La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó esta tarde su preocupación por el avance del proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, la iniciativa fundamental del gobierno de Javier Milei, en el Congreso; en particular, porque considera que los artículos 3º y 6º de la propuesta le otorgan facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional para la disolución, modificación e intervención de organismos centralizados y descentralizados del Estado, creados o no por ley, lo que alcanza al Banco Nacional de Datos Genéticos y a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
Lo hizo como expositora invitada del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado, que debate esta propuesta y el paquete fiscal, de reformas impositivas.
“[El Banco Nacional de Datos Genéticos y la Conadi] son herramientas construidas por el Estado democrático para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada. Piensen en las innumerables dependencias y organismos que se han construido para resolver problemas o promover derechos que quedarán a merced de la decisión inconsulta del Poder Ejecutivo”, subrayó el discurso de Estela de Carlotto, que empezó leyéndolo ella misma pero después debió cederle la exposición a un nieto recuperado que la acompañaba, Guillermo Pérez Roisinblit, porque venía trabándose en la lectura y la suspendió señalando, con humor: “Estoy emocionada y vieja”. Después, en el período de preguntas, reveló que sufre de cataratas y que se tiene que operar.
La referente de los derechos humanos resaltó, con la voz de Pérez Roisinblit, que el Banco Nacional de Datos Genéticos “es un organismo reconocido a nivel mundial, cuya ley ha sido modelo para la creación de otros bancos similares en el mundo”, y que la Conadi “fue creada en 1992 y sus facultades fueron ratificadas en 2001 por la ley, durante el gobierno del doctor Fernando de la Rúa”, por lo cual ambos instrumentos “forman parte de las medidas adoptadas por el Estado argentino para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos, parte integral de nuestra Constitución Nacional”.
Por lo tanto, remarcó la incorporación a la Constitución del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino. Se trata de herramientas probadamente eficaces e irreemplazables para lograr el cese de la comisión de delitos que aún hoy se siguen cometiendo, las desapariciones forzadas de personas, que continúan ejecutándose mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos”, sostuvo.
Señaló que “el banco y la Conadi son auténticos logros de nuestra democracia” y que por eso es necesario “defenderlos”. “Son organismos que nacieron de una demanda social y hoy son garantía del derecho a la identidad para muchas otras personas. La República Argentina ha restituido la identidad de 137 nietas y nietos, aquellos bebés robados por la dictadura. Los logros y el camino recorrido son enormes, pero aún falta, seguimos buscando a otros 300”, resaltó.
Estela de Carlotto —quien estuvo acompañada por el reconocido genetista Víctor Penchaszadeh, integrante del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad” clave para identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar y que la sucedió en el orden de expositores del Senado— consideró “imprescindible enfatizar que los artículos 3º y 6º de la ley de Bases ponen en riesgo infinidad de entes y organismos centralizados y descentralizados que también resultan fundamentales para el funcionamiento y cumplimiento de los compromisos estatales y que hacen al desarrollo cultural y científico de nuestra sociedad”.
En tal sentido, la dirigente les solicitó “ayuda, compromiso y comprensión” a los senadores para “evitar el retroceso en materia de derechos adquiridos fundamentales que garantizan el bienestar de toda la sociedad”, y recordó que en el Congreso “se consolidó el proceso de memoria, verdad y justicia, que tan alto nos ha colocado en el mundo, convirtiéndonos en los mayores referentes internacionales en materia de derechos humanos”, aludiendo a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, junto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también las declaró inconstitucionales.
“Senadores y senadoras, les pedimos memoria para honrar los compromisos que asumieron como funcionarios y funcionarias, electas por el pueblo, para defender nuestros derechos y levantar la voz de quienes son sistemáticamente silenciados. A 40 años de democracia, les pedimos que defiendan los instrumentos que nos hemos dado en estas cuatro décadas de diálogo, trabajo y construcción de consensos. Les pedimos que estén a la altura de sus roles e intervengan en defensa de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Nosotras llevamos 47 años luchando. Lo seguiremos haciendo por nuestros hijos e hijas, por los 30.000 y, sobre todo, por el futuro de nuestra patria”, finalizó.
JJD