“Deep motosierra”: Milei acelera el ajuste y busca fusionar o eliminar 60 organismos del Estado

Javier Milei no se anda con vueltas. Como si no bastara con anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, su plan de ajuste sigue en marcha y, esta vez, tiene como principal objetivo la disolución o reestructuración de al menos 60 organismos del Estado. La orden es clara: achicar la estructura estatal sin pasar por el Congreso, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Lo que la administración libertaria denomina “deep motosierra” (en inglés, motosierra profunda) avanza sin anestesia, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado manipularla.

El nuevo DNU 70/2025, que según lo especificado por el vocero Manuel Adorni será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial, busca replicar el espíritu del megadecreto con el que Milei debutó en diciembre de 2023. En esa ocasión, el Gobierno se topó con límites institucionales y resistencia en la Justicia, pero lejos de recular, ahora redobla la apuesta. “Vamos a cerrar, fusionar o transformar 50 organismos”, lanzó el Presidente en LN+, como si se tratara de un trámite menor. Pero el número del recorte sería más grande.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas. Mientras el Gobierno habla de eliminar “cajas de la política”, en la lista aparecen instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu). No se trata solo de achicar el gasto sino de una poda que desarma áreas de cultura, ciencia y promoción económica.

El argumento oficial es conocido: eliminar estructuras burocráticas innecesarias, combatir el gasto público y dinamizar la economía. Pero el trasfondo es otro. El recorte no distingue entre organismos creados para la militancia política y entes con funciones estratégicas

El recorte se extiende a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Estos organismos son clave para la fiscalización y seguridad del transporte aéreo, pero ahora están en la mira del ajuste. La ANAC, por ejemplo, publicó recientemente en el Boletín Oficial la Resolución 86/2025, derogando el registro de personal de rampa y un cuadro tarifario para Intercargo, lo que podría impactar en el funcionamiento del sector aeroportuario.

En paralelo, el Gobierno también estudia el futuro de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, empresas estatales que han sido foco de críticas por su déficit financiero. Aunque Milei ha sido categórico en su intención de privatizarlas, la falta de interesados en adquirirlas y la resistencia sindical complican los planes.

Para definir qué organismos podrían ser eliminados o fusionados, Sturzenegger mantuvo reuniones con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, a lo largo del año pasado. Mogetta, alineado con la Casa Rosada, entregó todo el organigrama del área y propuso cuáles dependencias podrían reducirse. Una de las ideas que se barajó fue la unificación de ANAC y Orsna, pero no prosperó porque ambos cumplen funciones diferenciadas: la primera regula la aviación civil, mientras que la segunda fiscaliza los aeropuertos.

Entre los organismos que el Gobierno quiere cerrar o modificar también figurarían áreas que regulan el comercio y las relaciones internacionales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que establece precios de referencia para los productores yerbateros, fue señalado en un principio como un posible blanco del ajuste, aunque fuente oficiales aclararon a elDiarioAR que no estaría incluído en el DNU que se conocerá en los próximos días. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ya advirtió que la eliminación de ciertas regulaciones podría afectar la competitividad de ese sector.

Otro sector bajo la lupa es el de la producción agrícola y biotecnológica. Aunque el INTA logró quedar fuera de la intervención, otros organismos de regulación agropecuaria podrían verse afectados. Si bien el Gobierno asegura que el objetivo es reducir burocracia, la falta de controles podría derivar en problemas comerciales, como barreras sanitarias impuestas por socios internacionales. Ayer la Mesa de Enlace del campo le reclamó a Luis Caputo que la motosierra no toque el INTA.

Excepciones

La ofensiva de Milei replica el espíritu de la “Ley Hojarasca”, una iniciativa que nunca llegó al recinto pero que tenía el mismo objetivo: borrar del mapa regulaciones y estructuras estatales que considera innecesarias. Entre las normas a derogar figuran leyes de la dictadura y de gobiernos democráticos, sin demasiado criterio de selección más allá de la meta de achicar el Estado.

Sin embargo, no todo el Estado será alcanzado por la motosierra. El Gobierno no podrá tocar universidades, organismos del Poder Legislativo ni del Judicial. Además, el Congreso blindó instituciones estratégicas como el Conicet, Anmat, Anlis, INPI, Incaa, Enacom, ARN, Conae, CNEA, Coneau, CNV, Incucai, UIF e INTA. La oposición logró salvar estas estructuras en la Ley Bases, pero Milei dejó en claro que su intención es ir por más. “Si tuviera las manos libres, los eliminaría también”, sugieren fuentes oficiales.

El artículo 52 de la normativa aprobada en junio de 2024 establece además que los empleados públicos de los organismos disueltos permanecerán en disponibilidad por un año con goce de sueldo, a la espera de ser reubicados o capacitados para nuevas tareas. La pregunta es si hay intención real de absorber a estos trabajadores o si el objetivo es dejarlos fuera del sistema una vez que se agote ese plazo. En la práctica, esto significaría miles de despidos encubiertos.

En los últimos días, Milei dejó en claro que no tiene previsto frenar la motosierra. En la misma entrevista televisiva en la que confirmó el nuevo DNU, explicó su método de desregulación con una referencia a Elon Musk, a quien planea visitar en pocas semanas. “Vamos a pedirle a cada dependencia que haga un digesto de lo que usa, y todo lo demás lo eliminamos”, dijo, comparando el Estado argentino con la reestructuración de Twitter/X tras la compra del magnate sudafricano, que acaba de ser nombrado por Donald Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El problema es que la Argentina no es una empresa ni una red social, y cada organismo cumple una función específica dentro del entramado estatal. Sin un plan claro para reemplazar las funciones de los entes disueltos, el país podría enfrentar un vacío regulatorio que impacte en áreas sensibles como transporte, comercio exterior, seguridad alimentaria y cultura.

Si el primer DNU de Milei provocó una oleada de amparos judiciales y conflictos políticos, este nuevo decreto promete generar una reacción aún mayor. Sin embargo, en el horizonte, el Gobierno ya perfila otro paquete de reformas para marzo, con más poda regulatoria y ajuste en el empleo público. Lo que Milei llama “limpiar el Estado” es, para sus críticos, un proceso de desmantelamiento sin criterio. La pregunta es hasta dónde llegará la motosierra y quiénes quedarán en pie cuando el polvo se disipe.

PL/JJD