La causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra los exaccionistas de Garbarino por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos conduce a dos sociedades suizas -Swisser AG y Helvetic Service Group- que operaron en Argentina entre 2004 y 2015, y sobre las que nadie parece saber o querer hablar, según las consultas realizadas en las últimas semanas a empresas y empresarios que conocieron de cerca a estas compañías.
En febrero, Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, fue condenado a 12 años de prisión por utilizar una de estas dos sociedades (Helvetic) para el lavado de US$33 millones entre 2010 y 2013. A más de ocho años de que la pista suiza salió a la luz con el caso del empresario patagónico y a cuatro años de la denuncia de AFIP contra Garbarino, la principal cara visible de estas compañías radicadas en Ginebra no ha podido ser indagado por la Justicia.
Mientras que Helvetic se utilizó en parte para mover dinero en el extranjero, su hermana Swisser AG llegó a tener acciones por casi US$13 millones en diez empresas argentinas (incluyendo la cadena líder en electrodomésticos pero también uno de los principales frigoríficos del país; la principal productora de legumbres; y constructoras de la obra pública, entre otras), según la denuncia del fisco a la que accedió elDiarioAR. Ante las consultas de este medio, los representantes de algunas de las empresas observadas por la AFIP en su presentación judicial dijeron que no pueden aportar información sobre las firmas suizas o que no saben quiénes están detrás de las mismas. Otros ni siquiera pudieron ser ubicados o respondieron.
La causa contra Garbarino y las firmas suizas, que radica en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini, nació en octubre de 2017 tras una “inspección preventiva” a la empresa de electrodomésticos y a otras compañías de su rubro. Al cotejar los estados contables de la compañía, el fisco descubrió que entre 2005 y 2013 dos empresas suizas habían sido accionista (Swisser AG) y controladora de Garbarino (Helvetic Service Group), como explicó este medio el domingo último. La conexión con el caso Báez hizo saltar las alarmas y llevó a los investigadores del fisco a profundizar sobre la pista suiza.
Las dos compañías de Ginebra son hermanas. Helvetic Service Group y Swisser AG eran controladas por las mismas personas; comparten IP, auditora y dirección postal en Suiza; y supuestamente fueron utilizadas, entre 2005 y 2013, para ocultar el origen de fondos millonarios y la identidad de los mayores accionistas de Garbarino, antes de que la empresa entrara en su profunda crisis actual.
Las compañías suizas fueron autorizadas a llevarse de Garbarino más de $156 millones en 2013 (unos US$30 millones de ese momento), planteó la denuncia. La cadena pasó de ser la principal en venta de electrodomésticos del país a venderse por el simbólico valor de un peso, en junio de 2020, cuando la familia que dio nombre a la empresa vendió sus acciones a Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y protesorero del club San Lorenzo.
La acusación
Swisser AG nació en Suiza en agosto de 2003 y se inscribió para operar en Argentina en octubre de 2004, según la denuncia de la AFIP. El organismo afirmó que la única función de la firma suiza fue adquirir paquetes accionarios de diez empresas argentinas de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorrina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA.
La denuncia de la AFIP se centra especialmente en Garbarino pero entregó información sobre las otras nueve empresas. elDiarioAR contactó en la última semana a las diez compañías en las que Swisser AG tuvo acciones entre 2004 y 2015.
El expediente no tiene fiscal. Carlos Rívolo desestimó la denuncia de la AFIP al entender que no correspondía que intervenga el fuero penal federal sino el fuero penal económico. La causa estuvo a punto de cerrarse en 2018, pero dos intervenciones la mantuvieron abierta: la AFIP solicitó ser querellante y pidió medidas de prueba; y Elisa Carrió se presentó en el expediente como amicus curiae (amiga del tribunal) con el mismo objetivo: evitar el archivo.
Dos de los abogados de estas compañías dijeron a elDiarioAR esta semana que creen que la causa terminará cerrándose a favor de sus clientes, ya que entienden que no hay elementos para que prospere. En el estudio jurídico Munrabá-Da Rocha, a cargo de la defensa de los exaccionistas de Garbarino, se limitaron a remarcar que la fiscalía de Carlos Rívolo desestimó la denuncia de AFIP y que en 2016 otro fiscal, Eduardo Taiano, había desestimado otra denuncia contra Garbarino por su conexión con Helvetic, un nexo que salió a la luz ese año gracias a los Panama Papers.
Las sociedades suizas denunciadas por el organismo eran presididas por el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, imputado por su presunta participación en el lavado de Báez.
Desde 2016, el juez Sebastián Casanello intenta indagar a Ramos, el expresidente y exaccionista de Helvetic y Swisser AG, quien reside en Suiza. Las autoridades helvéticas han rechazado extraditarlo debido a su delicado estado de salud, confirmó una fuente judicial del caso. La defensora oficial de Ramos declinó hacer comentarios sobre su defendido ante la consulta de elDiarioAR. En la causa contra Báez, el abogado presentó un descargo escrito en el que negó haber participado de hechos ilícitos.
En su sitio web, Swisser AG asegura que su negocio principal “es ser un inversor privado en diferentes sectores y países, considerando las estrategias definidas por su Directorio”, y que asesora a sus inversores en lo impositivo, corporativo y legal. “Nuestra firma está totalmente comprometida con la integridad profesional y las prácticas que promueven la ética empresarial”, dice la compañía suiza.
Carnes
Según la denuncia, Swisser AG sería “una sociedad vehículo” manejada por una “organización delictiva que presta estos servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones” y que de esta manera, las firmas suizas permiten “ocultar su identidad (de los accionistas reales), extremo que se evidenciaría en la inexistente conexión o punto en común entre estas (diez) firmas comerciales” que han cedido sus acciones a Swisser AG.
El activo más valioso de Swisser AG en Argentina fue en una de las empresas líderes del mercado de la carne: Frigorífico Gorina SA. En 2006, Swisser AG adquirió el 45% de las acciones de la compañía, que valían más de $20,8 millones pero se desprendió de las acciones en 2012-2013, según la denuncia de la AFIP, cuando el valor de su tenencia rondaba los US$4,2 millones. Gorina es de los hermanos Roberto y Carlos Riusech, quien además es vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, entidad empresaria del sector.
Ningún accionista ni ejecutivo de Frigorífico Gorina SA como del resto de las empresas mencionadas en la denuncia han sido imputados o citados en la causa.
El presidente de Frigorífico Gorina respondió ante la consulta de elDiarioAR que tuvieron conocimiento de la denuncia de AFIP cuando el juzgado les requirió hace unos dos años documentación contable que fue incorporada al expediente. “Swisser AG era un accionista independiente sin peso específico o injerencia ni participación en el directorio”, afirmó el ejecutivo.
“Esa fue la única relación nuestra con esa compañía. En 2013, aproximadamente, dejaron de estar como accionistas, se retiraron. Es gente que decidió participar en la empresa, sin inyección de capitales ni inversión. Eso está acreditado en el expediente”, agregó el presidente de la firma. ¿Quiénes estaban detrás de la empresa suiza? “No teníamos conocimiento de las personas físicas, es una empresa inversionista”, respondió.
Otra compañía del rubro cárnico en la que Swisser AG figuró como accionista es Estancia San Francisco SA, con sede en Paraguay 1535, según la AFIP. La suiza tuvo el 5% entre 2011 y 2012. Nadie respondió las llamadas de este medio en la sede oficial de la empresa.
Obra pública y cuadernos
El segundo mayor activo de Swisser AG en Argentina, hasta donde el fisco logró avanzar, era Decavial SA. En 2004, la suiza se hizo con el 37,60% de las acciones de la constructora de la obra pública. Sus acciones en la empresa valían más de $13 millones.
Otro 25% de las acciones de Decavial eran de Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012; también dueño de Esuco, otra constructora que licitó obra pública en la provincia de Santa Cruz; y arrepentido en el caso de los cuadernos: admitió haber sido uno de los organizadores del “club de la obra pública” durante los gobiernos kirchneristas. En 2014, Wagner afirmó en una entrevista a Perfil que “Helvetic (la sociedad hermana de Swisser AG) es un fideicomiso que utilizan personas para poner activos y reducir su patrimonio”.
Otro accionista minoritario era entonces Decavial es Miguel Ángel Aznar, quien dirigía la constructora y también declaró como imputado colaborador en el caso de los cuadernos.
En septiembre de 2013, Swisser AG se llevó un cheque de pago diferido por $44 millones (más de US$4,6 millones) a cambio de su porcentaje en la compañía, según consta en los documentos del expediente.
“No conocemos la causa (que originó la AFIP), nunca intervenimos”, se limitaron a responder en Decavial ante la consulta de este medio. No respondieron sobre cómo nació el vínculo con Swisser AG ni por qué la suiza tuvo parte del paquete accionario durante ocho años. Ningún accionista o ejecutivo está imputado o fue citado en la causa.
Swisser AG también figuró como accionista de otra constructora de la obra pública con nexos con Decavial. Entre 2004 y 2013, Adanti Solazzi y CIA cedió el 50% de sus acciones a Swisser AG. El otro 50% era de Aznar, también accionista de Decavial.
Adanti Solazzi se encuentra en concurso de acreedores desde 2019 ante el juzgado comercial número 25, según consta en la base pública del Poder Judicial de la Nación. Su último contrato conocido era por obras de remodelación en la Casa Rosada. elDiarioAR llamó a los estudio de sus dos abogados comerciales para conocer su versión sobre Swisser AG y la causa penal pero no obtuvo respuesta hasta el momento.
Swisser AG también tuvo el 6,7% de las acciones de Copelle SA (real estate, entre 2004 y 2010), según la denuncia. Tampoco respondieron las llamadas en la sede de Copelle, en el barrio de Barracas, ni la consulta vía correo electrónico. Ningún accionista o ejecutivo de Decavial, Copelle o Adanti Solazzi está imputado o fue citado en la causa.
Swisser AG era un accionista independiente sin peso específico o injerencia ni participación en el directorio.
Agro y legumbres
DesDelSur SA fue el tercer mayor activo de Swisser AG en Argentina, según la presentación judicial de la AFIP. Es “la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 6,6% de cuota de mercado a nivel nacional, y uno de los mayores productores de novillos para exportación del noroeste argentino”, informa el Grupo de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su sitio web.
Swisser AG figura con el 20% de las acciones por más de $10,8 millones, entre 2010 y 2013, según la denuncia y los documentos en la causa. El paquete accionario valía alrededor de US$1,6 millón al momento de dejar la compañía. La suiza transfirió sus acciones a una compañía en la isla de Malta, un paraíso fiscal, según las actas presentadas por la empresa a la Justicia.
Jorge Fano, director de DesDelSur SA, respondió a elDiarioAR “que la firma Swisser AG ha sido accionista minoritario de nuestra empresa durante ese período” pero que el “departamento de legales no registra la existencia de alguna causa judicial en la que estemos involucrados respecto del tema”.
Swisser AG también tuvo el 67% de Maquinarias Zurich SA, su cuarto activo más importante en el país, más de $12,6 millones o casi US$1,4 millón, al momento de su salida, en septiembre de 2015. La suiza ingresó como accionista en abril de 2013, dos semanas antes de que el programa Periodismo Para Todos (PPT) emitiera el primer capítulo del caso que destapó la conexión entre Báez, el lavado y Suiza. Dejó de ser accionista de la empresa argentina en 2015.
En su denuncia, la AFIP destacó que Maquinarias Zurich SA era de los hermanos Rubén y Leonardo Llaneza. Ambos eran también socios de Carolina Pochetti (cónyuge de Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner) en Llaneza y Asociados, una compañía de venta al por menor de productos farmacéuticos en Río Gallegos, Río Turbio y Río Grande, que además compartía contador (Víctor Alejandro Manzanares) y escribano con empresas de la familia Kirchner, como Hotesur SA, según la AFIP.
Mariano Fragueiro Frías, abogado de los Llaneza en el expediente, confirmó a elDiarioAR que solicitó ante la Cámara Federal porteña que cierre la causa. El defensor sostiene que la única razón por la que la causa está abierta es por pedido de la AFIP pero que el organismo no tendría potestad para actuar como querellante porque no denunció delitos tributarios, sino de lavado. Este medio solicitó consultar a los Llaneza sobre Swisser AG pero su abogado declinó esa posibilidad. En la causa, no han sido citados ni imputados accionistas, representantes o ejecutivos de DesDelSur SA ni Maquinarias Zurich SA.
DesDelSur SA es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina.
Zapatos y música
Río Rojo SA es una sociedad de Uruguay que es dueña de Grimoldi, la cadena de venta de zapatos y artículos de cuero. Swisser AG aparece como accionista del 100% de la empresa uruguaya a partir de 2009, lo que significó un movimiento de US$600.000, según la AFIP. El fisco no tiene registro de si esa tenencia finalizó o no, dice la denuncia. elDiarioAR se comunicó en varias oportunidades con un miembro de la familia Grimoldi pero hasta el momento no respondió las llamadas y mensajes. Tampoco están imputados por ningún delito en esta causa.
Otro activo de Swisser AG fue la empresa Instrumentos Musicales SA, también conocida como Promúsica. La suiza se hizo con el 31,6% de Promúsica (porcentaje valuado en más de $6 millones) hasta 2012-2013, según la denuncia de la AFIP. Cuando la suiza se desprendió de las acciones en septiembre de 2013 valían poco más de un millón de dólares y fueron transferidas a una sociedad offshore en la isla de Malta, un paraíso fiscal.
elDiarioAR se comunicó en reiteradas oportunidades con Instrumentos Musicales SA pero en el área de contabilidad de la compañía declinaron responder la consulta por el momento o derivar las preguntas a la gerencia o a abogados de la empresa. Al igual que en el caso de Río Rojo, ningún miembro de Promúsica está imputado en el expediente.
La causa
La AFIP había solicitado dilucidar “los alcances operativos de esta estructura offshore” y “determinar los verdaderos beneficiarios de estas operaciones de enorme trascendencia económica”. Swisser AG mantuvo acciones de estas diez empresas por un total de casi $69 millones, que equivalen a casi US$13 millones al precio oficial de la moneda extranjera en el momento de desprenderse de las acciones (2012-2013 y 2015).
A excepción de Maquinarias Zurich SA, de la que dejó de ser accionista en 2015. Swisser se desprendió de todos sus activos luego de que saliera a la luz el caso Báez, según surge de los libros contables que constan en la causa. Sin embargo, ante el fisco, las empresas habrían antedatado la salida de Swisser a 2012, de acuerdo con la denuncia. La AFIP resaltó cinco características del caso de Garbarino pero que supuestamente también se repetirían parcialmente en las otras nueve empresas mencionadas en la denuncia:
- “la estrecha vinculación o similitud” de la estructura de Garbarino con “otra estructura offshore investigada en otra causa penal en la comisión del delito de lavado de activos”, en referencia al caso contra Lázaro Báez;
- “la ausencia de datos correspondientes a los verdaderos beneficiarios de estas operaciones”;
- “la inexistente vinculación, en principio, entre las firmas que han cedido los paquetes accionarios”;
- y la “trascendencia económica de las cesiones accionarias sin un correlato jurídico que justifique la adquisición temporaria de las mismas”.
ED