En un momento del debate, a media tarde del jueves, el senador Martín Doñate sintetizó en una frase la matriz política del proyecto que busca aumentar de 5 a 15 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. “El Poder Ejecutivo debió haber presentado propuestas en el inicio de la gestión”, dijo y, con cierta sutileza, puso sobre la mesa el que aparece como el pecado original que Cristina Kirchner le endosa a Alberto Fernández: no haber usado el envión inicial de su gobierno, eso que alguna vez fueron 100 días, para encarar una depuración de la Justicia.
Si hay un reproche inicial, el germen del desencanto de la vice con el presidente, radica en la creencia de la expresidenta de que Fernández desaprovechó la oportunidad y el momento para producir reformas en el sistema judicial. Cristina sostenía, y sostiene, un dictamen bravo según el cual sin cambios en la Justicia, no hay gobierno posible. Ha citado, por caso, el decreto que declaró “servicio público” la telefonía móvil e internet, que rápidamente objetó un juez y quedó stand by.
“La responsabilidad de nuestro gobierno acerca de la crisis institucional que vivimos, es no haber dado antes este debate”, apuntó Doñate, legislador referenciado en La Cámpora, el elegido de la vice para que se siente en el Consejo de la Magistratura. Sugiere lo que se ve: que la iniciativa, que salió con ajustadísimos 36 votos del Senado, no prosperará en la Cámara Baja.
Trabajoso -el número fue 36 a 33- y atado de acuerdos volátiles, el proyecto que unificó en 15 las butacas cortesanas -ante propuestas que sugerían 9, 15, 16 y 25- parece condenado a tener el mismo destino que tres reformas gruesas que el Frente de Todos (FdT), impulsó y aprobó en el Senado: dormir, hasta extinguirse, en Diputados donde el oficialismo no tuvo, ni tiene, número suficiente para aprobar la iniciativa.
Pasó antes. Ocurrió la reforma judicial que envió Fernández, diseñada por un club de notables, y que la vice aclaró que no era suya, con un proyecto sobre el Ministerio Público Fiscal y otro sobre el Consejo de la Magistratura. Todos pasaron por el Senado; ninguno avanzó en Diputados. Una excepción, que se invoca en Casa Rosada, es que en el Senado nunca avanzó la designación de Daniel Rafecas como Procurador.
“Dar la discusión, que se hable de quienes son, qué hacen, cómo juega política y electoralmente la Corte”, es la explicación lineal que se repite en el Senado para explicar porqué, a pesar de que la lógica y las matemáticas indican que el proyecto no avanzará, de todos modos se empujó la iniciativa. En parte, según la mirada crstinista, para que ocurra lo que ocurrió: que la oposición, centralizada por JxC, explique no solo su rechazo a una reforma de la Corte sino que defienda un tribunal que está cruzado por acusaciones y sospechas.
Aparece, ahí, un fenómeno adicional: hubo, en otro tiempo, proyectos para ampliar la Corte -planteos que hicieron, por caso, Julio Cobos y hasta Gabriela Michetti- pero en este caso, la postura de JxC fue no participar del debate. Cuando en comisión se debatieron los proyectos de ampliación, la oposición no participó. No hubo dictamen de minoría, un recurso habitual para exponer una posición propia y autónoma.
Efectos
Aparece como una motivación casi testimonial porque, según aceptan en el Congreso, los sondeos cruzados entre el Senado y Diputados instalan la idea de que no hay ni habrá número para que ese proyecto se apruebe en la Cámara baja. Incluso, aunque en el origen de la pelea no está ese texto, la reforma de la Corte llevó al recinto el duelo que en San Luis mantienen los hermanos Rodríguez Saá, Alberto y Adolfo, tensión que puede tener como efecto colateral un problema mayor en Diputados.
“Los dos diputados del FdT de San Luis son de Alberto. Si lo del Senado se expresa en Diputados, perdemos dos votos más”, reconocen en la Cámara baja. Eso implicaría otra decisión: mantener el formato actual, de llevar al recinto leyes que se pierden, o dejarlo en suspenso. Hasta acá, durante los dos años que Máximo Kirchner fue jefe del bloque y los dos años y medio que Sergio Massa presidió la Cámara, el FdT no sometió a votación ninguno de los proyectos que implicaban reformas judiciales que aparecían en la agenda urgente de Cristina.
La interna de los Rodríguez Saá marcó el derrotero de la ley. Hace un mes, Adolfo planteó objeciones e impidió llegar al número. Ahora la senadora de Alberto, Maria Eugenia Catalfamo, votó en contra. En realidad, el gobernador de San Luis fue uno de los promotores de la ampliación y quería que el número sea de 25 miembros, mientras su hermano, Adolfo, presentó un proyecto para que se eleve a 9. En medio, el gobernador inició un despegue cada vez más visible del FdT, pensando en la elección del 2023 en su provincia, y el bloque oficial perdió un voto.
Existió, sin embargo, un movimiento peculiar: Catalfamo había deslizado que se abstendría, porque estaba a favor de la ampliación pero quería que sea a 25 -para que haya un cortesano por provincia- pero finalmente votó en contra, decisión que de algún modo facilitó la aprobación por parte del oficialismo. En la Cámara alta, a diferencia de en Diputados, la abstención cuenta como “ausencia”, así que si Catalfamo se abstenía, JxC podía levantar a sus senadores y el inter bloque oficial se quedaría sin quórum porque había sentado a 36 senadores. Al final, Catalfamo votó en contra pero permitió que salga la ley.
En JxC se juegan otras internas. Luis Juez faltó a la sesión y su ausencia se convirtió en reproches internos que están en carrera por las candidaturas en la provincia de Córdoba el año próximo. Hubo otras ausencias: Maurice Closs, senador por Misiones, que se recupera de una operación, y Cristina Kirchner, la presidenta del Senado, que no estuvo en el Senado aunque hasta último momento se especuló que si era necesario para garantizar el número asistiría a la sesión. Sin la vice, presidió Claudia Abdala.
PI