La Corte Suprema tiene previsto decidir el destino del juicio por presunta corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de que se dé a conocer el veredicto estimado para finales de este año, según respondieron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal. Los cuatro jueces de la Corte deberán definir si hacen lugar a una decena de planteos de las defensas, que buscaban anular todo lo actuado en el expediente.
Los cuatro magistrados -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- tienen pendiente el tratamiento de estos recursos desde antes del inicio del juicio, que comenzó en mayo de 2019, pero la Corte decidió entonces postergar su definición sobre los planteos de nulidad y cosa juzgada. Estos quedaron en suspenso luego de las críticas que surgieron cuando se dio a conocer días antes del comienzo de las audiencias que el máximo tribunal había solicitado vista del expediente para resolver los planteos que podían frenar el inicio del debate oral y público. Una definición era central para determinar si el juicio debía o no desarrollarse. Los tiempos políticos eran muy distintos entonces. Mauricio Macri transitaba su último año y en cinco meses se definirían las fórmulas que llegarían a la elección presidencial, con Fernández de Kirchner como principal líder opositora en aquel momento.
“Los ministros del tribunal aún no se han reunido para discutir los planteos pero estos recursos deben analizarse antes de la sentencia”, aseguró una fuente del tribunal ante la consulta de este medio. Los magistrados entienden que fallar con una sentencia ya dictada sería muy perjudicial para la ya delicada imagen pública del poder Judicial. La nueva mayoría del tribunal -integrada por el presidente de la Corte, Rosatti, y sus colegas Maqueda y Rosenkrantz- viene votando de manera alineada.
Actualmente, la situación política es muy diferente. La Corte se ha convertido en el nuevo foco de conflicto del gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo que responde a la vicepresidenta, en especial desde la asunción de Rosatti como presidente del máximo tribunal y el fallo de diciembre que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006, que había impuesto un nuevo funcionamiento para el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces.
Si bien, en las últimas dos semanas la agenda oficial se corrió de la pelea con el poder Judicial, enfocada en las internas políticas dentro del oficialismo, lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar un default, en los despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia saben que la tensión con el Ejecutivo revivirá, confió una fuente del máximo tribunal.
El destino del juicio de Vialidad es uno de los focos de calor, pero también será clave dentro del esquema de fuerzas y debilidades del oficialismo, en medio del enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y Fernández de Kirchner por el rumbo de la economía.
Por lo pronto, la decisión de la Corte Suprema es esperada por todas las partes en el juicio por el caso Vialidad, un proceso que lleva casi tres años de audiencias y que la Corte podría anular de un plumazo. O, por el contrario, podría rechazar los planteos de los abogados Carlos Beraldi y otros defensores, ratificar la competencia del tribunal porteño para juzgar los hechos y la legalidad del proceso, rechazado que este expediente es cosa juzgada. La defensa de la vicepresidenta ha planteado que ya ha sido sobreseída por la supuesta corrupción en la adjudicación de obras viales a Báez en el juzgado federal de Santa Cruz.
Último tramo
Desde hace casi tres años, el juicio del caso Vialidad se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal número 2 y antes de finales de año los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso podrían tener un veredicto, confirmaron a este medio fuentes del tribunal, la acusación y las defensas.
Este juicio es central para la vicepresidenta, ya que hasta el momento, es el único que sobrevivió a los designios de Comodoro Py 2002. En el resto de las causas en su contra que habían llegado a esta instancia -Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces- fue sobreseída de manera anticipada, antes del inicio de los juicios pautados.
Estos tres casos también llegarán a la Corte Suprema eventualmente para que el máximo tribunal decida si Fernández de Kirchner fue correctamente sobreseída o si los juicios deberían haberse llevado adelante. En este último caso, los jueces del máximo tribunal podrían ordenar que los juicios se realicen.
En el caso Vialidad, Fernández de Kirchner es juzgada junto a exfuncionarios de su gobierno y el exsocio de su familia, el empresario Lázaro Báez, por supuesta defraudación a la administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Estos delitos también implican inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cuestión de fechas
El cálculo de fechas del último tramo del juicio se basa en estadío actual del proceso: en las últimas horas, venció el plazo para que las partes confirmaran o desistieran de los últimos diez testigos propuestos por la fiscalía, las querellas (la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, UIF) y los abogados de los trece acusados. Resta escuchar además los testimonios de los peritos oficiales especializados en temas contables y de ingeniería.
Luego será el turno de los alegatos, que podría comenzar antes de la feria de invierno o inmediatamente después. El fiscal Diego Luciani presentará sus conclusiones y luego será el turno de las trece defensas, lo que llevará varias audiencias. Lo que puede extender los plazos son las últimas palabras de los acusados y la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias, informaron dos fuentes del juicio. Si eso sucede y los tiempos se extienden algunas semanas más, el veredicto del Tribunal Oral Federal número 2 llegaría a comienzos de 2023, año electoral.
ED