Tras la postergación del pasado jueves, este martes la Cámara de Diputados debatirá la firma del dictamen sobre el Presupuesto 2025, que aún sigue trabado por el desacuerdo entre el oficialismo y los gobernadores sobre las demandas que piden las provincias.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, citó hoy a las 15 para la firma del dictamen, con la estrategia de buscar la aprobación del proyecto de gastos y recursos para el 2025 en una sesión que se impulsará para el próximo jueves.
En ese contexto, el debate en el Senado tendría que hacerse en sesiones extraordinarias, porque la Cámara alta siempre demora al menos 15 días para ese trámite y el período ordinario finaliza el próximo 30 de noviembre.
La postergación de la firma del dictamen permitió que avancen las negociaciones entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal e Innovación, cuyos diputados son los que están dispuestos a acompañar al Gobierno para que se apruebe el Presupuesto.
Los mandatarios dialoguistas están pidiendo aumentar los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal y obras públicas, además de una reforma del artículo primero para establecer qué sucederá si existen excedentes en la recaudación.
En este punto, fuentes parlamentarias señalaron que está avanzando una reformulación del artículo 1 del Presupuesto para que los excedentes de la recaudación se utilicen para bajar impuestos y deuda y “no para gastos discrecionales”.
Sin embargo, reconocieron que aún no hay acuerdo para incorporar a la masa coparticipable un porcentaje de la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país.
Se trata del 2,55 por ciento del Impuestos a los Combustibles destinado a la compensación para el transporte, que el oficialismo señala que se utilizará para otro destino dentro de la misma área.
Un amplio menú de pedidos
Los reclamos de los mandatarios son variados, pero principalmente tienen que ver con cuestiones de caja. Intentan descomprimir el corset a las cuentas públicas que Javier Milei propone con la regla fiscal del artículo 1 del presupuesto: si hay superávit, habrá dinero para repartir; sino, el ajuste llegará a todos.
Los puntos que exigen los gobernadores tienen que ver con la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), la deuda de las cajas provinciales de jubilaciones y el avance de obras públicas.
Un ítem que se incorporó a la discusión recientemente fue que algunas de las 400 propiedades que el Estado nacional quiere vender se traspasen a las provincias a modo de “parte de pago”, señaló una fuente parlamentaria a elDiarioAR que sigue las negociaciones de una provincia del Litoral.
Otro de los puntos que la oposición ya anticipó que no está dispuesta a acompañar es la ratificación del decreto sobre actualización de las jubilaciones, pero sí en cambio que se establezca la movilidad de los haberes de la clase pasiva. Desde los bloques opositores quieren mantener la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. Por su lado, el oficialismo quiere mantener las atribuciones que se otorga al Gobierno para renegociar con mayor flexibilidad el canje de deuda, aunque es probable que no tenga los votos para aprobar este ítem.
DM con información de agencia NA