Con diferencias, Cristina Kirchner y Sergio Massa formalizaron este miércoles el nombramientos de los legisladores nacionales que deben ocupar un asiento en la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que desde el lunes cuenta con 20 miembros.
Luego de la división del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, la vicepresidenta designó al senador kirchnerista Martín Doñate, en contraposición a Luis Juez, que había sido propuesto por Juntos por el Cambio.
En cambio, por la Cámara baja, Massa finalmente aceptó el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes, según las resoluciones parlamentarias firmadas por Cristina y el titular de Diputados, a las que tuvo acceso elDiarioAR.
La decisión del oficialismo choca de frente con las intenciones de JxC, que ya anticipó que denunciará penalmente a la vicepresidenta por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero principalmente abrió un nuevo frente interno, ya que Germán Martínez, espada del oficialismo en Diputados, dijo que impugnará la decisión del nombramiento de Reyes, aceptada por Massa.
Ambas notificaciones fueron firmadas tanto por Cristina como por Massa, aunque son llamativas las consideraciones que cada uno eligió para justificar su decisión, lo que refleja la disputa política abierta entre el Gobierno y la Corte Suprema, luego de que su titular, Horacio Rosatti, asumiera al frente del organismo que designa y remueve los jueces. “A fin de evitar nuevos avasallamientos a los poderes y facultades de este honorable cuerpo, así como una interpretación antojadiza, inconstitucional y especulativa para una conformación irregular que altere las representaciones en el Consejo de la Magistratura”, justificó la vicepresidenta el nombramiento de Doñate y de Guillermo Snopek como suplente.
Con una postura menos combativa, Massa argumentó que lo hacía para “evitar mayores afectaciones a las facultades de de este Honorable Cuerpo que alteren las representaciones en el Consejo”. La designación de la diputada radical Reyes se completa con Francisco Monti como suplente.
En la resolución de tres páginas, la primera con la firma de Cristina y Massa, ya se lee que la decisión busca “evitar un desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, y agrave aún más la situación institucional”.
Doñate, el elegido de Cristina
Senador por Río Negro, Doñate forma parte de La Cámpora y ahora también del flamante bloque Unidad Ciudadana, luego de que Cristina Kirchner decidiera dividir el bloque del FdT para arrebatarle el asiento en la Magistratura que le correspondía a JxC como segunda minoría. Doñate se sumaría a los legisladores Mariano Recalde, Vanesa Siley y María Inés Pelatti Vergara como consejeros oficialistas. Los cuatro responden a la vicepresidenta.
Reyes es diputada de la UCR de Santa Cruz, y su designación fue aceptada por Massa, que no buscó dividir el bloque oficialista en la Cámara baja, en clara diferencia a la movida de Cristina, aunque desde la fuerza que conduce Martínez le pidieron el martes que “se abstenga” de nombrarla. “Massa está fuertemente presionado por Cristina”, expresó Reyes esta mañana en una entrevista radial.
Además de Reyes, por la oposición como consejeros políticos están en la Magistratura los diputados Pablo Tonelli -del Pro- y Graciela Camaño -del Interbloque Federal-, y la senadora radical Silvia del Rosario Giacoppo.
Con el nombramiento de Doñate y Reyes, quedaría conformada la composición de 20 miembros del Consejo, que hasta el viernes pasado contaba con 13. Este miércoles a la noche, Rosatti tenía previsto tomarle juramento a los restantes consejeros designados por los estamentos de los jueces, abogados y la academia.
Entre ellos están la jueza Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno; las abogadas Jimena de la Torre, que cuenta con el apoyo de Cambiemos, y María Fernanda Vázquez, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, acompañada por el oficialismo; y la profesora Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, impulsada por el radicalismo.
La nueva composición, que es la que estuvo vigente hasta 2006, se restituyó dado que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que funcionó desde ese último año y el Congreso no avanzó con una nueva legislación. El oficialismo consiguió hace dos semana la media sanción del proyecto en el Senado, pero el tratamiento del proyecto no avanzó para su tratamiento en Diputados, y el viernes venció el plazo que la Corte le había dado al Parlamento para legislar sobre el tema.