Lucas Matías Piaggio fue baleado el viernes desde un auto o una camioneta, según distintas versiones, y cayó herido. Dos sicarios volvieron sobre sus pasos y lo remataron a plena luz del día en el barrio Belgrano. Si los crímenes de las bandas narco son visibles de manera espectacular en las calles de Rosario, los circuitos económicos que reciben fondos del narcomenudeo recién comienzan a ser investigados.
Los socios de la violencia pueden auspiciar torneos de golf o presentarse como entidades de bien público. Se trata de organizaciones criminales que generan actividades con fachada legal para introducir en la economía formal dinero proveniente de actividades ilícitas y de reconocidos operadores de la City rosarina que hacen negocios con fondos derivados del narcotráfico.
“Los grupos que operan negocios ilegales generan estructuras según sus necesidades –dice el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Especiales de Rosario-. Arman mutuales y fideicomisos, tienen cuevas y agencias de turismo. Las mutuales son utilizadas en particular para hacer descuentos de cheques que se reciben en las financieras, y además permiten tener una pata en el sistema bancario y evadir impuestos”.
El delito económico involucra a actores destacados. Gustavo Pedro Shanahan, director de la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013 y desarrollador inmobiliario, será llevado a juicio como integrante de una banda narco. Patricio Carey, vicepresidente de una financiera que tenía a un reconocido narco entre sus clientes, pertenece a una familia tradicional en los negocios de Rosario. Una organización integrada por escribanos, gestores y empresarios afrontará desde el lunes 27 de febrero un juicio oral por apoderarse de propiedades en la ciudad y en el sur de la provincia mediante fraudes inmobiliarios que habrían servido además para blanquear fondos de actividades ilegales.
“Hay casos donde se ve claramente que los profesionales son parte de la organización delictiva, como en la mega estafa inmobiliaria –señala una investigadora económica consultada para esta nota-. En otros casos están en una zona gris, donde no hacen preguntas y dejan pasar. Lo más importante es que empiecen a hacerse responsables de las operaciones en las que intervienen”.
Shanahan cayó con una red que vendía cocaína bajo la dirección del peruano Julio Rodríguez Granthon y fue procesado como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La acusación responde a un criterio reciente en la Justicia Federal: vender dólares a un grupo narco no es una actividad accesoria sino central para la organización criminal, tanto para asegurar los beneficios como para reinvertir en la provisión de droga.
Rodríguez Granthon cuenta ya con dos condenas de prisión y afronta un pedido de prisión perpetua por su presunta participación en el asesinato del pastor evangélico y exconcejal Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020. En las comunicaciones telefónicas interceptadas en la investigación dejó constancia de su beneplácito por las condiciones de Shanahan para el cambio de moneda.
Shanahan tenía sus oficinas en un edificio de España 889, en el centro de Rosario. Los investigadores judiciales volvieron al lugar del crimen en septiembre de 2022, esta vez para allanar la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral (Amel), vinculada en operaciones financieras con una red narco dirigida por Pablo Nicolás Camino, desde la cárcel de Coronda.
Amel se presentaba socialmente como una entidad “destinada a otorgar ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados”. Uno de sus integrantes fue descripto como “un arbolito particular de Los Monos”, en alusión a los servicios prestados a la banda del barrio La Granada. Camino fue el destinatario el 20 de febrero de un mensaje para el que una banda rival cometió el homicidio de Brandon Ortigoza, de 18 años y ajeno al enfrentamiento entre los narcos: “Nico Camino dejá de matar gente inocente”.
La mega estafa inmobiliaria que involucra a empresarios y escribanos llega a juicio oral en el Centro de Justicia Penal de Rosario después de seis años de investigación y de una intervención del ex fiscal Patricio Serjal que sacó de la causa a un agente bursátil y al ex gerente comercial del diario La Capital. Entre los quince acusados se encuentran Leandro “Lelo” Pérez, ex socio de uno de los condenados por traficar 1.200 kilos de cocaína a Portugal en la causa Carbón blanco, y Vanina Vaglione, esposa de Andres “Gitano” Fernández, condenado en el juicio a la banda de Los Monos. Serjal fue destituido como responsable de la protección judicial a una red de juego clandestino organizada por el empresario Leonardo Peiti, con complicidad también policial y política, según la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Otros de los acusados por la mega estafa, Maximiliano González de Gaetano, compartió sociedades con el empresario narco Luis Medina, asesinado en 2013. Se presentaba como secretario del Sindicato Único de Monteros Argentinos, un gremio fantasma que supuestamente nucleaba a trabajadores de monte, con sede en la ciudad de Necochea y 62 afiliados, y fue acusado por falsificar derechos de imagen de Lionel Messi en China, en complicidad con un escribano.
González de Gaetano fue identificado además como socio de otro presunto empresario narco, Yalil Roberto Azum, en actividades de lavado de dinero a través de una financiera y de una empresa que prestaba servicios de limpieza al iniciar sus actividades en Rosario en 2017 y tareas de construcción y reparación de servicios públicos a partir de 2019.
Según una investigación del Ministerio Público de la Acusación, la financiera y la empresa de servicios organizadas por Azum fueron las fachadas para ocultar un poli rubro de actividades ilegales: financiaron la instalación de bunkers, prestaron dinero con intereses del 30% mensual y traficaron vehículos “con inhibiciones o problemas de papeles” entre Rosario y Córdoba.
El club Echesortu, una institución tradicional de la ciudad, fue utilizado por otra parte como pantalla para el lavado de activos provenientes de actividades ilegales según una investigación de la Justicia Federal. Azum está acusado en esta causa por montar una mesa de dinero y por blanquear cheques a través de la mutual de socios y las cuentas bancarias del club.
“Descontar cheques es una actividad muy lucrativa. Pueden hacerlo los bancos y también las mutuales, que como son entidades favorecidas para promover el esfuerzo común tienen una serie de exenciones”, apunta el fiscal Narvaja, también integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip.
Sangre y dinero
El iceberg de la criminalidad económica emergió en Rosario el 10 de septiembre de 2020 con el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, que articuló dos circuitos del delito: las cuevas financieras y los puertos secos, como se llama a los depósitos clandestinos de cereales, agroquímicos y combustible. Medrano, un ex jefe de la barra brava de Newells, fue acribillado a balazos en una estación de servicio de Granadero Baigorria horas después de comprar 17.600 dólares en la financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes 832, a pasos de la Bolsa de Comercio.
Según la acusación del fiscal Narvaja, los directivos de Cofyrco habían elaborado un protocolo con instrucciones ante la eventualidad de un allanamiento. Y lo pusieron en práctica cuando se presentaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada: uno de los integrantes de la financiera escapó por una puerta trasera llevándose dispositivos electrónicos que no fueron recuperados.
“Cofyrco era un nombre de fantasía –destaca Narvaja-. La sociedad, la persona jurídica, tenía movimiento cero, nada de nada, ni una sola factura. Los negocios ilícitos que se llevaban adelante eran cambio ilegal de moneda, intermediación financiera no autorizada, contrabando de divisas –los llamaban cables– y descuentos de cheques”.
En otra derivación de la causa, mientras buscaba al narco identificado como responsable del asesinato de Medrano, la Agencia de Criminalidad Organizada descubrió un puerto seco en jurisdicción de Ricardone, en el departamento San Lorenzo. El lugar pertenecía a un comisario retirado y almacenaba cereal en negro, combustible y fertilizantes.
“Son los dos temas que jamás se han investigado en San Lorenzo. Pese a que se sabe y se tiene conocimiento jamás se ha tocado nada de eso”, reconoció la fiscal Melisa Serena en un chat rescatado de Telegram. Serena consideró esa posibilidad “una jugada peligrosa para el MPA (Ministerio Público de la Acusación) de San Lorenzo” y ahora afronta un pedido de tres años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por reservarse información sobre el juego clandestino y los puertos secos.
Otro aspecto que surge con las investigaciones son conexiones entre los actores financieros. Carlos Nicolás Ciochietto y Carlos Nicolás Bacigaluppo, operadores del grupo Carey en Rosario y empleados de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, fueron procesados como participantes en las actividades financieras ilegales del empresario santafesino Hugo Oldani, asesinado en la capital provincial el 11 de enero de 2020.
El crimen de Oldani descubrió una cueva financiera en la trastienda de una agencia de turismo y provocó la suspensión de la fiscal Cristina Ferraro por entorpecer la investigación y permitir que los familiares de la víctima se llevaran documentos y sumas millonarias en dólares y pesos. El juicio por el asesinato comenzará el 6 de marzo en Santa Fe.
“Las cuevas financieras prestan servicios a gente que por diferentes motivos busca ocultarse –dice el fiscal Narvaja-. Generan un mercado de servicios financieros ilegales que tiene como uno de sus principales productos la clandestinidad. Reciben la plata que proviene de los cereales en negro, de las extorsiones y de la venta de droga sin preguntar de dónde viene”. En esos circuitos de la economía no corre la sangre de la violencia narco, pero el dinero que se cuenta tiene el mismo origen.
OA