. Según la querella, el legislador comentó con sus asesoras en el bar Casablanca que iba a ocurrir el atentado. En cambio la línea “Carrol” es la que se inició luego de que Sabag Montiel pidiera por carta que Hernán Carrol, de la Nueva Centro Derecha, le designara un abogado.
La querella también le reprocha a la jueza que no haya querido investigar la posible influencia de la organización conocida como Revolución Federal, nacida en redes sociales, en el intento de asesinato contra la Vicepresidenta.
“Cada vez hay más vínculos entre Revolución Federal y Uliarte, que parece haber estado, como mínimo, en dos marchas de esta agrupación (a las que, según su fundador, solo iban cuarenta personas). Además, sabemos que Jonathan Morel (su fundador) adelantó por Twitter, exactamente, la misma mecánica de ataque que ejecutó Sabag Montiel”, afirmaron los abogados de la vicepresidenta.
La investigación sobre Revolución Federal está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi con el fiscal Gerardo Pollicita. En esa causa ya están procesados Morel y otros tres integrantes de ese espacio (Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile), acusados de formar una agrupación que buscó “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Uliarte aparece en ese expediente tras haber participado en la llamada marcha de las antorchas, convocada por Revolución Federal a la Casa Rosada, algo que ella misma había publicado en una de sus cuentas de Instagram, donde se hacía llamar Ambar.
“Siendo las 19:54 hs., se observa sobre la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, a la ya mencionada Sra. Brenda Uliarte, junto a una persona de género aparente masculino. Ambos se encuentran en el epicentro de la manifestación”, reza un párrafo de un informe elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria e incorporado a la causa el 14 de noviembre último.
El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Pollicita investigan también si Revolución Federal contó con algún tipo de financiamiento para poder multiplicar sus actividades en redes sociales y en la vía pública desde mayo, siempre con consignas violentas orientadas a dirigentes políticos de distintos espacios.
En esa línea de investigación, el objetivo de la querella es que se determine si la firma Caputo Hermanos S.A. -vinculada a familiares del exfuncionario del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo- contrató efectivamente los servicios de carpintería que ofrece Morel en provincia de Buenos Aires para amoblar un edificio en Neuquén, en la zona de Vaca Muerta, o si esa fue la pantalla para inyectarle fondos que le permitieran continuar con las actividades de Revolución Federal.
Días atrás el juzgado recibió los resultados de los allanamientos a domicilios vinculados con subcontrataciones que dijo haber hecho Morel para poder cumplir con los requerimientos que le habría hecho Caputo Hermanos S.A. en relación al mobiliario requerido: en algunos de los procedimientos se hallaron máquinas que podrían justificar subcontrataciones -por ejemplo para la confección de cortinados-, pero en otros los investigadores se encontraron con que no había nada que justificara una eventual subcontratación.
Un ejemplo se dio durante un allanamiento a un domicilio ubicado en Boulogne, provincia de Buenos Aires, donde la persona que recibió a las fuerzas de seguridad manifestó “conocer al Sr. Morel, a quien le hizo el favor de facturar las dos facturas antes mencionadas, debido a que Morel no poseía cupo para realizar las mismas”, según surge del informe del procedimiento policial.
Con información de Télam
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