La mayoría oficialista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy el informe de formulación de cargos por presunto mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes serán citados para que realicen su descargo. Podrán hacerlo de manera presencial ─en una audiencia el 7 de noviembre─ o por escrito en un lapso máximo de diez días hábiles, de modo que que 17 de noviembre la comisión ya se encuentre en condiciones de dictaminar.
“La presidencia les ha remitido borradores de las resoluciones con los cargos y las pruebas para dar traslado a cada uno de los ministros y, asimismo, se les ha compartido un informe que elaboró la presidencia con la colaboración de asesores y diputados respecto de la investigación que se realizó de cada causal con todos los antecedentes para que sean la motivación o sustento para lo que serán los dictámenes de acusación”, explicó Carolina Gaillard, diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de la Cámara Baja.
Los magistrados fueron investigados por el fallo de 2x1 en el cómputo para al conmutación de al pena de represores de la última dictadura militar, las irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, el fallo por la coparticipación de recursos federales en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el “asalto” al Consejo de la Magistratura.
Para la jornada de este miércoles, estaban convocados testigos del juicio político contra Ricardo Lorenzetti, impulsado por la Coalición Cívica, pero ninguno de los cuatro citados se presentó en el Congreso. Héctor Marchi, uno de los convocados y cercano al letrado en cuestión, justificó su incomparecencia por vía telefónica y recordó que ya había asistido a la comisión en calidad de testigo en dos oportunidades.
Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, explicó que tampoco pudo concurrir por la agenda de reuniones de su gremio. En tanto, Gustavo Francisco Tita, denunciante de Lorenzetti hace año, y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela (ciudad de nacimiento del juez) también estuvieron ausentes.
De acuerdo a Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, todos los testigos fueron “presionados” para que no se presentasen a declarar en contra del magistrado. “El ministro de la Corte viene ejerciendo presiones llamando a distintos actores, es por eso que hoy no tenemos testigos”, advirtió antes de apuntar también contra el oficialismo por “dejar para el final” la causa presentada por Elisa Carrió y Paula Oliveto.
“Estamos con una sensación de amargura por lo que no pudimos hacer. Hemos sufrido hostigamiento mediático cuando los denunciamos porque el poder te golpea y te dice 'acá estoy. Fijate lo que soy y fijate de qué lado estás vos'”, agregó en la misma línea Oliveto.
Por su lado, ante las acusaciones de López contra el Frente de Todos por presunta animosidad hacia algunos jueces del Máximo Tribunal, Gaillard explicó que el proceso “se ha llevado adelante con la mayor objetividad posible” ya que todos los pedidos fueron tratados a lo largo de múltiples audiencias.
ACM con información de agencias.