La detención del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, imputado por contrabando y detenido con prisión domiciliaria en Paraguay, puso en debate la idoneidad que le cabe a un parlamentario para continuar ejerciendo esa función, el mismo interrogante que surgió con el caso del ex senador tucumano José Alperovich, denunciado en 2019 y condenado este año a prisión por abuso sexual. El exgobernador gozó de una sucesión de licencias hasta que se le venció el mandato en 2021. Es decir, tuvo fueros durante dos años.
La bomba Kueider estalló dentro del interbloque al que pertenece, Las Provincias Unidas (LPU), pero la onda expansiva dio de lleno en los seis parlamentarios que integran La Libertad Avanza (LLA) y en la Casa Rosada debido a que el entrerriano es un aliado, pese que llegó a su banca de la mano del peronismo, en 2019. El hongo de la detonación se hizo más visible con el pedido de los senadores de Unión por la Patria (UP) para expulsar a Kueider del cuerpo, en una sesión que sería la semana próxima. Ante la magnitud del escándalo, LLA estaría empujando una movida al estilo bomba de racimo, es decir, que se destituyan a todos los parlamentarios que tengan alguna causa judicial. Una deflagración que alcanzaría a varios senadores con causas abiertas para disimular la de un propio, arrinconado por pruebas.
¿Son similares las situaciones de Kueider y Alperovich? En principio, lo parecería pero no. Es la primera vez en la historia parlamentaria del Senado argentino que uno de sus miembros está detenido en el exterior, inhibido de solicitar licencia y con llamativo silencio de pedido de traslado al país. Fue sorprendido al intentar pasar por la frontera con más de U$S200.000 no declarados, un delito. Para los senadores peronistas que empujan su destitución, su inhabilidad moral, cuanto menos, estaría probada en que Kueider fue encontrado “in fraganti” con los dólares en su mochila, la misma en la que portaba su documentación de identidad y de pertenencia al Senado.
La situación de Alperovich estalló en noviembre de 2019 cuando su sobrina, que trabajaba junto a él en la Cámara Alta, lo denunció por abuso sexual. De inmediato pidió licencia y se la concedieron por seis meses, por unanimidad, mientras arrancaba la investigación judicial que lo puso en el ojo de la tormenta. En mayo de 2020, el bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) emitió un comunicado, en el que anunció que el exgobernador tucumano no se reintegraría para “seguir abocado a su defensa”. Un mes más tarde, se le concedió una prórroga por 90 días, por lo que Alperovich requirió, una vez más, que se la extendieran hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Fue aceptado por sus pares. Y así llegó hasta diciembre de 2021, cuando terminó su gestión y dejó de ser parte del Congreso de la Nación. Recién entonces perdió sus fueros.
Hubo pocas voces del propio peronismo que pidieron su renuncia, como las de los diputados Leonardo Grosso, de Buenos Aires, y del tucumano Carlos Cisneros, un hombre de La Bancaria, con quien Alperovich estuvo enfrentado por diferencias internas. En ambos casos, las solicitudes fueron a través de posteos en redes sociales. La mayor parte de los miembros del Congreso de extracción peronista, incluso hasta la entonces senadora nacional radical y tucumana Silvia Elías de Pérez, coincidieron en que la inhabilidad moral del exgobernador para una hipotética expulsión de la Cámara Alta, estaba supeditada al resultado de la investigación judicial. La condena a Alperovich a 16 años de prisión por el abuso de su sobrina se produjo en junio de este año, cuando el ex senador nacional ya no estaba amparado por los fueros.
Tampoco es similar el contexto político que tiene su caja de resonancia en el Senado. En 2019, la mayoría de los senadores era peronista, por lo que el entonces electo expresidente Alberto Fernández asumió con una Cámara Alta afín. Sobre un total de 72 miembros, el oficialismo contaba con 41 voluntades a su favor, aunque en los hechos era 40 porque Alperovich ya estaba de licencia por la denuncia de abuso sexual. Igual, con ese número alcanzaba la mayoría necesaria para evitar sobresaltos.
El escenario 2024 ya no es el mismo y se puso en evidencia en junio con la votación en la Cámara Alta de la Ley Bases. La votación empató en 36 y desempató la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, a favor del proyecto de la Casa Rosada. Pese al reducido número de libertarios puros, el oficialismo contó con los apoyos claves de parlamentarios que responden a gobernadores, incluso peronistas y radicales, que practican nado sincronizado con las propuestas que empuja el presidente Javier Milei.
El escándalo Kueider puso en evidencia que en La Libertad Avanza no están dispuestos a romper con ese equilibrio y prefieren el limbo judicial en el que se encuentra el entrerriano, aunque eso suponga que nadie ocupe su banca, porque su alejamiento por expulsión provocaría que sea reemplazado por Stefanía Cora, dirigente de La Cámpora, que mantiene buen diálogo con todos los sectores del peronismo y es crítica de la gestión de Milei, se señaló. La entrerriana llevaría a la cifra de 34 a la banca peronista, muy cerca del quórum propio que se alcanza con 37. Fue la vicepresidenta Villarruel quien blanqueó la posición libertaria cuando en un posteo en la red social X sostuvo: “somos respetuosos de las leyes y del orden institucional, la justicia dirimirá responsabilidades y tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido”. De ser así y si la investigación avanza a paso de tortuga, la banca de Kueider quedaría vacía hasta diciembre de 2025.
DC/DTC